El abogado y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, afirmó que se constataron «asesinatos, torturas y desapariciones forzadas» en Ecuador, al participar en el pleno de la Asamblea Nacional que analiza el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso.

El dirigente social, que es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, se encuentra en la ciudad de Quito como parte de una Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos que integran juristas, organizaciones sociales y de derechos humanos que acudieron expresamente para «constatar violaciones» en esa materia durante el paro nacional protagonizado por los movimientos indígenas.

«Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Hemos podido escuchar declaraciones que automáticamente se convertían en una invitación a lo que podríamos denominar comandos civiles para que enfrenten por cuestiones de clase y de raza a los manifestantes», expresó Grabois en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador.

El dirigente social también denunció haber recibido «un mensaje intimidatorio» por parte de la Policía ecuatoriana a través de Twitter y exhortó a que «todos los poderes del Estado tomen conciencia de la importancia de garantizar la paz», se informó en un comunicado.

A su vez, los funcionarios ecuatorianos le expresaron que «todas las organizaciones originarias y todos los dirigentes incluyendo los más estigmatizados no eran responsables de sus desmanes».

En el reporte difundido por la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos se informó de la constatación de violaciones a los derechos humanos, entre ellas, el asesinato de cinco personas a manos de las fuerzas represivas, «con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal», que incluyeron disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos «a corta distancia y en zonas vitales».

También se detalló que hubo 132 detenciones arbitrarias por «por ejercer el derecho a la protesta»; «secuestro, persecución y planificación de atentados» en contra de la integridad de líderes indígenas y sociales; violación a las garantías judiciales y de acceso a la justicia de ciudadanos; negación de atención médica «por motivos raciales y anti-indigenistas»; y «censura y bloqueo mediático de la información», entre otras.

Por su parte, el presidente de Ecuador levantó ayer el estado de excepción que regía en las seis provincias más afectadas por las protestas indígenas contra su Gobierno, pocas horas después del primer acercamiento con representantes del movimiento que lleva adelante las movilizaciones y mientras el Parlamento debatía su destitución, a pedido de la oposición.

El mandatario decretó «la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura».

El presidente dijo que con su decisión ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades.