Investigación 🔎
El entramado del fentanilo mortal: maquinaria china, dólares baratos y conexiones políticas en Paraguay
HLB Pharma aprovechó las licencias SIRA y la brecha cambiaria para construir una planta farmacéutica en la Triple Frontera con el respaldo del expresidente paraguayo sancionado por corrupción.
La tragedia del fentanilo contaminado que causó 52 muertes y 76 intoxicaciones en Argentina reveló un complejo entramado de operaciones financieras irregulares, conexiones políticas internacionales y una estructura productiva que se extendía hasta la Triple Frontera. El grupo HLB Pharma-Ramallo, responsable de las ampollas letales, había construido un laboratorio en Paraguay utilizando maquinaria china importada con divisas oficiales obtenidas mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Según documentó la investigación de los periodistas Camila Dolabjian y Diego Cabot publicada en La Nación, la firma aprovechó la brecha cambiaria durante el gobierno de Alberto Fernández para obtener dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior, financiando así la construcción del «Complejo Empresarial Global» en Ciudad del Este, ubicado en el kilómetro 331,5 de la ruta PY-02.
La maniobra financiera paso a paso
La operatoria, que ahora investiga el juez penal económico Pablo Yadarola por contrabando agravado y lavado de dinero, funcionaba de manera sistemática. HLB Pharma presentaba solicitudes de licencias SIRA con facturas pro-forma de proveedores chinos, obtenía la aprobación de la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central, que liberaba los dólares al tipo de cambio oficial. Posteriormente, las divisas se giraban a un intermediario en Panamá que abonaba la maquinaria china, la cual se despachaba directamente a Paraguay sin ingresar nunca al territorio argentino.
La rentabilidad del esquema era extraordinaria debido a la brecha cambiaria. Al 30 de agosto de 2023, mientras el dólar oficial cotizaba a $367,09, el blue se negociaba a $730, una diferencia del 104%. Esto significaba que por cada millón de dólares obtenido al tipo oficial, la diferencia con el mercado paralelo rondaba los $380 millones.
La Dirección General de Aduanas denunció que las facturas estaban infladas hasta un 80%, señalando sobrefacturaciones por US$ 4,5 millones en maquinaria y otros US$ 556.000 en insumos farmacéuticos. La maquinaria declarada incluía equipos aptos para sintetizar opioides y otros fármacos biológicos, según consta en el expediente judicial.
Conexiones políticas y el respaldo de Cartés
La instalación del laboratorio paraguayo contó con el respaldo político del expresidente Horacio Cartés, incluido por el Tesoro de Estados Unidos en la Global Magnitsky Act por corrupción y lavado de dinero. Cartés, investigado en el caso Lava Jato y catalogado por Washington como «significativamente corrupto», facilitó exenciones fiscales y agilizó la habilitación de la planta.
Los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro realizaron al menos 11 cruces de frontera entre 2023 y 2025, coincidiendo con el español Ignacio Méndez Azarraga Pérez de Axiom Ingeniería —deudor fiscal por €1,84 millones— y con el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante regional de la maquinaria china. El encuentro más significativo fue el 24 de noviembre de 2023, cuando Ariel García Furfaro se fotografió con Cartés en Asunción, momento en que ya estaba avanzada la construcción de la planta.
Antecedentes criminales y vínculos rosarinos
Los antecedentes de los propietarios de HLB Pharma agregaban elementos de preocupación que no fueron considerados por las autoridades regulatorias. Ariel García Furfaro había purgado condena por intento de homicidio en la Unidad 9 de La Plata y posteriormente se vinculó al laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina y asociado a Mario Segovia, conocido como el «rey de la efedrina».
La conexión rosarina se profundizaba con el hecho de que muchos operarios de la planta de Ramallo provenían de Rosario, lo que llevó a los investigadores a indagar posibles vínculos con el clan Cantero. Esta red de contactos adquiere relevancia considerando que Rosario es un epicentro del narcotráfico en Argentina.
Alertas ignoradas y denuncias previas
Meses antes de la tragedia del fentanilo, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) había recibido una denuncia anónima que acusaba a HLB Pharma de «vender droga» desde sus instalaciones de San Isidro y Ramallo. Esa línea de investigación fue anexada a la causa que dirige el juez federal Ernesto Kreplak y ahora apunta a eventuales conexiones con el narcotráfico.
Paralelamente, en 2023 la Aduana ya había acusado al grupo de inflar importaciones de medicamentos para girar divisas al exterior, una práctica que se extendería luego a la importación de maquinaria. Los alertas internos sobre estas irregularidades aparentemente no impidieron que se continuaran aprobando las licencias SIRA.
El régimen SIRA como facilitador
El Sistema de Importaciones de la República Argentina, vigente desde 2022, fue concebido como un mecanismo de control para ordenar las importaciones en un contexto de restricciones cambiarias. Sin embargo, el caso HLB Pharma ilustra cómo el sistema se convirtió en una vía para obtener dólares baratos y girarlos fuera del país, burlando los controles estatales.
La investigación judicial busca determinar quién aprobó las licencias SIRA pese a los alertas aduaneros y cuántas partidas fueron trianguladas con el mismo esquema. También se indaga el posible uso de fondos públicos provinciales para adquirir medicamentos de Alfarma, otra empresa del grupo, y el supuesto rol del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, mencionado en la causa.
Interrogantes sobre la producción del fentanilo
La justicia argentina y paraguaya ahora rastrean flujos de dinero y movimientos de precursores químicos para determinar si la planta paraguaya participó en la elaboración del lote de fentanilo adulterado que llegó a Argentina. La tecnología instalada en Ciudad del Este era capaz de sintetizar opioides, lo que plantea preguntas sobre el destino final de la producción.
Los investigadores buscan establecer qué parte del diferencial cambiario obtenido financió la fabricación del fentanilo contaminado y si las conexiones con Cartés fueron clave en la expansión internacional de HLB Pharma. También se investiga si se usaron cuentas ligadas al expresidente paraguayo para transferir fondos de la sobrefacturación.
Un sistema de controles que falló
El caso HLB Pharma expone fallas sistemáticas en múltiples niveles de control estatal. La Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central aprobaron operaciones que posteriormente resultaron ser irregulares. La Aduana detectó sobrefacturaciones pero no pudo impedir que continuaran las operaciones. La ANMAT, por su parte, no detectó las irregularidades en la producción que derivaron en el fentanilo contaminado.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la investigación ahora se centra en determinar si hubo connivencia de funcionarios públicos o si las fallas fueron producto de deficiencias en los sistemas de control. La complejidad del esquema sugiere un conocimiento detallado de los procedimientos administrativos y las vulnerabilidades del sistema.
El caso ilustra cómo, en pleno cepo cambiario, el régimen SIRA y la brecha cambiaria se convirtieron en herramientas para la fuga de divisas, mientras que la falta de coordinación entre organismos de control permitió que una empresa con antecedentes dudosos expandiera sus operaciones hasta Paraguay, con consecuencias trágicas para la salud pública argentina.
Puntos Clave:
- HLB Pharma utilizó licencias SIRA para obtener US$ 5,06 millones al dólar oficial durante el cepo cambiario, aprovechando una brecha del 104% con el mercado paralelo
- La empresa construyó un laboratorio en Ciudad del Este con maquinaria china, evadiendo controles aduaneros al enviar los equipos directamente a Paraguay
- El proyecto contó con el respaldo del expresidente paraguayo Horacio Cartés, sancionado por Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero
- La Procunar había recibido denuncias previas sobre actividades irregulares de HLB Pharma en sus plantas bonaerenses, que fueron ignoradas
- Los propietarios tienen antecedentes criminales y vínculos con el laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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