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“¿Cómo se financia?”: Letcher ironizó sobre el ajuste selectivo del Gobierno

Denunció un sesgo en la política económica que beneficia a sectores concentrados y ajusta sobre los jubilados.

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El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir las retenciones a productos del complejo agroexportador, entre ellos la soja y la carne, anunciada durante la Exposición Rural. Para el economista, la medida expone un sesgo fiscal regresivo que premia a los sectores más concentrados mientras se niega cualquier recomposición para los jubilados.

“¿Acá no vale preguntarse cómo se financia?”, ironizó Letcher en sus redes sociales, replicando el argumento central que el oficialismo esgrime cada vez que se debate un aumento de haberes previsionales. Su planteo buscó resaltar la contradicción entre la “obsesión” por el superávit fiscal y la reciente decisión de aliviar la carga impositiva al agro.

Según los cálculos del CEPA, la rebaja de retenciones implica un costo fiscal estimado entre 1.200 y 1.400 millones de dólares para la próxima campaña agrícola. En contraste, mejorar el bono que perciben los 4,7 millones de jubilados con haberes mínimos —congelado desde marzo— tendría un costo anual “incluso menor”, según el propio Letcher.

Un reparto desigual del esfuerzo fiscal

La crítica del economista cercano a Cristina Fernández de Kirchner se dio en un contexto de fuerte malestar social por la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Actualmente, el bono previsional mensual de $70.000 funciona como complemento del haber mínimo, y sin su actualización, se consolida como un ajuste encubierto sobre los sectores más vulnerables del sistema.

“El Presidente se muestra dispuesto a vetar un proyecto que actualiza ese bono, pero no duda en otorgar un alivio impositivo multimillonario al campo”, advirtió Letcher. Según sus estimaciones, con lo que se resigna de ingresos fiscales por las retenciones “se podría dar un aumento equivalente al 50% del incremento del bono que Milei pretende vetar”.

El CEPA sostiene que el Gobierno construye su relato fiscal sobre una base “selectiva”, donde el ajuste recae sobre trabajadores, jubilados y provincias, mientras se avanza en beneficios concretos para sectores con capacidad exportadora y mayores márgenes de ganancia.

Retenciones: alivio a un sector con rentabilidad récord

La rebaja de retenciones fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y celebrada por las entidades del agro. Incluye una reducción del 33% al 30% para la soja y bajas proporcionales para la carne y otros productos. La medida se justificó como un “incentivo a la inversión”, aunque no se acompañó de ninguna obligación o contrapartida en términos de precios internos, abastecimiento o generación de empleo.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo sojero —principal beneficiario del anuncio— viene de cerrar una campaña con altos niveles de rentabilidad, pese a las inclemencias climáticas. Letcher advirtió que, lejos de ser un “sector en crisis”, el agro es uno de los grandes ganadores del actual esquema cambiario y del ajuste generalizado.

Medio Ambiente 🌱

La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

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Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

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