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Bariloche aprueba las emergencias económica, habitacional, financiera, fiscal y de servicios

La ordenanza que declara la emergencia pública es una herramienta considerada «fundamental» por el intendente Walter Cortés para tener «previsibilidad» al afrontar «situaciones muy difíciles» como las que atraviesa el país.

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El Consejo Municipal de Bariloche aprobó este miércoles por unanimidad la Ordenanza que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de servicios y habitacional, una herramienta considerada «fundamental» por el intendente Walter Cortés para tener «previsibilidad» al afrontar «situaciones muy difíciles como el transporte y la vivienda».

Con el voto afirmativo de diez de los 11 ediles, el texto que entre otras cosas faculta al Ejecutivo local a renegociar contratos de servicios, obras y suministros logró ser aprobado en un segundo intento, luego de que la sesión del martes pasado en la que se trataría fuera levantada por falta de quórum.

Esta Ordenanza «nos da la posibilidad de tener herramientas, de poder manejar la economía municipal con previsibilidad y ordenamiento, que es fundamental porque tenemos (por resolver) situaciones muy difíciles, como el transporte y la vivienda», sostuvo Cortés luego de la votación.

Según el intendente, que estuvo presente en la sesión, «es fundamental tener a ley de emergencia. La tienen todas las provincias, la tienen los municipios. Acá se trabó un poco por algunos puntos de vista, más que todo en la parte de los terrenos y la parte habitacional, pero lo logramos enderezar: pudimos debatir y agradezco a los concejales que tuvieron esta actitud».

Con esta normativa aprobada, el Gobierno municipal tiene como prioridades comenzar negociaciones con desarrolladores inmobiliarios, «ubicar e individualizar» los lugares en donde estarán los terrenos sociales que se entregarán, y avanzar en la resolución del conflicto en torno al Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), cuya empresa prestataria tenía problemas para pagar los sueldos de los choferes incluso cuando recibía subsidios nacionales.

También «empezaremos a ver cómo vamos a prorrogar esta deuda de casi 16.000 millones de pesos» que afronta el Municipio, sostuvo Cortés.

Durante la sesión distintos concejales manifestaron sus inquietudes respecto de la duración de las emergencias, tras lo que el oficialismo aceptó bajar de un año a seis meses el plazo de las mismas, excepto la habitacional, que mantendrá el plazo original de un año.

Entre otros puntos, el proyecto faculta al Ejecutivo local a renegociar los contratos de servicios (entre ellos el del TUP), obras y suministros en los cuales sea parte la Municipalidad y/o cualquiera de sus entidades.

También le permite «priorizar el pago a proveedores del servicio de tránsito y vial» y «contratar en forma directa, independientemente del monto, la provisión de los insumos, bienes de capital necesarios para lograr el normal desarrollo de los servicios de tránsito y transporte municipal».

La Ordenanza también le permite a la Intendencia «realizar adquisiciones directas de bienes, servicios o equipamientos esenciales para abordar la situación de emergencia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones establecido por la Municipalidad».

En este sentido, el texto establece como prioridad las compras a proveedores radicados en San Carlos de Bariloche, siempre que los bienes o servicios no superen en un 10% al de ofertas más convenientes de productores no radicados en la ciudad.

En sus considerandos, el proyecto de Ordenanza alude a «la falta de fondos suficientes» para «mejorar la calidad de vida de los habitantes» de la ciudad, así como para «afrontar las obligaciones futuras para con proveedores».

También remite a que «el parque de máquinas es insuficiente para atender las necesidades de las redes viales que requieren mantenimiento diario», y da cuenta del crecimiento demográfico «significativo» que viene experimentando Bariloche, lo que «ha generado el aumento en la demanda de viviendas que no viene siendo satisfecho por parte del mercado inmobiliario».

«En la actualidad, existe, un enorme déficit habitacional de al menos 10.000 hogares, implicando ello más del 25% del total de hogares de la ciudad aproximadamente», precisa.

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Ajuste de Milei: la tregua de septiembre no frena el recorte a las provincias

El gasto primario creció 4,6% real en septiembre por vacunas y pensiones, pero acumula una baja de 3,1% en el año y las transferencias a las provincias se desplomaron 61,4% en nueve meses.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Casi dos de cada tres pesos para las provincias dejaron de llegar: la radiografía del ajuste de Milei.

Casi dos de cada tres pesos que la Nación giraba a las provincias dejaron de llegar en 2026. Las transferencias del Estado nacional a los distritos acumulan entre enero y septiembre una caída real del 61,4%, y la leve suba del gasto registrada el mes pasado no alcanzó para torcer la dirección de un ajuste que se descarga sobre los gobiernos subnacionales, la obra pública y los programas sociales.

Según el Monitor del Gasto Mensual elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado del Estado nacional sumó en septiembre $13,9 billones, con un incremento interanual del 4,6% en términos reales. Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año el gasto alcanzó $111,2 billones a valores constantes, lo que representa una contracción del 3,1% frente al mismo período de 2025.

Una suba con nombre propio

El aumento mensual de $0,6 billones en términos reales respecto de septiembre del año anterior se explicó por el comportamiento de partidas puntuales. Las pensiones no contributivas subieron $0,4 billones y recuperaron parte del retroceso del mes previo, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron un alza de $0,2 billones.

El rubro de bienes y servicios creció un 37,1% interanual (unos $0,2 billones). La mitad de ese salto respondió a la compra de vacunas y a la reestructuración del programa de atención médica para titulares de pensiones no contributivas, que ahora se ejecuta en parte como compra directa de medicamentos en lugar de transferencias. El resto correspondió a servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres.

La propia consultora le bajó el tono a la cifra: «la suba no parece ser un cambio de tendencia de la dinámica del gasto público, sino más bien una leve tregua al ajuste por recuperación de partidas específicas», señaló el informe. La tregua llega además después de un agosto en el que, según Analytica, el gasto primario se desplomó 10,3% real interanual, el mayor recorte desde noviembre de 2025.

Dónde siguió cortando la motosierra

Aun en un mes de leve recuperación, la tijera siguió activa. La obra pública encabezó las bajas de septiembre con una caída del 27,1% real, explicada por la menor ejecución de obras directas por parte de la Nación. Le siguieron las transferencias a las provincias, con un descenso del 24,3%, y los subsidios económicos, que se redujeron un 16,7%, en partes iguales entre energía y transporte.

Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedieron un 12,9% en el mes, el gasto en personal disminuyó un 5,2% y los programas sociales cayeron un 4,9%. Mientras el Gobierno exhibe una suba del gasto total, los recursos destinados a los hogares con hijos y a los programas sociales volvieron a achicarse.

Nueve meses de ajuste sobre provincias y programas sociales

El balance acumulado entre enero y septiembre muestra con claridad quién paga la cuenta. El mayor ajuste recayó sobre las transferencias a las provincias (-61,4% real), seguido por los programas sociales (-23,1%) y la obra pública (-17,1%). Las provincias, y a través de ellas sus hospitales, escuelas y servicios, absorben el núcleo duro del recorte nacional.

El único incremento real significativo del período se dio en los subsidios económicos (+5,7%), impulsado exclusivamente por el sector energético (+19,3%), mientras que los subsidios al transporte bajaron un 22,2%. Ese recorte no es neutro para los bolsillos: según relevamientos del IIEP (UBA-CONICET) difundidos en mayo, el transporte público acumuló desde el inicio de la gestión libertaria una suba superior al 900%, la más alta de toda la canasta de servicios.

El gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo prácticamente congelado en términos reales (+0,5%) y las asignaciones familiares junto a la AUH cayeron un 0,9% en el acumulado. A su vez, la deuda flotante de la Administración Nacional, es decir los pagos devengados que el Estado todavía no abonó, alcanzó los $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del PIB.

El ancla del Fondo Monetario

La dinámica del gasto no puede leerse por fuera del programa de Servicio Ampliado que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión, en abril de este año, habilitó un desembolso adicional de USD 1.000 millones. El Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en mayo que el ajuste fiscal es la consecuencia directa del compromiso de cumplir las metas acordadas con el organismo.

Los números de septiembre confirman esa lógica. El equilibrio de las cuentas públicas se sostiene con fondos que dejan de llegar a las provincias, a las obras y a los programas sociales, no con un cambio en las prioridades del Estado. Una tregua de un mes, apoyada en la compra de vacunas y en la recuperación parcial de pensiones, no modifica el saldo de nueve meses de recorte.

Lo que tenés que saber:

  • El gasto primario devengado subió 4,6% real interanual en septiembre y sumó $13,9 billones, según Analytica.
  • Entre enero y septiembre, el gasto acumula una caída real del 3,1%, con $111,2 billones a valores constantes.
  • Las transferencias a las provincias se desplomaron 61,4% real en nueve meses; los programas sociales, 23,1%, y la obra pública, 17,1%.
  • En septiembre, la obra pública cayó 27,1%, las transferencias a provincias 24,3% y las asignaciones familiares junto a la AUH 12,9%.
  • La deuda flotante de la Administración Nacional alcanzó $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del PIB.
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