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Política

Zangaro reemplazó a Melik al frente de la OA: un cambio de cara con las mismas preguntas sin respuesta

El Gobierno formalizó este viernes la designación de la jueza Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la OA mediante el decreto 194/2026. Llega al organismo luego de dos años en los que la institución fue acusada de mirar para otro lado ante los escándalos más ruidosos del gobierno de Milei: desde el caso $LIBRA hasta los viajes de Adorni en el avión presidencial.

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El decreto que formalizó el cambio

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques firmó este viernes el decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual aceptó la renuncia de Alejandro Melik, con fecha 13 de marzo, y designó en su lugar a la doctora Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA).

Melik había llegado al cargo en diciembre de 2023, con el inicio de la gestión libertaria, de la mano del entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, con quien mantuvo un vínculo muy estrecho y del que fue secretario penal.

Melik: el titular que absolvió a Milei por $LIBRA

La actuación más recordada de Alejandro Melik al frente de la OA fue, paradójicamente, la que más daño le hizo al organismo en términos de credibilidad institucional.

En el marco del caso $LIBRA, el escándalo por la promoción presidencial de una criptomoneda fraudulenta que dejó a miles de inversores en ruinas, Melik firmó una resolución que interpretó el accionar de Javier Milei como «un acto de comunicación individual o privada». La conclusión generó un aluvión de críticas desde la oposición y sectores de la sociedad civil. Para muchos analistas, la OA no investigó: blindó al Presidente.

Perfil de Zangaro: trayectoria judicial y especialización en Derecho Penal

Gabriela Carmen Zangaro es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal. Realizó su doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó un posgrado en la Universidad Católica Argentina y se especializó también en Derecho Penal Tributario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Inició su carrera judicial en 1989. Desde 2003 se desempeñó como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Durante cuatro años integró el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Su perfil técnico es el que el Gobierno eligió exhibir como argumento de legitimidad. La pregunta que quedó suspendida en el aire fue si esa trayectoria se traduciría en voluntad real de investigar a los propios.

Los casos que la OA no investigó

Más allá del caso $LIBRA, la Oficina Anticorrupción acumuló durante la gestión de Melik un historial de omisiones que la oposición y organizaciones de la sociedad civil documentaron con detalle.

Entre los expedientes que gravitaron alrededor del organismo sin resolución visible:

  • Los viajes de Adorni en el avión presidencial. El jefe de Gabinete viajó a Nueva York en el marco de la «Argentina Week 2026» en la aeronave presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti. El uso de recursos del Estado para transportar familiares de funcionarios es materia de investigación preventiva para cualquier organismo anticorrupción activo. La OA guardó silencio.
  • La propiedad no declarada del entorno presidencial. Adorni se negó a dar explicaciones sobre una casa que habría adquirido su esposa en Exaltación de la Cruz mientras él ya ejercía como funcionario público, y evitó responder si el bien fue declarado ante la OA.
  • Incompatibilidades y conflictos de interés en el gabinete. Múltiples designaciones del primer año del gobierno libertario generaron alertas por posibles incompatibilidades entre cargos anteriores en el sector privado y las regulaciones de los organismos que los funcionarios pasaron a conducir. La OA no emitió dictámenes públicos relevantes al respecto.

El desafío institucional que Zangaro heredó

La Oficina Anticorrupción fue creada en 1999 bajo la presidencia de Fernando de la Rúa con el objetivo de prevenir e investigar hechos de corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. A lo largo de su historia, el organismo atravesó ciclos de mayor o menor activismo según la voluntad política de cada gobierno.

Zangaro asumió en un contexto en que la sociedad civil, la prensa independiente y sectores de la oposición tienen la lupa puesta sobre el organismo. La designación de Mahiques fue leída por algunos analistas como una señal de que el Gobierno quiso separarse de la imagen que dejó Melik. Otros optaron por el escepticismo: el mismo decreto que nombró a Zangaro le agradeció a Melik los servicios prestados.

Puntos clave

  • Gabriela Carmen Zangaro fue nombrada titular de la OA mediante el decreto 194/2026, firmado por el ministro Juan Bautista Mahiques.
  • Alejandro Melik presentó su renuncia, aceptada con fecha 13 de marzo. Había asumido en diciembre de 2023.
  • Bajo la gestión de Melik, la OA dictaminó que Milei no cometió irregularidades al promocionar $LIBRA, al interpretar sus tuits como «actos privados».
  • El uso del avión presidencial por parte del jefe de Gabinete y su esposa generó cuestionamientos que la OA no respondió públicamente.
  • Zangaro es jueza con más de 35 años de trayectoria, especializada en Derecho Penal, con formación en UBA, USAL y UCA.
  • La incógnita: si la nueva conducción actuará con independencia o replicará el rol de cobertura institucional que tuvo la gestión saliente.

Judiciales ⚖️

Reforma laboral: el Gobierno acudió a la Corte con un “per saltum” para destrabar la ley

A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revierta la suspensión de más de 80 artículos de la nueva norma. Con el argumento de la ‘gravedad institucional’, la administración libertaria intenta saltear las instancias inferiores tras el freno judicial obtenido por la CGT.

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El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera urgente en el conflicto por la reforma laboral. La movida judicial, impulsada por la Procuración del Tesoro que encabeza Rodolfo Barra, busca dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos clave de la Ley 27.802, tras un fallo del fuero laboral que hizo lugar a una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La estrategia oficial consiste en saltear las instancias judiciales intermedias para evitar el paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal al que el Ejecutivo cuestiona por su supuesta falta de competencia para decidir sobre una ley de alcance nacional. Según la presentación, la vigencia de la cautelar dictada a fines de marzo genera una situación de «gravedad institucional» y una incertidumbre jurídica que afecta la aplicación de una reforma considerada central por la administración de Javier Milei para la reactivación económica.

El choque de poderes en la Justicia

El recurso apunta a que la Corte Suprema declare la plena validez de la norma y unifique criterios ante la dispersión de fallos en distintos juzgados federales. Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso el pasado 27 de febrero y que el fuero laboral no puede erigirse como un bloqueador de políticas públicas nacionales. Los artículos en disputa afectan desde los períodos de prueba y los cálculos de antigüedad hasta las limitaciones al derecho de huelga y el sistema de aportes sindicales, puntos que la CGT denunció como violatorios de la libertad gremial y de los derechos constitucionales del trabajador.

Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos en un escenario de creciente presión sindical y conflictividad social. La Corte, que ahora tiene la última palabra, deberá definir si habilita el mecanismo excepcional del per saltum para tratar el fondo de la cuestión o si devuelve el expediente a las instancias previas, lo que prolongaría el freno a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas del ciclo libertario.

Puntos clave:

  • * El Ejecutivo presentó un «per saltum» ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
  • * La Procuración del Tesoro busca revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
  • * El Gobierno argumenta «gravedad institucional» ante el freno judicial obtenido por la CGT.
  • * El recurso intenta saltear la Cámara del Trabajo para obtener una resolución inmediata del máximo tribunal.
  • * La disputa se centra en cambios sobre indemnizaciones, períodos de prueba y derechos sindicales.

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