DDHH
#24M: el Gobierno de Milei y Villarruel quiere imponer el negacionismo como política de Estado
El jefe de Estado, la vicepresidenta, ministros, funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza niegan a los 30.000 desaparecidos y reivindican el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.
El negacionismo, en sus múltiples formatos de expresión, se ubica hoy como la principal amenaza a la democracia y a los derechos humanos de la mano de un Gobierno que busca instalarlo como una política de Estado.
En 41 años de democracia nunca se había registrado que un presidente, en una apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y por cadena nacional, minimizara las consecuencias del terrorismo de Estado como hizo Javier Milei a principios de mes.
Refiriéndose al manejo de la pandemia, el presidente constitucional señaló que “si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad…”, recordó Somos Télam.
En esa ironía, el mandatario incurrió en una de las formas del negacionismo, que es disminuir el número de víctimas de un genocidio como una forma indirecta de cercenar el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia.
Veníamos de una época en la cual pensábamos que había cierto consenso con algunos temas esenciales que hacía a nuestro Estado de Derecho, a un ‘Nunca Más’ y, desde hace unos años, comenzaron a sentirse voces negacionistas”.
La definición de Milei no sorprendió a nadie, aunque impactó a todos, ya que en el debate con Sergio Massa había sostenido que “no fueron 30 mil” los desaparecidos. Dijo que fueron 8.753, sin precisar fuente ni criterio y habló de “excesos” de los militares “en guerra”, uno de los argumentos favoritos de los represores enjuiciados.
El negacionismo del presidente se complementa con el de su vice, Victoria Villarruel, quien saltó a la política conduciendo el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).
Además de parodiar en su denominación al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a las víctimas del terrorismo de Estado, el CELTYV se dedicó sistemáticamente a victimizar a los genocidas y a equiparar las acciones de grupos civiles con las de las Fuerzas Armadas, en un juego de relativizaciones que busca reducir o moderar el castigo para los crímenes de la Dictadura.
En este contexto, el abogado de Derechos Humanos Rodolfo Yanzón sostiene que “veníamos de una época en la cual pensábamos que había cierto consenso con algunos temas esenciales que hacía a nuestro Estado de Derecho, a un ‘Nunca Más’, a la vigencia de los Derechos Humanos, y a partir de ahí, desde hace unos años, comenzaron a sentirse voces negacionistas”.
Para este penalista, que llevó a juicio a numerosos represores, el problema es que “de ese negacionismo, lamentablemente, estamos pasando ahora a una etapa en la cual vemos la reivindicación de los crímenes”.
“La reivindicación de la tortura, la reivindicación de los campos de exterminio, la reivindicación de la persecución al que piensa distinto, la reivindicación del anticomunismo más feroz, una idea absolutamente perimida, típica de la Guerra Fría”, enumeró.
Más allá de las numerosas veces que Villarruel se refirió a los 70 como un fenómeno vinculado a la Guerra Fría, y caracterizó la violencia política reprimida a sangre y fuego por el Estado y bajo un gobierno ilegítimo como una “guerra sucia”, la estrategia negacionista se está radiando a otros referentes de la gestión Milei.
El principal responsable de las Fuerzas Armadas, el ministro Luis Petri, participó el miércoles pasado de la presentación de un libro que busca canonizar al coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y muerto por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975.
Para los sectores que apoyan y reivindican a los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, Larrabure es la víctima arquetípica, “torturado” por la guerrilla y que equipararía la ferocidad de las fuerzas regulares con la de los grupos insurgentes civiles.
“Vengo a pedir perdón por el olvido de la democracia con este héroe”, dijo el ministro del Gabinete nacional en la presentación del libro y añadió un elemento nuevo para un funcionario con rango de secretario de Estado: “Algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del 70″.
Petri practicó así una de las modalidades del negacionismo, el discurso victimizante que trastoca los lugares de las víctimas y los victimarios.
Si bien la memoria siempre fue un campo de batalla política, y lo seguirá siendo, los discursos negacionistas conllevan el peligro de ir generando una corriente de opinión que termine justificando acciones desde el poder contra minorías o disidentes.
Con mucha claridad planteó este riesgo la legisladora de la Ciudad de Buenos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, además de nieta recuperada, Victoria Montenegro: “Un 24 de marzo totalmente distinto. Por primera vez el peligro inminente de que la historia se repita”, dijo en la última sesión de la Legislatura.
“Hoy parece una moda nueva que acaba de llegar pero es más vieja que la injusticia: el enemigo interno, la otredad, el elemento a desaparecer, que era toda la militancia capaz de generar organización, lucha y transformación, para que nunca más pudiera surgir resistencia”, subrayó.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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