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Tombolini afirmó que la mayoría de las panaderías no reciben las bolsas subsidiadas

«Tenemos líneas de trabajo que estamos llevando adelante en la Secretaría vinculado a algo tan importante en la mesa de los argentinos como el pan», dijo Tombolini esta mañana en declaraciones radiales.

Publicado hace

4 años

31.08.2022

Maria P. Amoure

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo este miércoles que trabaja en un mecanismo para que el subsidio a la bolsa de harina lo reciban de manera directa las panaderías, tras afirmar que, con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) dirigido a los molinos, «la mayor parte de las panaderías no está recibiendo la bolsa subsidiada».

Señaló que «el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino es una herramienta que nació por la guerra», y remarcó que «es una herramienta de carácter transitorio» creada para que «cuando sube mucho el trigo a nivel internacional, que la volatilidad no se traslade a la mesa de los argentinos».

En ese sentido, explicó que «la mayor parte de las panaderías no está recibiendo la bolsa subsidiada», y señaló que están analizando «cómo hacemos para que esta plata que tiene el Estado llegue a la demanda, a cada panadero».

Panaderos acordaron un precio «razonable» del pan

«Estamos tratando de llevar adelante una línea de trabajo, que cada panadería se inscriba, son 19 mil en todo el país, orientar este fideicomiso sólo a las panaderías que venden al público, que escanee la factura y el Estado una vez por mes le reintegra la diferencia entre el precio de la bolsa y lo que determina como precio la Secretaría de Comercio», detalló.

Dijo que la bolsa de harina «hoy vale 2.400 sin subsidio en el mercado» y que a partir del mecanismo se subsidiará la diferencia: «Vamos a darle a todos los panaderos que se anoten una lista de todos los molinos que formen parte de los proveedores del fideicomiso con un precio testigo que va a ser un precio de mercado razonable».

Por su parte, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, dijo a Radio 10 que, «si la harina, no pegó un ‘zarpazo’ es porque hay un fondo estabilizador del trigo que la contiene».

«Si liberás eso, la harina va a valer entre 3.000 y 3.500 pesos y, si pasa eso, vas a tener un precio del pan de 450 pesos para arriba», aseguró.

Tombolini se reunió ayer con referentes de la Federación de Panaderos (Faipa) para analizar esta línea de trabajo que apunta a un mecanismo alternativo destinado de manera directa a las panaderías, con el objetivo de mantener estable el precio del pan.

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Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

Publicado hace

13 horas

14.05.2026

ElArgentino.ar

¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.