DDHH
A 57 años de «La Noche de los Bastones Largos»
Onganía cerró todas las universidades por tres semanas y comenzaron las renuncias en masa con el alejamiento de la UBA de 1300 docentes e investigadores.
El régimen cívico militar del general Juan Carlos Onganía decidía hace 57 años -el 29 de julio de 1966- ponerle fin a la autonomía de las universidades nacionales y ocupaba por la fuerza de la represión cinco facultades porteñas, donde autoridades, docentes y estudiantes resolvieron resistir la medida en un hecho que se conoció como «La Noche de los Bastones Largos».
Se trató de un hecho represivo tras el cual centenares de científicos se vieron obligados a dejar un país donde las casas de altos estudios se vaciaron de prestigio y contenido educativo por decisión de un Gobierno autoritario.
Hacía un mes que Onganía se había instalado en el poder tras derrocar al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y la tarde del 29 de julio de 1966 promulgó la ley 16912 por la cual ordenaba la intervención de las universidades nacionales con el propósito de terminar con el sistema de gobierno tripartito que ejercían docentes, alumnos y graduados que había sido consagrado tras la Reforma de 1918.
El régimen que había impuesto la censura de prensa y clausurado el Congreso veía a las universidades como ámbitos que estaban fuera de control y organizados por hombres y mujeres que soñaban «con subvertir el orden natural de las cosas».
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que había repudiado el golpe a Illia con un comunicado firmado por su rector Hilario Fernández Long y otros 250 profesores, decidió resistir la medida y desconocer cualquier autoridad que no emanase de la autonomía y el sistema de cogobierno.
La orden del Gobierno era que los rectores se convirtieran en interventores y las universidades pasaran a depender del Ministerio de Educación. Quien no lo aceptara debía renunciar en un plazo de 48 horas.
Las autoridades legítimas de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, el Litoral, La Plata y Tucumán decidieron irse o fueron removidas, mientras que en casas de estudios como la del Sur, Noreste y Cuyo se resolvió acatar la orden de la dictadura.
Pero ese viernes por la tarde, en las sedes de las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA, estudiantes, docentes y graduados se congregaron para resistir ese decreto.
La sede de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicada entre las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca y Perú, y conocida como la «Manzana de las Luces» fue el epicentro de ese intento de resistencia.
El general Mario Fonseca estuvo a cargo de una acción policial para ocupar la Manzana de las Luces que se denominó como «Operativo Escarmiento», con el cual se propició en horas de la noche el ingreso violento al edificio donde se ejerció una represión a bastonazo limpio contra la comunidad académica que se encontraba en el lugar.
«El escarmiento» que los militares querían aplicar se remonta a un hecho ocurrido en octubre de 1965, durante un acto que el Ejército llevó a cabo en Perú y Diagonal Sur para conmemorar el aniversario 51º de la muerte del expresidente Julio Argentino Roca.
Ese día, desde el techo de la Facultad de Exactas, estudiantes lanzaron monedas y profirieron cánticos contra la formación militar, algo que los mandos del Ejército no estarían dispuestos a dejar pasar.
Tras hacerse con el control del edificio, los uniformados hicieron salir del edificio a los docentes y estudiantes por el medio de dos hileras de policías que los golpeaban con saña y hubo 400 detenidos.
Warren Ambrose, un académico estadounidense que se encontraba como invitado en la Facultad de Exactas, escribió una carta al diario New York Times en la que narraba las alternativas de aquella represión contra la comunidad educativa.
«Los soldados nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. Nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. […] yo (como todos los demás) fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo, y en donde pudieron alcanzarme«, describió en una carta el profesor Ambrose.
Onganía cerró todas las universidades por tres semanas y comenzaron las renuncias en masa con el alejamiento de la UBA de 1300 docentes e investigadores.
Decanos y vicedecanos se alejaron de las casas de altos estudios y comenzó un exilio de más de 300 científicos que dejaron el país acusados de «comunistas» mientras eran recibidos en prestigiosas instituciones del mundo occidental.
Laboratorios que hacían ciencia aplicada fueron desmantelados y por aquellos días emisarios de universidades de Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay recorrían Buenos Aires a mediados de 1966 en busca de los académicos que habían sido removidos por el régimen.
Así, la UBA, que en 1957 había recuperado su autonomía, vio interrumpido un proceso de expansión académica y educativa durante el cual se crearon editoriales como Eudeba, el Instituto de Cálculo que operó la primera computadora que llegó al país y se crearon carreras como Economía, Psicología, Sociología, y Educación.
Luis Botet, un letrado cercano al almirante Isaac Rojas que solía presentarse como el abogado de la Revolución Libertadora, asumió la intervención de la UBA y justificó la salida de científicos y docentes al considerar que «la autoridad estaba por encima de la ciencia».
«Por esta Facultad entran 12 mil personas por día, por eso le pedí a la Policía Federal que elabore un plan de seguridad. No creo que sea una cuestión de restricción a la libertad de pensamiento sino una cuestión de orden», declaraba por esos días Federico Frieschknecht, quien fue designado por entonces como decano de Ciencias Económicas.
Así, policías vestidos de civil que recorrían los pasillos y las aulas pasaron a ser parte del paisaje y el clima represivo que se instaló en las universidades públicas y que iba a profundizarse con la irrupción del terrorismo de Estado en 1976.
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Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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