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Judiciales ⚖️

La Justicia rechazó la excarcelación de los detenidos del grupo Revolución Federal

En línea con la opinión del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile podrían poner en riesgo la investigación.

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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó excarcelar a los cuatros integrantes de Revolución Federal detenidos en el marco de una causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia y por formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor.

En línea con la opinión del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado consideró que los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile -hija de Alfio “Coco” Basile, ex entrenador de la Selección Argentina- podrían poner en riesgo la investigación, al punto de intentar amedrentar a los testigos, en caso de recuperar la libertad.

En el caso de Basile, el magistrado sostiene en su resolución que «el material recolectado a lo largo de la instrucción deja al descubierto el escaso apego a las normas» por parte de la imputada, y eso «lleva a presumir que, en caso de recuperar su libertad podría incluso colaborar en operatorias dedicadas a amedrentar víctimas y testigos».

«Todo ello se torna verosímil si se considera el temor generado en primer lugar por la actividad pública desarrollada y que fue objeto de la agrupación (Revolución Federal) desde su formación y en particular, que el estudio de celulares y notebooks secuestradas en la causa, podría arrojar información sobre terceras personas aún desconocidas, quienes podrían recibir algún tipo de presión de parte de quienes se encuentran ahora detenidos».

Para el magistrado, el estado de libertad de Basile «en este momento de la instrucción, podría también entorpecer el resto de las diligencias peticionadas por el fiscal, las cuales, podrían guardar vinculación con los hechos investigados en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 del atentado a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».

Moral, Sosa, Guerra y Basile fueron detenidos el jueves pasado por orden de Martínez de Giorgi, quien instruye en una causa que se sigue por las amenazas que el grupo Revolución Federal realizó contra la Vicepresidenta, y se analiza si este espacio pudo tener alguna vinculación con las personas que se encuentran detenidas por haber intentado asesinar a la exmandataria el pasado 1 de septiembre.

Ayer, al declarar ante el juez, Morel, sostuvo el no tuvo «la culpa» de que «un loco» haya querido matar a a Fernández de Kirchner y negó las acusaciones en su contra, según aseguraron fuentes de su defensa.

Morel fue el segundo en prestar declaración indagatoria después de que lo hiciera Sabrina Basile, mientras que los otros dos detenidos, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, se negaron a declarar, según informaron a Télam fuentes judiciales.

«No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta», dijo Morel durante la exposición que hizo en el marco de su indagatoria, en la que se refirió a cómo era la vida interna de Revolución Federal y al tenor de sus manifestaciones públicas, según señalaron las fuentes consultadas.

Allí también explicó que después de que Fernando André Sabag Montiel intentara asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, Revolución Federal decidió parar con sus manifestaciones porque no había «clima» como para seguir.

Antes que Morel había declarado Basile, quien también negó haber cometido algún delito y reclamó que su pedido de excarcelación se tramite de modo urgente porque está encargada de cuidar a su padre.

Asistida por el abogado Martín Sarubbi, Basile explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.

Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a la que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó -ante preguntas de su defensa y de la fiscalía- que Revolución Federal contara con algún tipo de financiamiento.

En ese contexto, aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus criticas no fueron solo al Gobierno nacional.

Basile aseguró que el funcionamiento de Revolución Federal era anárquico y negó tener vinculación con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta.

Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio» cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.

Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

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¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.

Puntos clave

  • Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
  • El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
  • El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
  • El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
  • En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.

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