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En junio llega al país el avión usado en la ESMA para los «vuelos de la muerte»

El avión con el que fueron arrojadas vivas al mar doce personas secuestradas en la Escuela Mecánica de la Armada, entre ellas tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, es utilizado en los Estados Unidos para hacer paracaidismo.

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Durante la segunda mitad de junio regresará a la Argentina el avión Skyvan PA-51 desde el que en la última dictadura fueron arrojadas vivas al mar las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco.

Cecilia De Vincenti, hija de Villaflor, una de las gestoras de la repatriación de la nave, destacó los trámites que debieron realizar y cómo un avión usado en los «vuelos de la muerte» puede ser antídoto contra el negacionismo.

El avión con el que fueron arrojadas vivas al mar doce personas secuestradas en la Escuela Mecánica de la Armada, entre ellas tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, es utilizado en los Estados Unidos para hacer paracaidismo.

La siniestra asimetría -la de arrojarse al vacío con paracaídas y la de ser tirado con fines de exterminio- acaba de ser reparada por el Estado argentino, que en la segunda quincena de junio repatriará la aeronave para transformarla en un símbolo de memoria.

Las gestiones empezaron con el fin de la pandemia. Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, recibió un llamado telefónico de Mabel Careaga, hija de otra Madre desaparecida, Esther Ballestrino de Careaga, en el que le propuso: «¿Y si empezamos a hacer las cosas para que el avión vuelva?»

Después de aquel llamado, Cecilia y Mabel fueron a ver a la Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Taty Almeida, quien no dudó en acompañarlas para pedir la repatriación. El grupo, al que se sumó Héctor Francisetti, marido de Mabel, recorrió despachos oficiales e incluso llegó al propio presidente Alberto Fernández.

«El mismo día que se esparcieron las cenizas de Hebe (de Bonafini) en la Plaza de Mayo -recuerda De Vincenti- tuvimos la reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, la última puerta que nos quedaba por golpear. Mientras nosotros hablábamos él leía lo que le habíamos llevado, la patente del avión y los demás datos de los que disponíamos. Recuerdo que tenía el celular en la mano y de golpe nos dice: el avión voló la semana pasada».

«Denme una semana y yo les confirmo por sí o por no. Y a la semana nos llamó y nos dijo que sí. Después tuvimos dos reuniones. Quizás era quien menos conocía la historia de nuestras madres. De hecho, se la tuvimos que contar nosotras. Pero él lo tomó como parte de los derechos humanos, como parte de lo que había que hacer, y lo hizo», completa Cecilia. Finalmente el Estado argentino compró el Skyvan PA-51.

El avión «seguía en Estados Unidos, donde lo habían encontrado (el fotógrafo Giancarlo) Ceraudo y (la titular de la Defensoría del Público y exdetenida en la ESMA Miriam) Lewin, pero ahora en Chicago. Y lo estaban usando para hacer vuelos para paracaidistas. Tremendo, ¿no? Porque desde ahí tiraron gente durante la dictadura y ahora la seguían tirando, pero con paracaídas», contó.

El Skyvan estará en la Argentina en la segunda quincena de junio, una vez que sus últimos dueños terminen de acondicionarlo. El avión fue adaptado para diversas funciones que cumplió después de que fuera vendido a una empresa estadounidense en los ’90: correo interno, tareas de riego, fumigación y paracaidismo.

La Prefectura Naval Argentina había comprado el Skyvan junto a otros cuatro, en 1971. Dos fueron destruidos durante la Guerra de Malvinas once años más tarde y los restantes se vendieron fuera del país en 1994.

«El nuevo dueño, por ejemplo, le puso una puerta automática, que no tenía, y le sacó la plaquita del número en la puerta. También le hizo parte del motor. Ahora están terminando de restaurar todo lo que se pueda del modelo original para que pueda volar de regreso. Lo demás se va a hacer acá», cuenta De Vincenti.

Más allá del aspecto del avión, recuperarlo tiene un fuerte valor simbólico, destaca: «Traer el avión es importante porque sigue habiendo gente que niega la historia. El secuestro de las Madres prueba todo: que hubo un plan sistemático, que se las llevaron, que estuvieron en la ESMA, que las tiraron vivas desde un avión, que estuvieron como NN en el cementerio de General Lavalle, que pudimos recuperar los cuerpos», dijo.

«Tener el avión -agrega- es poder decir ‘acá te mostramos absolutamente todo’, porque acá estuvieron y este fue el avión que usaron en los vuelos de la muerte».

A las Madres arrojadas al mar desde esa nave se las llevaron casi juntas. El operativo en la Iglesia de la Santa Cruz -en el barrio porteño de San Cristóbal- fue el 8 de diciembre de 1977 y a Villaflor la secuestraron en la puerta de su casa dos días después.

«Primero secuestran a dos Madres, a Esther Ballestrino de Careaga (mamá de Mabel) y a María Ponce de Bianco, y también a la monja francesa Alice Domon junto con cuatro personas más. Y el 10 de diciembre por la mañana, después de que sale la solicitada pidiendo saber la verdad sobre los desaparecidos, vinieron a buscar a mi madre y a la otra monja francesa, Leonie Duquet», recuerda Cecilia.

Agregó que «mi mamá no estaba en la Santa Cruz. Estaba juntando fondos en otra iglesia. Cuando llega (el represor Alfredo) Astiz (que se había infiltrado en 1977) y pregunta dónde está Azucena, le dicen que ahí no estaba. Ella no iba a la iglesia de la Santa Cruz, iba a Plaza de Mayo. Ella propuso, por primera vez un 30 de abril de 1977, ir a la Plaza. Lo que querían saber era qué había pasado con sus hijos y presentarle una carta a (el dictador Jorge) Videla para saber dónde estaban».

«A mi hermano Néstor lo secuestran el 30 de noviembre de 1976. En las recorridas por los cuarteles, las comisarías, el vicariato castrense, mi mamá empieza a ver a otras mujeres como ella. A principios de abril del ’77 se cruza a Marcos Zucker, en ese momento era un actor muy conocido, que sale llorando del Vicariato, donde le dicen que su hijo está muerto. Creo que fue ahí que mi mamá dijo: ‘No estemos más separadas, vayamos todas juntas a la Plaza’ «, evoca.

Villaflor fue a la Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977, cinco meses después de la desaparición de su hijo. Estaba junto a otras trece madres y querían que la dictadura les dijera qué había hecho con sus hijos.

«Cuando llegan a la Plaza el 30 de abril -relata De Vincenti- las Madres se dan cuenta de que es sábado y de que hay poca gente. Entonces dicen, vayamos los viernes. Y otra Madre dice no, los viernes es día de brujas, que sea los jueves. Y comienzan a concentrarse todos los jueves alrededor del monumento a Belgrano, que está más cerca de la Casa Rosada. Después empiezan a ser tantas que se reúnen en la Pirámide de Mayo».

Villaflor fue secuestrada, desaparecida y arrojada viva al mar casi ocho meses después. Cuarenta y cinco años más tarde, el avión utilizado para su «traslado» regresará al país. Cecilia imagina ese avión como «como parte de la historia a contar en la exESMA; me imagino a las escuelas, a la gente que vaya a visitarla, y poder mostrarles en ese avión el sistema perverso de la represión».

La aeronave es así más que un aparato, que un montón de metal. «Para nosotros es normal hablar de los desaparecidos, saber que fueron secuestrados y que no volvían a sus casas. No sé si será así dentro de 20 años. Con el Skyvan acá será una forma de mostrar que los subían a un avión, los tiraban en medio del mar y que las madres, que eran obstinadas y querían mostrar lo que pasaba, salieron. Pero no todos los cuerpos lo hicieron».

Cecilia encontró el cuerpo de su madre en 2003. Estaba enterrado junto a otros siete en el cementerio de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, y recién puedo ser identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense dos años más tarde.

«Yo puse las cenizas de mi mamá en la Plaza de Mayo, mirando hacia la Casa de Gobierno, para que cualquier político que esté allí, y también el poder económico y religioso, no se olviden que los desaparecidos existen y que las Madres tuvieron una lucha pacífica y ejemplar», explica.

Sobre el retorno del avión, una experiencia diferente, dijo «no sé qué voy a sentir el día que vea el avión. Creo que las Madres que fueron secuestradas estarían contentas de que las hijas sigamos investigando qué les pasó y que todo el mundo lo sepa. Mi mamá estaría orgullosa de eso».

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Imputabilidad a los 14: qué pasó con el chico que detuvieron en la marcha universitaria

Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, a 40 días de la ley que bajó la edad de imputabilidad. Las versiones difieren sobre quién quedó imputado, y el Gobierno denunció atentado al orden constitucional pero los detenidos están acusados solo por resistencia.

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El Argentino Diario-Financiamiento Universitario-UBA-Universidades-Educación Superior.
A 40 días de la ley penal juvenil, utilizaron la legislación para detener a un chico de 14 años en la marcha universitaria.

Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, 40 días después de que entrara en vigencia la ley que bajó de 16 a 14 la edad de imputabilidad.

Ocurrió el jueves 15 de octubre frente al Congreso, al cierre de la quinta marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, informó 25 detenidos por fuerzas federales y ocho efectivos heridos; con los seis arrestos de la Policía de la Ciudad, el total llegó a 31. La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, reconstruyó la jornada en La García, el programa de Cynthia García en AM 530.

Qué se sabe del adolescente

Según la Policía de la Ciudad, dos de sus seis detenidos eran menores, de 14 y 17 años, y todos quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad; el de 14 fue entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La versión oficial lo señala por haber arrojado piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre, una acusación que deberá acreditarse en el expediente.

Verdú dijo que el chico de 14 años fue imputado por resistencia a la autoridad y liberado después, con la intervención de Correpi, autoridades escolares y familiares, y que los tres menores detenidos recuperaron la libertad ese mismo jueves. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó, en cambio, que el de 14 permaneció retenido dos horas y que el de 17 fue imputado por resistencia. Las versiones difieren sobre cuál de los dos adolescentes quedó formalmente imputado y sobre cuántos menores fueron detenidos.

Verdú sostuvo que los efectivos lanzaron gases mientras el acto seguía y los manifestantes estaban frente al palco. “No tienen interés en disuadir hechos de violencia durante la marcha; el esquema es represivo”, afirmó, y planteó que “estamos viviendo un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.

La ley, a 40 días de su estreno

La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo de 2026, rige desde el 5 de septiembre y reemplazó el régimen de 1980. Fija la responsabilidad penal desde los 14 años, prevé respuestas que van de medidas educativas y reparación del daño hasta penas privativas de la libertad, con un máximo de 15 años, y prohíbe la prisión perpetua. Como los hechos de la marcha ocurrieron después de esa fecha, en principio ambos adolescentes quedan comprendidos por el nuevo régimen.

El día de su entrada en vigencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”. Dos días después, una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días su aplicación en la Provincia de Buenos Aires, y el 15 de septiembre la Cámara de Apelación y Garantías de ese departamento judicial revocó la medida y la declaró inadmisible. Un chico de 14 años detenido en una marcha educativa es el tipo de caso que pone la ley a prueba, aunque su situación procesal todavía no está clara.

Los cargos y el relato oficial

Los cuatro adultos que seguían detenidos el viernes 16 están acusados por el artículo 239 del Código Penal, resistencia o desobediencia a un funcionario público, con penas de quince días a un año de prisión. Es un delito excarcelable y uno de los de menor escala del código. Verdú lo resumió así: “O sea, protestar porque los fueron a detener”.

El Ministerio de Seguridad, en cambio, denunció resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional, y sostuvo que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba. Según reconstruyó la prensa local, la sesión especial que pedía la oposición se cayó por falta de quórum a las 14.44, los primeros choques empezaron cerca de las 16 y la mayor parte de los incidentes se produjo después del acto de cierre. Hasta el viernes 16, los imputados lo estaban solo por resistencia o desobediencia, y no por atentado al orden constitucional ni por daño agravado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que no había que dar quórum para sostener el DNU 70/23, que definió como una de las columnas del Gobierno, y llamó “delincuentes, violentos y energúmenos” a quienes protagonizaron los incidentes. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, los describió como “grupos de tareas”, una expresión que remite a las patotas de la última dictadura. Monteoliva habló de “los mismos violentos de siempre”. Manifestantes denunciaron infiltrados, y Torrendell no respondió directamente cuando le preguntaron por esas versiones.

La CPM presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional y las autoridades del Comando Unificado de seguridad nacional y porteña por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según su informe, 50 trabajadores de prensa y 15 integrantes de la propia comisión resultaron heridos.

Un patrón conocido

Tras la protesta del 12 de junio de 2024 por la Ley Bases hubo 33 detenidos acusados de delitos contra el orden constitucional; semanas después, la jueza María Servini dictó la falta de mérito para 28 por lo que describió como “orfandad probatoria”. En febrero de 2026, después de los incidentes en la marcha contra la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad denunció hechos agravados por finalidad terrorista y difundió nombres y fotos de una veintena de personas. Ocho meses después, la causa quedó reducida a cuatro imputados, ninguno de los cuales figuraba en esa lista.

Lo que tenés que saber:

  • Un adolescente de 14 años fue detenido el 15 de octubre en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria.
  • La Policía de la Ciudad y Correpi lo dan por imputado; la CPM informó que estuvo retenido dos horas.
  • La Ley 27.801 rige desde el 5 de septiembre y fijó la imputabilidad desde los 14 años.
  • La denuncia oficial habla de atentado al orden constitucional, pero los imputados lo están solo por resistencia o desobediencia.
  • La CPM denunció penalmente a autoridades nacionales y porteñas por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
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