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Joven jujeño permanece detenido por filmar el desplazamiento policial cerca de la casa de Morales

Se trata de un joven de 32 años del cual se preserva su identidad, quien cumple una prisión preventiva de diez días desde el viernes 26 de junio en la sede de la Brigada de Investigaciones ubicada en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy.

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Un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un grupo policial en cercanías del domicilio del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el pasado martes 20 de junio mientras se aprobaba la reforma parcial de la Constitución provincial, permanece detenido y su defensa pide la «inmediata» libertad.

Se trata de un joven de 32 años del cual se preserva su identidad, quien cumple una prisión preventiva de diez días desde el viernes 26 de junio en la sede de la Brigada de Investigaciones ubicada en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy.

El pasado 20 de junio mientras se aprobaba y juraba la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, se desató una violenta represión policial a manifestantes en cercanías a la Legislatura local.

En ese momento un joven filmó a un grupo de efectivos que se desplazaba hacia al domicilio del mandatario jujeño en otro sector de la capital, imágenes que se multiplicaron en portales web y en las redes sociales.

En el marco de la investigación se presentó un habeas corpus y una impugnación de la detención «para conseguir la libertad de mi defendido», indicó hoy Mariana Vargas, letrada que ejerce la defensa del encarcelado.

Sobre la resolución de prisión preventiva que recae contra el joven, refirió que «la razón no es el peligro de fuga, ni entorpecer la investigación porque en realidad la prueba está en el celular y las redes sociales».

«La razón es la protección de la supuesta víctima -continuó- porque en realidad quien realizó un llamado a la fiscalía es la pareja del gobernador (Gerardo Morales), por lo tanto, entiendo que esa situación generó este absurdo que es la detención», explicó Vargas.

Presuntamente la pareja de Morales considera que, en ese video, «se habría incitado a incendiar la casa, pero la realidad es que no surge eso en las imágenes, como tampoco anteriormente», señaló la abogada sobre el caso.

En tanto, en su presentación judicial de la defensa requiere que se revoque la resolución, «por haber sido resuelta solo en base a una consideración errónea respecto del significado de la violencia de género (denunciante) y porque la protección de la víctima, siendo la esposa del gobernador de la provincia, está asegurada por la custodia personal, lo que es de público y notorio conocimiento».

Además, manifestó que la prisión preventiva de diez días contra el joven «ha sido resuelta violando el derecho de defensa, ya que no existe prueba alguna en el legajo que indique las razones objetivas de la acusación, ni siquiera en el grado de probabilidad».

Aseguró que tampoco surge de la resolución atacada «una fundamentación conforme a la sana critica racional, ya que en la propia resolución oral el Juez de Control dijo que no tiene conocimiento alguno de las redes (sería esta la base de la acusación) por lo que él tampoco ha accedido a la prueba del legajo, ya que la misma no existe ni puede tampoco ser vista por esta parte».

«En el legajo ni siquiera consta la denuncia, razón por la cual esta parte entiende que todo obedece a la campaña de intimidación que el Estado está ejerciendo contra la ciudadanía, a fin de evitar que se exprese la libre opinión respecto de la reforma constitucional y la política gubernamental», completó Vargas en su presentación judicial.

En diálogo, reiteró que «la resolución de la prisión preventiva es absolutamente arbitraria» para luego recordar que el joven «hizo lo que hicieron todos, filmar videos y subir a las redes» sobre el accionar policial en ese momento.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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