El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó la actualización 2023 del Ranking de Eficacia Político-Criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina, que midió la calidad de las respuestas judiciales en los casos penales ingresados.

De acuerdo con el informe, “solo entre el 1% y el 17% de los casos penales reciben una respuesta de calidad”, es decir, un fallo condenatorio, una suspensión del juicio a prueba o un acuerdo reparatorio que garantice algún tipo de tutela efectiva a las víctimas.

El estudio se basó en datos oficiales aportados por los Ministerios Públicos Fiscales de la mayoría de las provincias, con excepción de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, que no respondieron los requerimientos de información ni publicaron estadísticas, a pesar de contar con sistemas acusatorios consolidados.

Falta de transparencia y baja rendición de cuentas

El INECIP advirtió que la ausencia de datos por parte de algunos ministerios fiscales representa “una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

“Además, evidencia un desinterés institucional por rendir cuentas a la ciudadanía sobre la capacidad de dar respuestas a las víctimas”, señaló el documento.

El organismo explicó que el propósito del ranking es concientizar a las autoridades judiciales sobre la importancia de producir y difundir estadísticas que permitan evaluar el desempeño del sistema penal. “La mayoría de los Ministerios Públicos sigue sin publicar, y a veces sin siquiera producir, datos básicos sobre su desempeño”, agregó.

Desempeño desigual y falta de planificación penal

El relevamiento incluyó variables como la proporción de casos resueltos, la transparencia institucional y la existencia de políticas de persecución penal planificadas. Según el informe, la mayoría de los ministerios no cuenta con una planificación formal ni publica indicadores sobre su trabajo.

“De hecho, la mayoría de ellos no publica ningún tipo de dato. Tampoco cuentan con ningún tipo de planificación de su política de persecución penal, ni siquiera generales”, advirtió el documento.

Los investigadores subrayaron que esta falta de eficacia y de rendición de cuentas pone en riesgo “el efectivo cumplimiento de la prohibición de autotutela”, es decir, la obligación del Estado de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia privada.

“Es necesario que los MPF incorporen esta preocupación y asuman con seriedad el deber que tienen en el marco de un sistema democrático que les asigna funciones fundamentales. Se trata, en última instancia, de contribuir a la pacificación y a la consolidación de las democracias en nuestro país”, concluyó el informe.