Energía
Enargas afirma que no trabaja en la elaboración de un índice para indexar tarifas de gas
El ente salió de esta forma al cruce de versiones periodísticas que daban cuenta que el Enargas trabajaba en la elaboración de una fórmula de indexación de aplicación automática para las tarifas de gas.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aseguró hoy que que no se encuentra trabajando en la implementación de un índice para indexar mensualmente las tarifas de gas por redes.
El ente salió de esta forma al cruce de versiones periodísticas que daban cuenta que el Enargas trabajaba en la elaboración de una fórmula de indexación de aplicación automática para las tarifas de gas.
Desde el Enargas subrayaron que están llevando a cabo la etapa final de la renegociación tarifaria dispuesta por los decretos 1020/20 y 815/22.
Mediante un comunicado, explicaron que «en esta instancia, las Licenciatarias de Transporte y Distribución presentan propuestas de renegociación tarifaria que, entre otros aspectos, pueden incluir nuevas metodologías de actualización de la tarifa, que serán objeto de análisis».
En el marco de ese proceso, aseguró el Enargas, «no están previstas nuevas actualizaciones para las tarifas de transporte y distribución de aplicación para el presente año 2023».
En los acuerdos de renegociación tarifaria que vayan a suscribirse con las empresas prestadoras, el ente regulador tendrá la premisa de «resguardar las condiciones de justicia, razonabilidad y asequibilidad de las tarifas que se han sostenido a lo largo de todo el procedimiento iniciado en 2020».
En ese mismo marco, la versión periodística señaló que el organismo «elabora un Índice del Gas para indexar mensualmente las tarifas de forma automática» con la intención de «saldar la discusión técnica con las empresas».
La semana pasada, la secretaria de Energía, Flavia Royon, anticipó que «va a haber una actualización» de las tarifas de electricidad, luego de que «la semana que viene» se realice un estudio de «cómo la devaluación afecta el costo de la generación», pero no se refirió cómo se abordaría en el caso del gas por redes.
Medio Ambiente 🌱
La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó
El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.
Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.
Un proceso cuestionado desde el inicio
La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.
La trama Neuss-Caputo-Servimagnus
El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.
El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.
Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».
Las cifras de la entrega
Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.
Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.
El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.
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