Un juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó las excarcelaciones para los siete imputados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge hace un mes, al tiempo que fueron trasladados al penal de Melchor Romero, donde permanecerán alojados en distintos módulos para evitar agresiones con quienes declararon en el marco de la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez de Garantías 4, Sebastián Monelos, no hizo lugar al pedido de excarcelación de los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba.

A los detenidos se les imputó como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio”, mientras que a Pilepich, Vargas, Contrera y Bomrad se les añadió el “falso testominio”.

En tanto, el juez Monelos le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fuera acusada del “encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave” luego de ser detenida en la misma vivienda donde se ocultó Pilelich, uno de los principales sospechosos de asesinar a “Lechuga” Pérez Algaba (41).

En sus argumentos, el magistrado indicó que los imputados “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”, basándose en el «´modus operandi´ llevado a cabo, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba”, “la peligrosidad y despliegue de medios demostrada por los mismos en la comisión de los hechos”, sumado al falso testimonio, lo que para el juez significó “un claro indicio de entorpecimiento probatorio”.

Voceros judiciales confirmaron que los siete imputados fueron trasladados ayer a la Alcaldía 3 de Melchor Romero, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Se trata de la misma unidad penal en la que se encuentran alojados los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Por su parte, las abogadas defensoras de Vargas, Lorena Blanco y Celeste Schenfeld habían presentado un habeas corpus para que el imputado no esté compartiendo celda con Pilepich y Córdoba, luego de que se anoticiaran de que los tres se encontraba alojado en una celda en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.

Las abogadas fundaron su pedido principalmente en el resguardo por “la integridad física y piscológica” de Vargas ya que “su declaración versa en contra los demás imputados en la causa”, y que “trabajó 16 años en la Policía Federal Argentina (PFA)”.

“En la DDI de Avellaneda no solo se encuentra en una celda junto a cinco personas más, sino que además allí se encuentra el principal acusado Maximiliano Pilepich y el imputado Horacio Mariano Córdoba, policía de la Ciudad de Buenos Aires, y por el que mi defendido ha declarado en contra de ellos en el marco de la causa”, indicaron los abogados en su escrito.

Vargas admitió en su indagatoria con lujo de detalles que el crimen de Pérez Algaba se cometió la tarde del 18 de julio en el establecimiento inmobiliario «Renacer» de General Rodríguez y que el autor fue Pilepich, quien lo ejecutó por la espada de dos balazos mientras lo hacía cambiar «unas lamparitas» quemadas en una de las oficinas.

«Ya está, no aguantaba más, hay límites», dice que dijo Pilepich tras concretar el crimen, en referencia a que el empresario le venía exigiendo que le pague una deuda de unos 150.000 dólares y que lo extorsionaba.

Vargas dijo que el cuerpo fue llevado en el auto Volskwagen Polo hasta la casa de Contrera, quien se encargó de descuartizarlo y arrojarlo al arroyo.

Además, agregó que la escena del crimen fue demolida y sus escombros arrojados en distintos lugares para borrar las pruebas y que todo el tiempo que se mantuvo prófugo fue por miedo.

En tanto, se espera que el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la causa, se expida con relación al pedido de la familia de “Lechuga” Pérez Algaba para que cite a declarar a la mediática Charlotte Caniggia (30), luego de que el imputado Córdoba la nombrara en su indagatoria.

El comisario de la Policía de la Ciudad sostuvo que el empresario lo citó en una oficina de Puerto Madero, «muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo ‘trading'», que según dichos de la propia víctima «se la había prestado Charlotte Caniggia», conocida mediáticamente por haber participado en distintos programas de televisión.

Según la investigación judicial, el comisario está señalado como quien le facilitó a Pilepich -el principal sospechoso del crimen de «Lechuga»-, el número de teléfono a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que se cree que utilizó en las horas previas y posteriores al homicidio para comunicarse con sus cómplices.

Por otra parte, el fiscal aguarda los resultados de las pericias realizadas a la camioneta Mercedes Benz G500 que fue utilizada por Pilepich el día del crimen y la madrugada posterior.

Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.

Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.

El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía «una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos».

Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio «Renacer» a cobrar esa deuda.

La desaparición del «Lechuga» fue denunciada al día siguiente por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.