El 28 de octubre de 2024, el Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en Avenida Buenos Aires y 1, en Villa Gesell, se derrumbó y dejó un saldo de nueve víctimas fatales. A un año del hecho, la causa continúa abierta en la Fiscalía N°6 de esa ciudad, sin detenidos ni responsables formalmente procesados.

El complejo, que ofrecía servicios turísticos de alta gama —con pileta, cocheras privadas, parque, desayuno buffet y departamentos para hasta cinco personas— colapsó en horas de la tarde, cuando varios huéspedes se encontraban en el interior. Entre los fallecidos se contaron trabajadores y residentes permanentes del edificio.

Las víctimas y la última sobreviviente

Fabián Ciocchini, de 84 años, descansaba junto a su esposa, María Josefa Bonazza, cuando se produjo el derrumbe. Ella sobrevivió y relató cómo logró mantenerse con vida entre los escombros. “Yo trataba de tranquilizarme y notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera”, recordó en declaraciones al diario La Capital.

Bonazza falleció el 28 de noviembre de 2024, tras recibir el alta médica en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati de Balcarce. “Me queda el consuelo que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices”, dijo antes de morir.

Entre las víctimas fatales también se encontraron María Rosa Stefanic, exdueña del edificio; su sobrino Nahuel Stefanic; el carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de Merlo; el plomero marplatense Ezequiel Matu; el albañil Ezequiel Chapsman, de Batán; Mariano Troiano, de 47 años; y Dana Desimone, oriunda de Juan Napomuceno Hernández y empleada del lugar.

Las refacciones ilegales y la desobediencia a la orden municipal

Según informó la abogada Graciela Bravo, representante de las familias de María Rosa y Nahuel Stefanic, la causa penal apunta a las presuntas responsabilidades de los propietarios, contratistas y profesionales que intervinieron en las obras estructurales sin autorización municipal.

“De las pericias y pruebas incorporadas a la causa surge con claridad que las obras en ejecución al momento del colapso carecían de permiso de obra vigente, habiendo sido incluso objeto de una orden de paralización municipal que fue desobedecida”, señaló Bravo a la agencia Noticias Argentinas.

Los informes técnicos agregados al expediente determinaron que las intervenciones incluyeron la instalación de ascensores y refuerzos de tabiques de hormigón armado que modificaron el peso y el equilibrio de la estructura original.

Las conclusiones del INTI y el avance judicial

Un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) analizó los restos del edificio y concluyó que “no se hallaron indicadores de deterioro anormal ni fallas de diseño en la estructura portante original”. Los técnicos remarcaron que el derrumbe se produjo por “modificaciones y ampliaciones posteriores” que alteraron las condiciones de carga.

El fiscal de la causa y el Juzgado de Garantías aún esperan los resultados finales de los peritajes estructurales y continúan con la toma de testimonios. En paralelo, se tramita una demanda civil por daños y perjuicios en la que las familias reclaman la reparación integral por las consecuencias materiales y morales del siniestro.

Por el momento, seis personas están imputadas por el delito de “estrago doloso agravado”, aunque ninguna permanece detenida.