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Multas millonarias a empresas que incumplan Precios Justos

La norma publicada en el Boletín Oficial precisa que, en caso de reincidencia, «se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas», incremento que podrá llegar al 100% «en el caso de segunda reincidencia».

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Las empresas participantes del programa Precios Justos podrán recibir multas de hasta un millón de pesos si incurren en un incumplimiento.

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta un millón de pesos a los incumplimientos en que pudieran incurrir las empresas participantes del programa Precios Justos, con la opción de duplicar ese monto en caso de reincidencias reiteradas.

La medida se formalizó a través de la Resolución 118/2022 publicada en el Boletín Oficial, e incluye un anexo con el detalle de los incumplimientos y sus respectivas multas.

La norma es complementaria de la Resolución 75 del 11 de noviembre, por la que se aprobó el modelo de Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comercio y «los municipios de las diversas provincias de la República Argentina que contribuyan en las actividades de fiscalización, control y juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios que hayan sido suscriptos» con las empresas participantes de Precios Justos.

Como esa resolución no especificaba los montos de las multas a aplicar ante eventuales incumplimientos, Comercio consideró «pertinente» por «cuestiones operativas» el establecimiento de criterios para su fijación.

En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos por el Convenio, las multas se ubicarán entre $500.000 a $ 1 millón, el mismo rango si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encontraren ofertados sus respectivos sustitutos.

Se aplicará una sanción de $200.000 hasta $400.000, si existiera una falta de correcta identificación mediante la señalética del programa en cada sucursal de las empresas participantes de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes.

Asimismo, la resolución establece multas de $150.000 a $300.000 si se utilizara esa señalética «en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se encuentren incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes».

Por último, se fijan multas de $250.000 a medio millón de pesos al «establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio».

La norma precisa que, en caso de reincidencia, «se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas», incremento que podrá llegar al 100% «en el caso de segunda reincidencia».

Presidencia

Hidrovía en la mira: denuncian irregularidades y piden frenar la licitación del Gobierno

Crece la controversia en torno al proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal tras nuevas observaciones judiciales y administrativas. Desde la oposición advierten sobre fallas en la transparencia, restricciones a la competencia y riesgos institucionales en la convocatoria.

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Lo que tenés que saber

  • Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Hidrovía.
  • También pidió suspender el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal.
  • Un dictamen de la PIA advirtió “serias y evidentes irregularidades”.
  • Se mencionaron posibles problemas de transparencia y competencia.
  • Se cuestionaron plazos y condiciones de participación en la audiencia pública.
  • El proyecto advierte sobre un “posible direccionamiento” del proceso.
  • También se señalaron observaciones ambientales sin evaluación adecuada.

Taiana pide frenar la licitación de la Hidrovía y denuncia irregularidades

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto legislativo para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal y reiteró el pedido de suspensión del proceso impulsado por el Gobierno nacional.

La iniciativa surge tras el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señaló “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento administrativo.

Según el planteo, el proceso licitatorio presenta observaciones vinculadas a la transparencia, la competencia y el acceso a la información por parte de los interesados.

Cuestionamientos al proceso licitatorio

En la presentación, Taiana incorporó observaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desarrollo de la licitación.

El documento señala que:

  • La audiencia pública incluyó una gran cantidad de documentación técnica en plazos limitados.
  • Se habrían dificultado instancias de participación ciudadana efectiva.
  • Existen cláusulas que restringen impugnaciones al proceso.
  • Se plantean limitaciones para empresas bajo modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Además, el texto advierte que estas condiciones podrían afectar la libre concurrencia y la transparencia del procedimiento.

Advertencias sobre direccionamiento e impacto ambiental

El dictamen también retoma observaciones previas sobre un “posible direccionamiento” en la licitación.

A su vez, se cuestiona la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente.

Estos puntos refuerzan las objeciones planteadas en instancias anteriores del proceso administrativo.

Pedido de suspensión del proceso

En el proyecto, Taiana sostiene la necesidad de frenar la licitación y reformular el procedimiento.

“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo Taiana.

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