Judiciales ⚖️
La Justicia rechazó la excarcelación de los detenidos del grupo Revolución Federal
En línea con la opinión del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile podrían poner en riesgo la investigación.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó excarcelar a los cuatros integrantes de Revolución Federal detenidos en el marco de una causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia y por formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor.
En línea con la opinión del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado consideró que los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile -hija de Alfio “Coco” Basile, ex entrenador de la Selección Argentina- podrían poner en riesgo la investigación, al punto de intentar amedrentar a los testigos, en caso de recuperar la libertad.
En el caso de Basile, el magistrado sostiene en su resolución que «el material recolectado a lo largo de la instrucción deja al descubierto el escaso apego a las normas» por parte de la imputada, y eso «lleva a presumir que, en caso de recuperar su libertad podría incluso colaborar en operatorias dedicadas a amedrentar víctimas y testigos».
«Todo ello se torna verosímil si se considera el temor generado en primer lugar por la actividad pública desarrollada y que fue objeto de la agrupación (Revolución Federal) desde su formación y en particular, que el estudio de celulares y notebooks secuestradas en la causa, podría arrojar información sobre terceras personas aún desconocidas, quienes podrían recibir algún tipo de presión de parte de quienes se encuentran ahora detenidos».
Para el magistrado, el estado de libertad de Basile «en este momento de la instrucción, podría también entorpecer el resto de las diligencias peticionadas por el fiscal, las cuales, podrían guardar vinculación con los hechos investigados en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 del atentado a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».
Moral, Sosa, Guerra y Basile fueron detenidos el jueves pasado por orden de Martínez de Giorgi, quien instruye en una causa que se sigue por las amenazas que el grupo Revolución Federal realizó contra la Vicepresidenta, y se analiza si este espacio pudo tener alguna vinculación con las personas que se encuentran detenidas por haber intentado asesinar a la exmandataria el pasado 1 de septiembre.
Ayer, al declarar ante el juez, Morel, sostuvo el no tuvo «la culpa» de que «un loco» haya querido matar a a Fernández de Kirchner y negó las acusaciones en su contra, según aseguraron fuentes de su defensa.
Morel fue el segundo en prestar declaración indagatoria después de que lo hiciera Sabrina Basile, mientras que los otros dos detenidos, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, se negaron a declarar, según informaron a Télam fuentes judiciales.
«No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta», dijo Morel durante la exposición que hizo en el marco de su indagatoria, en la que se refirió a cómo era la vida interna de Revolución Federal y al tenor de sus manifestaciones públicas, según señalaron las fuentes consultadas.
Allí también explicó que después de que Fernando André Sabag Montiel intentara asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, Revolución Federal decidió parar con sus manifestaciones porque no había «clima» como para seguir.
Antes que Morel había declarado Basile, quien también negó haber cometido algún delito y reclamó que su pedido de excarcelación se tramite de modo urgente porque está encargada de cuidar a su padre.
Asistida por el abogado Martín Sarubbi, Basile explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.
Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a la que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó -ante preguntas de su defensa y de la fiscalía- que Revolución Federal contara con algún tipo de financiamiento.
En ese contexto, aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus criticas no fueron solo al Gobierno nacional.
Basile aseguró que el funcionamiento de Revolución Federal era anárquico y negó tener vinculación con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio» cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.
Investigación 🔎
El fallo que cerró la puerta a las víctimas de $LIBRA lo firmó un juez propuesto por Milei, un día después de su jura
La Sala I ratificó el criterio del juez Martínez de Giorgi y apartó a los cinco afectados que intentaban ser querellantes. El tribunal sostuvo que compraron un activo volátil y asumieron el riesgo de manera consciente. El caso queda exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por la lentitud del proceso. El fallo lo firmó Pablo Bertuzzi, recién jurado el día anterior a propuesta del gobierno de Milei.
Quienes buscaban ser reconocidos como víctimas con derecho a impulsar la acción penal son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, este último el inversor que en audiencias previas ante el mismo tribunal describió la maniobra como una «estafa monumental» de 286 millones de dólares con 84.000 damnificados en el mundo. El fallo les cierra esa vía y deja la investigación en manos exclusivas del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado públicamente por las propias partes afectadas por la parsimonia con la que conduce el expediente.
El argumento del tribunal: el riesgo era conocido
En el fallo, Llorens y Bertuzzi compartieron la tesis de Martínez de Giorgi según la cual la operatoria cripto «se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito». Para los magistrados, quienes adquirieron el token asumieron conscientemente las consecuencias de esa apuesta, y la pérdida patrimonial sufrida no es más que el resultado lógico de ese riesgo voluntariamente aceptado.
Los jueces también rechazaron la hipótesis central de los afectados: que la maniobra fue diseñada «desde las altas esferas gubernamentales» junto con un grupo de desarrolladores de criptoactivos, mediante un ardid doloso destinado a provocar una disposición patrimonial perjudicial. Según el tribunal, esa versión «se encuentra diluida» ante el material probatorio reunido hasta el momento. Ninguno de los apelantes logró demostrar, a los fines de su legitimación, la existencia de una afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a comprar el token, ni la conexión entre esa supuesta maniobra y el daño patrimonial que alegan haber sufrido.
Bertuzzi: el juez recién llegado y ya comprometido
El dato político más saliente del fallo no es jurídico sino institucional. Pablo Bertuzzi prestó juramento como juez de la Sala I el jueves, un día antes de firmar la resolución que perjudica a los inversores damnificados. Bertuzzi fue propuesto por el gobierno de Javier Milei para ocupar ese cargo, en el marco de las negociaciones que definieron la integración del tribunal que tiene en su órbita la causa que involucra directamente al Presidente. Pablo Yadarola, el otro magistrado propuesto por el Ejecutivo, juró en la misma ceremonia pero no integró esta decisión.
La coincidencia temporal entre la jura de un juez oficialista y el fallo que beneficia al entorno presidencial no pasó inadvertida en el ambiente judicial ni entre los abogados de los afectados. La causa que investiga si hubo engaño en el lanzamiento de $LIBRA, un token que el presidente Milei promocionó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025 y que colapsó horas después, será juzgada en adelante por un tribunal cuya composición fue rediseñada con participación directa del Ejecutivo.
Taiano: el fiscal que no avanza
Con los querellantes afuera, la instrucción recae únicamente en el fiscal federal Eduardo Taiano, señalado por los propios damnificados y sus letrados como el principal obstáculo para el avance de la causa. Desde que el expediente se abrió en febrero de 2025, Taiano no solicitó indagatorias, no impulsó medidas de prueba sustanciales sobre la ruta del dinero y fue denunciado penalmente por encubrimiento por uno de los propios querellantes ahora excluidos. En ese expediente paralelo, el fiscal acusado de obstruir la investigación principal es, paradójicamente, el mismo que ahora queda como único impulsor de la causa original.
Las investigaciones previas de la Policía Federal argentina determinaron que el contrato del token $LIBRA se hizo público por primera vez con el posteo de Milei, descartando la versión oficial de que el lanzamiento era preexistente y el Presidente simplemente lo había difundido. Un contrato hallado en el celular del trader Mauricio Novelli, imputado en la causa y vinculado al círculo presidencial, proyectaba una tarifa de un millón y medio de dólares por un tuit del mandatario, dentro de un acuerdo global de cinco millones de dólares. Esos elementos probatorios forman parte del expediente del que Taiano, hasta ahora, no extrajo consecuencias procesales concretas.
Puntos clave
- La Sala I de la Cámara Federal ratificó el apartamiento de cinco inversores que buscaban ser querellantes en la causa $LIBRA.
- El tribunal sostuvo que quienes compraron el token asumieron voluntariamente el riesgo de un mercado sin regulación.
- Pablo Bertuzzi, propuesto por el gobierno de Milei, firmó el fallo apenas un día después de prestar juramento.
- La investigación queda en manos exclusivas del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por los afectados por la demora en la causa.
- Peritajes previos de la Policía Federal establecieron que el contrato de $LIBRA se publicó por primera vez con el tuit presidencial del 14 de febrero de 2025.
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