Investigación 🔎
El entramado del fentanilo mortal: maquinaria china, dólares baratos y conexiones políticas en Paraguay
HLB Pharma aprovechó las licencias SIRA y la brecha cambiaria para construir una planta farmacéutica en la Triple Frontera con el respaldo del expresidente paraguayo sancionado por corrupción.
La tragedia del fentanilo contaminado que causó 52 muertes y 76 intoxicaciones en Argentina reveló un complejo entramado de operaciones financieras irregulares, conexiones políticas internacionales y una estructura productiva que se extendía hasta la Triple Frontera. El grupo HLB Pharma-Ramallo, responsable de las ampollas letales, había construido un laboratorio en Paraguay utilizando maquinaria china importada con divisas oficiales obtenidas mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Según documentó la investigación de los periodistas Camila Dolabjian y Diego Cabot publicada en La Nación, la firma aprovechó la brecha cambiaria durante el gobierno de Alberto Fernández para obtener dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior, financiando así la construcción del «Complejo Empresarial Global» en Ciudad del Este, ubicado en el kilómetro 331,5 de la ruta PY-02.
La maniobra financiera paso a paso
La operatoria, que ahora investiga el juez penal económico Pablo Yadarola por contrabando agravado y lavado de dinero, funcionaba de manera sistemática. HLB Pharma presentaba solicitudes de licencias SIRA con facturas pro-forma de proveedores chinos, obtenía la aprobación de la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central, que liberaba los dólares al tipo de cambio oficial. Posteriormente, las divisas se giraban a un intermediario en Panamá que abonaba la maquinaria china, la cual se despachaba directamente a Paraguay sin ingresar nunca al territorio argentino.
La rentabilidad del esquema era extraordinaria debido a la brecha cambiaria. Al 30 de agosto de 2023, mientras el dólar oficial cotizaba a $367,09, el blue se negociaba a $730, una diferencia del 104%. Esto significaba que por cada millón de dólares obtenido al tipo oficial, la diferencia con el mercado paralelo rondaba los $380 millones.
La Dirección General de Aduanas denunció que las facturas estaban infladas hasta un 80%, señalando sobrefacturaciones por US$ 4,5 millones en maquinaria y otros US$ 556.000 en insumos farmacéuticos. La maquinaria declarada incluía equipos aptos para sintetizar opioides y otros fármacos biológicos, según consta en el expediente judicial.
Conexiones políticas y el respaldo de Cartés
La instalación del laboratorio paraguayo contó con el respaldo político del expresidente Horacio Cartés, incluido por el Tesoro de Estados Unidos en la Global Magnitsky Act por corrupción y lavado de dinero. Cartés, investigado en el caso Lava Jato y catalogado por Washington como «significativamente corrupto», facilitó exenciones fiscales y agilizó la habilitación de la planta.
Los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro realizaron al menos 11 cruces de frontera entre 2023 y 2025, coincidiendo con el español Ignacio Méndez Azarraga Pérez de Axiom Ingeniería —deudor fiscal por €1,84 millones— y con el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante regional de la maquinaria china. El encuentro más significativo fue el 24 de noviembre de 2023, cuando Ariel García Furfaro se fotografió con Cartés en Asunción, momento en que ya estaba avanzada la construcción de la planta.
Antecedentes criminales y vínculos rosarinos
Los antecedentes de los propietarios de HLB Pharma agregaban elementos de preocupación que no fueron considerados por las autoridades regulatorias. Ariel García Furfaro había purgado condena por intento de homicidio en la Unidad 9 de La Plata y posteriormente se vinculó al laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina y asociado a Mario Segovia, conocido como el «rey de la efedrina».
La conexión rosarina se profundizaba con el hecho de que muchos operarios de la planta de Ramallo provenían de Rosario, lo que llevó a los investigadores a indagar posibles vínculos con el clan Cantero. Esta red de contactos adquiere relevancia considerando que Rosario es un epicentro del narcotráfico en Argentina.
Alertas ignoradas y denuncias previas
Meses antes de la tragedia del fentanilo, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) había recibido una denuncia anónima que acusaba a HLB Pharma de «vender droga» desde sus instalaciones de San Isidro y Ramallo. Esa línea de investigación fue anexada a la causa que dirige el juez federal Ernesto Kreplak y ahora apunta a eventuales conexiones con el narcotráfico.
Paralelamente, en 2023 la Aduana ya había acusado al grupo de inflar importaciones de medicamentos para girar divisas al exterior, una práctica que se extendería luego a la importación de maquinaria. Los alertas internos sobre estas irregularidades aparentemente no impidieron que se continuaran aprobando las licencias SIRA.
El régimen SIRA como facilitador
El Sistema de Importaciones de la República Argentina, vigente desde 2022, fue concebido como un mecanismo de control para ordenar las importaciones en un contexto de restricciones cambiarias. Sin embargo, el caso HLB Pharma ilustra cómo el sistema se convirtió en una vía para obtener dólares baratos y girarlos fuera del país, burlando los controles estatales.
La investigación judicial busca determinar quién aprobó las licencias SIRA pese a los alertas aduaneros y cuántas partidas fueron trianguladas con el mismo esquema. También se indaga el posible uso de fondos públicos provinciales para adquirir medicamentos de Alfarma, otra empresa del grupo, y el supuesto rol del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, mencionado en la causa.
Interrogantes sobre la producción del fentanilo
La justicia argentina y paraguaya ahora rastrean flujos de dinero y movimientos de precursores químicos para determinar si la planta paraguaya participó en la elaboración del lote de fentanilo adulterado que llegó a Argentina. La tecnología instalada en Ciudad del Este era capaz de sintetizar opioides, lo que plantea preguntas sobre el destino final de la producción.
Los investigadores buscan establecer qué parte del diferencial cambiario obtenido financió la fabricación del fentanilo contaminado y si las conexiones con Cartés fueron clave en la expansión internacional de HLB Pharma. También se investiga si se usaron cuentas ligadas al expresidente paraguayo para transferir fondos de la sobrefacturación.
Un sistema de controles que falló
El caso HLB Pharma expone fallas sistemáticas en múltiples niveles de control estatal. La Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central aprobaron operaciones que posteriormente resultaron ser irregulares. La Aduana detectó sobrefacturaciones pero no pudo impedir que continuaran las operaciones. La ANMAT, por su parte, no detectó las irregularidades en la producción que derivaron en el fentanilo contaminado.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la investigación ahora se centra en determinar si hubo connivencia de funcionarios públicos o si las fallas fueron producto de deficiencias en los sistemas de control. La complejidad del esquema sugiere un conocimiento detallado de los procedimientos administrativos y las vulnerabilidades del sistema.
El caso ilustra cómo, en pleno cepo cambiario, el régimen SIRA y la brecha cambiaria se convirtieron en herramientas para la fuga de divisas, mientras que la falta de coordinación entre organismos de control permitió que una empresa con antecedentes dudosos expandiera sus operaciones hasta Paraguay, con consecuencias trágicas para la salud pública argentina.
Puntos Clave:
- HLB Pharma utilizó licencias SIRA para obtener US$ 5,06 millones al dólar oficial durante el cepo cambiario, aprovechando una brecha del 104% con el mercado paralelo
- La empresa construyó un laboratorio en Ciudad del Este con maquinaria china, evadiendo controles aduaneros al enviar los equipos directamente a Paraguay
- El proyecto contó con el respaldo del expresidente paraguayo Horacio Cartés, sancionado por Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero
- La Procunar había recibido denuncias previas sobre actividades irregulares de HLB Pharma en sus plantas bonaerenses, que fueron ignoradas
- Los propietarios tienen antecedentes criminales y vínculos con el laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina
Investigación 🔎
Del 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS
El juez Ariel Lijo extendió el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de su número dos y de una veintena de empresarios a las compras de insumos ortopédicos. La resolución describe una organización delictiva que operó dentro y fuera del organismo con fondos destinados a personas con discapacidad.
Sillas de ruedas, andadores, implantes auditivos, prótesis para personas amputadas. Esos fueron los insumos sobre los que, según la Justicia federal, se montó un circuito de compras direccionadas, sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diferencia de precios detectada hasta ahora ya supera los 7.833 millones de pesos, y la propia resolución aclara que se trata de una cifra provisoria y parcial.
El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei, y contra quien fuera su segundo, Daniel Garbellini. La medida alcanza también a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un amplio grupo de empresarios proveedores del organismo. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que ya avanza sobre una nueva etapa de la investigación.
De los medicamentos a los insumos: la misma estructura
Todos los imputados ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por las maniobras en la compra de medicamentos, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal. La nueva resolución extiende esa imputación a las contrataciones del rubro insumos, al considerarlas parte de la misma estructura delictiva.
Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, el juez también tuvo por probados hechos de lavado de activos agravado, vinculados con la canalización y circulación del dinero obtenido mediante las maniobras.
La investigación examinó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Es decir, prestaciones básicas para una población que depende del Estado para acceder a ellas.
Los empresarios y los engranajes internos
Entre los procesados figuran Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.) y Patricio Oscar Acosta, vinculado entre otras firmas con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
Dentro del organismo, la decisión alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, señalados por haber cumplido funciones clave en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de los circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita, mientras que otras 11 personas indagadas recibieron falta de mérito, con la indicación de profundizar la investigación sobre ellas.
«No se trató de irregularidades aisladas»
A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en operaciones de insumos. Sumadas a los 5.984.594.394,24 pesos detectados previamente en medicamentos, la cuantificación conjunta llega a 7.833.872.357,24 pesos.
La resolución es contundente sobre la naturaleza del esquema: «El conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo (principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas), operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos».
Sobre el funcionamiento, el fallo describe «la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación», con «selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas». Y concluye que, a través de ese mecanismo, se generaron «beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización». Para el juzgado, la reiteración de las prácticas demuestra que no hubo errores administrativos, sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
La reconstrucción se apoya en lo ya resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar las contrataciones del sistema SIIPFIS sostuvo que «fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos», y que los vínculos entre funcionarios, operadores y proveedores «no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes».
Los audios que el Gobierno quiso enterrar
La causa nació en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que una voz afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía un 3% de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, y mencionaba también a Eduardo «Lule» Menem. El Gobierno echó a Spagnuolo, intervino la ANDIS y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni atribuyó el escándalo a una «manipulación política de la oposición en un año electoral». Milei calificó todo lo dicho por su ex amigo como «mentira» y luego llegó a hablar de «inteligencia artificial».
Más de un año después, la Justicia confirma, resolución tras resolución, que el sistema de retornos que describían esas grabaciones tenía un correlato concreto en las compras del Estado. La investigación, que inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, quedó luego bajo la órbita de Lijo, el magistrado que el propio Milei propuso para integrar la Corte Suprema. En septiembre, el abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia original, pidió ante ese juzgado la detención de Spagnuolo.
Mientras tanto, el mismo Gobierno que recortó prestaciones y pensiones por discapacidad en nombre del equilibrio fiscal sigue sin dar explicaciones sobre cómo funcionó, bajo su gestión, una estructura que convirtió las necesidades de las personas con discapacidad en un negocio para funcionarios y proveedores amigos.
Lo que tenés que saber:
- El juez Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y una veintena de empresarios por la compra de insumos en la ANDIS.
- Se les imputa asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada; en algunos casos, también lavado de activos agravado.
- Las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos suman $7.833.872.357,24, una cifra provisoria y parcial.
- Las compras investigadas abarcan sillas y andadores, implantes auditivos, insumos para amputaciones, cardio, neuro y traumatología.
- El fiscal Franco Picardi avanza en una nueva etapa de la causa, mientras 11 indagados recibieron falta de mérito.
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