Seguridad social
Suspendieron por tres meses más de 22 mil Potenciar Trabajo
La resolución indica que los beneficiarios afectados pueden presentar un reclamo respaldado por la documentación correspondiente, que será evaluada por las autoridades.
El Gobierno nacional oficializó este la suspensión del pago por tres meses a más de 22.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habían realizado viajes al exterior, según determinó la justicia.
Así quedó establecido en la Resolución 82/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo María de la Torre.
En tanto, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano a «notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Se trata de un total de 22.501 titulares del programa Potenciar Trabajo, que perdieron «su condición de vulnerabilidad social» teniendo en cuenta «el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario», se indica en los considerandos de la norma publicada hoy.
Según se recuerda en el texto, el 5 de octubre de 2023 -durante la gestión anterior- la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló una denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior.
De esta manera quedó radicada una causa por supuesto «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en la secretaría Nro. 2 del Juzgado Federal Nro. 1, con intervención de la Fiscalía Federal 5.
Luego, el 22 de noviembre de 2023 se libró un oficio al entonces Ministerio de Desarrollo Social -que encabezaba Victoria Tolosa Paz- para «determinar quienes se encuentran cumpliendo los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad para ser beneficiario del mismo, así como todos los datos personales y laborales de los responsables de dicha área, desde el día de creación del beneficio mencionado hasta la actualidad», una solicitud que fue reiterada el 28 de diciembre de 2023, ya con el nuevo gobierno.
Según se detalla en la resolución, el 9 de enero pasado, el ministerio realizó una presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, de la ciudad, en donde «se requirió autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los Beneficiarios del Potenciar Trabajo» y la justicia libró un oficio autorizando el acceso al entrecruzamiento.
En ese entrecruzamiento de datos, se analizó que los viajes detectados hayan sido «mayor a 30 días a cualquier destino, y/o que el viaje haya sido en avión o crucero y/o que el destino del viaje haya sido fuera de la región de Latinoamérica».
La resolución indica que los beneficiarios afectados pueden presentar un reclamo respaldado por la documentación correspondiente, que será evaluada por las autoridades.
Si cumplido el plazo de tres meses desde la suspensión, no se presentó ningún reclamo, se resolverá el egreso del programa social.
Economía 💲
IDESA quiere contener jubilaciones y PAMI aunque su índice ya cayó 47 puntos
El instituto afirma que el gasto en vejez supera en 73% el nivel de los años 80 y propone reformas para contenerlo, pero su propio informe admite que los gobiernos lo licuaron con inflación y que el indicador cayó 47 puntos desde 2017.
Quien cobra la jubilación mínima recibe en octubre $505.748 entre haber y bono, una suma que queda por debajo de la línea de pobreza de un adulto. El haber mínimo se fijó en $435.748,51 tras un aumento de 1,66%, y a eso se suma el bono de $70.000, que se mantiene en ese valor nominal desde marzo de 2024. El INDEC midió en septiembre, su última medición, una línea de pobreza de $528.319 para un adulto equivalente, unos $22.500 más de lo que percibe ese jubilado.
Sobre ese piso, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) planteó en su Informe Nacional 1.196, del 18 de octubre, que son «imprescindibles reformas que contengan los gastos para la vejez». El documento parte de la crisis fiscal de Francia y compara después el gasto para la vejez (jubilaciones y PAMI) con el resto del gasto público, ambos como porcentaje del PBI.
Lo que midió IDESA
El instituto tomó el promedio de la década de 1980 como base 100. En 1995 el gasto para la vejez subió a 163 y el resto del gasto público bajó a 94; en 2017 llegaron a 220 y 137; y en 2024 retrocedieron a 173 y 105. De ahí sale el dato central: tras el ajuste del actual gobierno, el gasto no vinculado a la vejez quedó apenas 5% por encima del nivel de los años 80, mientras que el gasto en jubilaciones y PAMI sigue 73% por encima. La serie llega hasta 2024, de modo que no mide lo ocurrido en 2025 ni en lo que va de 2026.
Una baja que ya ocurrió
Entre 2017 y 2024 el índice del gasto para la vejez cayó 47 puntos, de 220 a 173. El propio instituto reconoce que la estrategia común de gobiernos de distinto signo fue licuar el gasto con inflación y manipular la fórmula de movilidad. El informe no desagrega cuánto de esa baja corresponde a cada gestión ni mide el poder adquisitivo de los haberes.
IDESA admite además que el PAMI nunca fue adaptado a la demografía desde su creación en 1971 y que todos los gobiernos aplicaron limitaciones de hecho en la cobertura, facilitadas por la derivación de la atención de los jubilados a los hospitales públicos provinciales.
Qué propone y a quiénes alcanza
La propuesta tiene dos ejes. El primero son las cuentas nocionales, un esquema en el que el haber depende de los aportes de toda la vida activa y de la expectativa de vida al retirarse, que según el instituto usan varios países avanzados. El segundo es convertir la pensión derivada, la que cobra quien sobrevive a un jubilado, en una cobertura voluntaria sujeta a un aporte especial. Para la salud, plantea que los jubilados mantengan la cobertura de su etapa activa y que las prestaciones del Programa Médico Obligatorio se adapten al financiamiento disponible.
Hacer voluntaria la pensión derivada y adaptar el PMO al dinero disponible apunta a reducir coberturas sobre un haber que ya queda por debajo de la línea de pobreza. Además, como las cuentas nocionales atan el haber a los aportes, quienes tuvieron trayectorias laborales informales, un problema que el propio IDESA reconoce como alto, recibirían jubilaciones menores.
El crecimiento y la reforma laboral, descartados
El instituto también rechazó que el crecimiento económico y la reforma laboral alcancen para resolver el problema: consideró un grave error demorar la adaptación del sistema con ese argumento, y sostuvo que el desafío no es solo de ingresos por la informalidad sino de gastos que crecen por la dinámica demográfica. Recordó, además, que la última reforma estructural del sistema previsional fue en 1993.
Lo que tenés que saber:
- Según IDESA, el gasto en jubilaciones y PAMI está 73% por encima del promedio de los años 80, con datos hasta 2024.
- El resto del gasto público quedó 5% arriba de ese nivel tras el ajuste.
- El índice del gasto para la vejez bajó de 220 en 2017 a 173 en 2024, según el propio informe.
- IDESA propone cuentas nocionales, pensión derivada voluntaria y adaptar el PMO al financiamiento disponible.
- La jubilación mínima de octubre con bono suma $505.748,51, y la línea de pobreza de septiembre para un adulto fue de $528.319, según el INDEC.
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