Un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un grupo policial en cercanías del domicilio del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el pasado martes 20 de junio mientras se aprobaba la reforma parcial de la Constitución provincial, permanece detenido y su defensa pide la «inmediata» libertad.

Se trata de un joven de 32 años del cual se preserva su identidad, quien cumple una prisión preventiva de diez días desde el viernes 26 de junio en la sede de la Brigada de Investigaciones ubicada en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy.

El pasado 20 de junio mientras se aprobaba y juraba la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, se desató una violenta represión policial a manifestantes en cercanías a la Legislatura local.

En ese momento un joven filmó a un grupo de efectivos que se desplazaba hacia al domicilio del mandatario jujeño en otro sector de la capital, imágenes que se multiplicaron en portales web y en las redes sociales.

En el marco de la investigación se presentó un habeas corpus y una impugnación de la detención «para conseguir la libertad de mi defendido», indicó hoy Mariana Vargas, letrada que ejerce la defensa del encarcelado.

Sobre la resolución de prisión preventiva que recae contra el joven, refirió que «la razón no es el peligro de fuga, ni entorpecer la investigación porque en realidad la prueba está en el celular y las redes sociales».

«La razón es la protección de la supuesta víctima -continuó- porque en realidad quien realizó un llamado a la fiscalía es la pareja del gobernador (Gerardo Morales), por lo tanto, entiendo que esa situación generó este absurdo que es la detención», explicó Vargas.

Presuntamente la pareja de Morales considera que, en ese video, «se habría incitado a incendiar la casa, pero la realidad es que no surge eso en las imágenes, como tampoco anteriormente», señaló la abogada sobre el caso.

En tanto, en su presentación judicial de la defensa requiere que se revoque la resolución, «por haber sido resuelta solo en base a una consideración errónea respecto del significado de la violencia de género (denunciante) y porque la protección de la víctima, siendo la esposa del gobernador de la provincia, está asegurada por la custodia personal, lo que es de público y notorio conocimiento».

Además, manifestó que la prisión preventiva de diez días contra el joven «ha sido resuelta violando el derecho de defensa, ya que no existe prueba alguna en el legajo que indique las razones objetivas de la acusación, ni siquiera en el grado de probabilidad».

Aseguró que tampoco surge de la resolución atacada «una fundamentación conforme a la sana critica racional, ya que en la propia resolución oral el Juez de Control dijo que no tiene conocimiento alguno de las redes (sería esta la base de la acusación) por lo que él tampoco ha accedido a la prueba del legajo, ya que la misma no existe ni puede tampoco ser vista por esta parte».

«En el legajo ni siquiera consta la denuncia, razón por la cual esta parte entiende que todo obedece a la campaña de intimidación que el Estado está ejerciendo contra la ciudadanía, a fin de evitar que se exprese la libre opinión respecto de la reforma constitucional y la política gubernamental», completó Vargas en su presentación judicial.

En diálogo, reiteró que «la resolución de la prisión preventiva es absolutamente arbitraria» para luego recordar que el joven «hizo lo que hicieron todos, filmar videos y subir a las redes» sobre el accionar policial en ese momento.