Dos jóvenes que declararon hoy en el juicio por jurados por el crimen de Blas Correas (17), el adolescente asesinado durante un control policial en la ciudad de Córdoba en agosto del 2020, admitieron que esa madrugada se movilizaban en una moto y tuvieron un «incidente de tránsito» con el automóvil en el que se trasladaba la víctima con sus amigos, aunque rechazaron la versión policial sobre un intento de robo.

Se trata de Jorge Bazán (24) y de Leandro Maldonado (26), quienes declararon hoy como testigos en la novena audiencia del debate y explicaron lo sucedido la madrugada del 6 de agosto del 2020 en la rotonda del barrio Las Flores, donde -según dijeron- mantuvieron un altercado por una “maniobra peligrosa” realizada por el Fiat Argo blanco.

Ese vehículo era conducido por Juan Cruz Camerano Echavarría, quien estaba acompañado por Cristóbal Bocco Camerano, Mateo Natali, Camila Toci y Blas Correas.

El conductor de la moto, Bazán, explicó al jurado popular que del automóvil habían realizado una “maniobra peligrosa» en la cual lo «encerraron», por lo que decidió detenerse en el control policial que había a pocos metros de la rotonda y le dijo a dos policías que había tenido un «problema con los del auto», que no sabía «si están borrachos», tras lo cual continuó su camino.

«Nunca dije que me querían robar ni que estuvieran armados, porque eso no ocurrió”, dijo Bazán, refutando de esa manera la versión oficial de los policías.

Es que en ese puesto de control, mediante radiofrecuencia policial, el oficial ayudante Ezequiel Vélez y el cabo Leandro Quevedo alertaron a los distintos puestos de control cercanos para interceptar el Fiat Argo blanco porque unos motociclistas habían denunciado un intento de robo.

A partir de ese falso alerta, en otro puesto de control cercano, se trató de detener el vehículo en el que se movilizaban Blas y sus amigos, quienes no se detuvieron y recibieron una balacera por parte de los efectivos Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33).

Por su parte, Maldonado, en su testimonio, reafirmó los dichos de Bazán.

Posteriormente declaró Erick Pablo Rosell Pezo (47), quien pretendió beneficiar la situación de los policías imputados y terminó con un pedido de la fiscalía para que se lo investigue por faso testimonio.

Es que Rosell Pezo, comerciante de origen peruano, relató que en zona de la Plaza de las Américas vio que el Fiat Argo aceleró y vio “algo suspendido en el aire que luego cae”, aunque dijo que desconocía de qué se trataba el objeto.

La versión que hoy expuso el testigo corresponde a su segunda declaración en la instrucción de la causa, ya que en la primera había manifestado que no había visto nada que tiraran del auto ocupado por los adolescentes, y durante su testimonio de hoy repitió varias veces su “empatía” por los policías.

De acuerdo a la pieza procesal de elevación a juicio, la declaración de Rosell Pezo “pretendía favorecer la situación procesal de los imputados Gómez y Alarcón”, los que dispararon el automóvil con los chicos, plantando un arma como “coartada que justificara el accionar policial”.

La Fiscalía solicitó que el testigo sea detenido y remitan las actuaciones a la Fiscalía de turno para que sea investigado por “falso testimonio”, pedido que los miembros del tribunal técnico rechazaron por unanimidad, no obstante aclararon que queda diferida la resolución del planteo.

Concluido con los tres testimonios la audiencia pasó a cuarto intermedio para el martes próximo a las 9, para continuar con la recepción de pruebas testimoniales.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas se hallaba en el Fiat Argo junto a sus cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos llegaron al juicio como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.