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Judiciales

La familia de Lucio pedirá juicio político a la jueza Pérez Ballester

También demandarán al personal de Salud por la inacción, descartando responsabilidad de la escuela a la que asistía el niño.

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El abogado de la familia de Lucio Dupuy, el niño asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, anticipó hoy que hará una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Salud provincial y pidió que sea sometida a juicio político la jueza Ana Clara Pérez Ballester por otorgarle la tenencia del niño a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien es sometida a juicio por el crimen, junto a su pareja, Abigail Pérez.

José Mario Aguerrido cuestionó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no investigar a la jueza Pérez Ballester, anticipó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Salud y descartó responsabilidades en el área de Niñez y Adolescencia y Educación de esa provincia.

«Vamos a tener un año arduo con todo lo derivado con el tema Lucio. Vamos a solicitar investigación criminal para determinar si en el ámbito de Salud hay funcionarios que tienen responsabilidad penal, en referencia a los que pudieran haber abordado a Lucio en las ocasiones en que entró traumatizado a distintos lugares«, dijo el letrado de la familia.

Al ser consultado al respecto, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, dijo a que no hablarán mientras se haga la investigación: «No hacemos declaraciones sobre temas judiciales», aclaró.

Aguerrido anticipó que no tiene pensado accionar contra el Ministerio de Educación pampeano. «La escuela no va a ser denunciada. Una maestra no está capacitada para determinar con un dibujo si un niño es maltratado o abusado. Eso surgió del mismo juicio, por declaraciones de una psicóloga y de una maestra». 

«Hay otra cuestión, cuando Lucio era maltratado, era sustraído de su cotidianeidad. Una mamá declaró en el juicio que Lucio no faltaba mucho, pero cuando faltaba, faltaba muchos días. Y en el chat entre ellas (las acusadas) se lee que había un maltrato y estaba todo este manejo, este armado, de no sacarlo y no mostrarlo cuanto tenía algún golpe, de decirle que tenía que contar que se había caído jugando a la pelota, de un árbol. Incluso, la misma familia paterna nunca advirtió nada. No tenemos elementos para decir que hubo responsabilidad en Educación«, explicó.

También descartó denunciar a los responsables de Niñez y Adolescencia porque «no funcionaron las alarmas de salud, nunca se enteraron de un chico maltratado. El sistema de protección de niñez y adolescencia, no tuvo nada que ver porque nadie les avisó. No es que no hicieron nada, nunca la pusieron en conocimiento de un chico maltratado. No hicieron nada porque no sabían nada. El nudo de la cuestión está en salud», insistió.

Por otra parte, Garrido cuestionó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no «iniciar un juicio político por unanimidad a la jueza Clara Pérez Ballester», que le dio la tenencia de Lucio a la madre luego de dos años de ausencia.

«Los que tienen que llegar a la jueza son los 30 diputados. Una provincia que se crea institucionalmente sana tiene que determinar de manera unánime en la Cámara de Diputados la realización de un juicio político a la jueza Pérez Ballester. A mí me llama la atención que muchos diputados y diputadas se llenan la boca hablando de los niños y no hicieron nada», declaró. 

«Por lo menos hay que investigarla. Darle la posibilidad para que dé las explicaciones, pero hay que hacer el juicio (político). Es grave lo que pasó en (General) Pico con Lucio, se le cambió al chico el centro de vida, hablan de un acuerdo, de reintegrar un chico a una madre que en los últimos dos años había abandonado al hijo para irse de mochilera«, enumeró.

«Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados. Esta mujer (por Espósito Valenti) los amenazó con denunciarlos por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y lo más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente. Hay elementos para plantear un juicio político y tiene que ser unánime. No es una cuestión de bloques, es una política de Estado. No jodamos con la protección de los chicos, de eso se trata», reclamó.

Aguerrido agregó que «esto no es contra uno o contra otros, nos importa muy poco de qué partidos son. No sé qué esperan los diputados de la provincia de La Pampa. ¿Qué está esperando el Poder Ejecutivo para pedir el juicio político? ¿Pretenden que el juicio político lo pida la familia Dupuy? Y a lo mejor nos vemos obligados a eso. Si les interesa la protección integral de los niños y las niñas, trabajen en consecuencia», destacó.

Sobre la posibilidad de demandar a la provincia ante organismos internacionales, el abogado dijo: «Estamos trabajando, analizando la posibilidad de denunciar al Estado pampeano en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y en un organismo de Niñez que hay en Europa. Vamos a plantear la vulneración de los derechos de Lucio en todos esos lugares».

Luego adelantó que el día del veredicto, que se conocerá el 2 de febrero próximo, se presentará a las 12 en el tribunal de Santa Rosa la audiencia en la que está previsto que se dé a conocer si las acusadas son «culpables o no culpables» del homicidio agravado por el vínculo y abuso sexual de Lucio.

«Hay varias personas que quieren acompañarnos», dijo al referirse a que para ese día se viralizó en redes sociales una convocatoria para acompañar a la familia del niño en el momento de la sentencia. 

«Desde hace tiempo la lectura de sentencia es una formalidad en La Pampa. Por lo general se carga en el sistema y no hay obligación de asistencia para las partes. El jueves 2 se darán a conocer las responsabilidades penales, pero no va a haber una pena, aunque todos sabemos que si se acepta alguno de los agravantes, ambas deberán cumplir perpetua«, explicó.

Respecto de la presencia de las imputadas el día del veredicto, Aguerrido anticipó que tiene «alguna referencia no oficial de que las acusadas no van a asistir, que van a esperar el fallo en el centro de detención de San Luis», donde están detenidas.

El Ministerio Público Fiscal acusó a Espósito Valenti de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.

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A Abigaíl Páez, en tanto, le imputó abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. 

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Judiciales

Procesan a deportista chileno por violación en el Cenard

El jugador de la selección de Chile de tenis de mesa, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente y competidora argentina, durante un torneo que se desarrollaba en 2017 en el Cenard quedó procesado con prisión preventiva, luego de su extradición al país

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Juan Pablo Lamadrid Barraza, el jugador de tenis de mesa de la selección chilena, fue procesado con prisión preventiva, al ser confirmada la medida por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, en la causa en la que se encuentra imputado por abuso sexual agravado, en perjuicio de una chica argentina, de 14 años, a la que violó durante un torneo de esa disciplina deportiva que se disputaba en las instalaciones del Cenard en diciembre de 2017.

La medida se fundamentó, entre otros considerandos, en que si Lamadrid Barraza  recupera la libertad “existe el riesgo de que hostigue a la víctima”, al rechazarse la apelación formulada por la defensa del tenista de mesa chileno. De esta manera, el joven de 25 años, continuará detenido, en principio hasta el juicio en su contra por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

De esta manera, quedó firme el procesamiento que le había dictado la jueza  Paula Verónica González, con el objetivo de que el imputado “no obstruya el accionar de la justicia y evitar que influya negativamente en las futuras declaraciones de la víctima”. «Existe el riesgo de que hostigue a la víctima a fin de que modifique su relato. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la damnificada hizo saber que recibe llamadas números privados u ocultos y que le dijeron «tené cuidado por donde te movés, Sabemos dónde estás y ya te vamos a encontrar», se indicó.

Además, evaluaron un potencial riesgo de fuga de Lamadrid Barraza debido a que su residencia habitual, el asiento de su familia y su trabajo se encuentran en Chile, hacia donde escapó y estuvo escondido, cuando se libó la orden de captura en su contra.

Cabe recordar que todo ocurrió el 14 diciembre de 2017 y denunciado el año pasado por la propia víctima, quien por entonces tenía 14 años, en un expediente que tramitó ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

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