Buenos Aires
D’Onofrio: «Los trabajadores reconocieron que había personas que no eran choferes”
El ministro confirmó que «Se armó una mesa de trabajo en la que se van a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta» a la problemática de la inseguridad en el servicio de autotransporte público de pasajeros.
El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, afirmó hoy que durante una reunión realizada ayer en el Centro de Monitoreo de Puente 12, “los trabajadores reconocieron que había personas que no eran choferes” en la protesta que se realizó por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, llevada a cabo el pasado lunes en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi, en la que fue agredido el titular de la cartera de Seguridad provincial, Sergio Berni.
Además, destacó que «lo más importante» del encuentro fue que «se armó una mesa de trabajo en la que se van a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta» a la problemática de la inseguridad en el servicio de autotransporte público de pasajeros, que será puesta en marcha el próximo lunes, de acuerdo con lo anunciado anoche por el gobernador Axel Kicillof.
“Los trabajadores reconocieron algunas cuestiones y también que había algunas personas que no eran choferes. Eso hizo que se picara mucho más el momento”, señaló el titular de Transporte en declaraciones radiales .De esta forma, se refirió el funcionario a las agresiones que recibió Berni durante la protesta en repudio por la muerte de Barrientos, en la cual el funcionario recibió golpes de puño, piedrazos y resultó herido.
D’Onofrio, quien estuvo junto a Berni durante la agresión, sostuvo que ayer “se completó la reunión que quedó trunca el lunes pasado».»Ese día íbamos a ponernos a disposición y brindarles la solidaridad a los trabajadores colectiveros que habían perdido un compañero. También queríamos ver de qué manera se podía seguir reforzando la seguridad. Ayer se pudo concretar la reunión y fue en buenos términos”, remarcó el ministro sobre el encuentro que mantuvo junto a Berni a colectiveros y delegados gremiales de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) el Centro de Monitoreo de Puente 12.
Al respecto, el dirigente del Frente Renovador (FR) destacó que “lo más importante de la reunión es que se armó una mesa de trabajo en la que se va a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta».
“Desde ayer mismo se quedaron trabajando (los gremialistas y funcionarios policiales bonaerenses) para establecer puntos fijos y puntos móviles en algunos barrios, donde los colectiveros señalaron que hay más peligrosidad para circular”, continuó D’Onofrio.Asimismo, adelantó que “esta mesa, el lunes definirá cuáles son los puntos más álgidos para que la Policía pueda reforzar la seguridad allí».
«Esta mesa quedará funcionando cada 15 días para ir ajustando el devenir de ese accionar que tendremos que llevar a cabo”, precisó el funcionario del Ejecutivo que encabeza el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Con respecto a la instalación de cámaras de seguridad en el interior de los colectivos, D’Onofrio recordó: “El pasado lunes nos reunimos en la Casa de Gobierno con el gobernador para hablar de este tema y el objetivo es encontrar una solución lo más rápido posible”.
En una cronología sobre la decisión de poner cámaras en las unidades de transporte de pasajero urbano, detalló que “en 2016, se votó en la provincia la ley 14.897, que establece la instalación de cámaras y botones anti pánico en las unidades” de transporte público de pasajeros.“Es una ley que había impulsado Sergio Berni cuando era senador bonaerense y luego se sumó otra iniciativa de un legislador del entonces oficialismo (Cambiemos).
En ese momento, la norma salió por una unanimidad”, agregó.D’Onofrio citó que “recién en el 2018 y luego de la muerte del chofer de colectivo, Leandro Alcaraz, en un hecho de inseguridad ocurrido en La Matanza, la entonces gobernadora (María Eugenia) Vidal reglamentó esa ley que decía que las empresas de transporte debían hacerse cargo del costo del equipamiento e instalación de las cámaras en las unidades”.
“Esta ley le daba 180 a las empresas para instalarlas, pero esto no se cumplió durante el resto de la gestión de Vidal”, cuestionó el ministro.Y señaló que “luego de la pandemia, Kicillof retomó este tema y las empresas le dijeron que no pueden costear la instalación de cámaras”.Por eso, a través de un decreto, el gobernador «dispuso que el Estado bonaerense ponga el dinero para esas cámaras, por lo que con la liquidación mensual del subsidio también se pagará esta cuota”.
“Ya se alcanzó la cifra de 2.700 millones de pesos. No se pagó la total porque estamos en un proceso, pero la realidad indica que tendríamos que tener arriba del 50 por ciento de las unidades con cámaras, pero estamos recién llegando a un 25 por ciento del parque de colectivos.
De este tema vamos a hablar con los empresarios –el próximo lunes junto a Kicillof- porque el dinero se envió y van a tener que rendir cuentas”, observó D’onofrio.
Para el ministro, “la preocupación del gobernador ahora no es quien tiene la culpa sino de cómo resolver la problemática y que estén instaladas la totalidad de las cámaras y puedan transmitir porque en su momento no lo podían hacer porque tenían un chip 3G”.Al respecto, señaló que durante la reunión de ayer “Berni le mostró a los colectiveros cómo funcionan en tiempo real las cámaras que ya están instaladas con un chip 4G”.
“La idea es lo más rápido posible establecer un cronograma de trabajo porque el objetivo no es ponerle la soga al cuello a las empresas, sino encontrar una solución rápidamente”, apuntó.Sobre el dinero girado a las empresas de transporte que no han instalado las cámaras, consideró que “sin perder de vista los fondos que se le dieron a las empresas para ese fin, para resolver la cuestión se podría dar un préstamo del Banco Provincia. Esta es una las tantas ideas que estamos analizando”, explicó.
Al referirse a las empresas que han cobrado ese subsidio específico y no invirtieron el dinero al respecto, D’Onofrio calificó esta acción como “malversación” de fondos.Al finalizar, aclaró: “Las empresas saben que están en falta, pero lo que estamos buscando ahora es que las cámaras queden instaladas en todos los colectivos”.
Buenos Aires
Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.
Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.
La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares
Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.
El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.
El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.
Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado
Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».
En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.
El 2% que no entró: un precedente peligroso
Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».
El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.
La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación
El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.
El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.
Puntos clave
- Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
- Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
- El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
- El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
- La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.
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