Tras la masacre ocurrida en Río de Janeiro durante un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, el Gobierno argentino dispuso el estado de “alerta máxima” en todas las fronteras. La decisión fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que se reforzarán los controles migratorios para “evitar el ingreso de personas vinculadas al conflicto”.

Bullrich y una política de seguridad regionalizada

Desde Casa Rosada, Bullrich declaró que se “mirará con cuatro ojos” a quienes crucen desde Brasil hacia Argentina. Según explicó, la medida busca detectar posibles desplazamientos de integrantes del Comando Vermelho —una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil—, aunque la ministra aclaró que “no se debe confundir a turistas con delincuentes”.

La disposición forma parte de una serie de acciones coordinadas con fuerzas federales y Migraciones. Sin embargo, la decisión despertó críticas en sectores políticos y de derechos humanos, que advierten sobre la posible estigmatización de ciudadanos brasileños y la falta de información oficial sobre los criterios del control.

La masacre en Río: 132 muertos y denuncias de ejecuciones

La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó que la cifra de víctimas ascendió a 132 personas, después de que vecinos de las favelas afectadas comenzaran a recuperar cuerpos de las calles y plazas. El operativo, que supuestamente tenía como objetivo detener a 51 integrantes del Comando Vermelho, terminó en una matanza sin precedentes, con denuncias de ejecuciones sumarias y uso desmedido de la fuerza policial.

El poder del Comando Vermelho

Fundado en 1979 dentro de una cárcel de Río de Janeiro, el Comando Vermelho se consolidó como la facción narco más antigua del país. En las últimas décadas expandió su control sobre zonas suburbanas y rutas internacionales del narcotráfico, incluidas las que conectan con Colombia y Perú, por donde circula la cocaína que abastece al mercado brasileño y europeo.

Su estructura —según la inteligencia brasileña— funciona como un “Estado paralelo” en amplios sectores del Gran Río, con control territorial, logística propia, una aplicación de transporte interna (Rotax Mobili) y vínculos con bandas locales de distintos estados.

Riesgos de una política reactiva

La decisión del Gobierno argentino de activar una “alerta máxima” vuelve a poner en debate la estrategia de seguridad de Bullrich, centrada en la militarización y el control fronterizo, sin una política coordinada con los países vecinos ni con los organismos de derechos humanos.

Mientras Brasil intenta procesar el impacto de la masacre —la más letal en su historia reciente—, la respuesta argentina aparece más como un gesto político de endurecimiento que como una acción preventiva con base en inteligencia real.