⬛ La eliminación temporal de retenciones para el complejo oleaginoso y cerealero hasta octubre de 2025 tendría un costo fiscal de US$ 1.000 millones, equivalente al 46% del superávit previsto para este año, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que pone en duda la sustentabilidad de la medida anunciada el lunes por el Gobierno nacional.

El estudio, que analiza el impacto de la quita de retenciones dispuesta por la administración de Javier Milei, calculó que el costo fiscal directo imputable al año 2025 sería de 0,15% del PBI, aproximadamente US$ 1.000 millones, descontando el efecto positivo en la recaudación del impuesto a las ganancias de 0,14% del PBI.

Riesgo para el equilibrio fiscal

La magnitud de la pérdida recaudatoria genera preocupación por su impacto en las metas fiscales. «La pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal que surge del Presupuesto 2026 de 0,3% del PBI», advierte el informe del IARAF, lo que comprometería especialmente el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Para dimensionar el costo de la medida, el instituto elaboró tres escenarios posibles basados en la estimación del valor de los stocks disponibles de soja y maíz:

Escenario 1: 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja
Escenario 2: 60% de maíz y 90% de soja
Escenario 3: 80% del stock de maíz y 80% del de soja

Pérdida directa de hasta US$ 1.600 millones

El análisis reveló que «dadas las alícuotas vigentes y las nulas dispuestas, la pérdida de recaudación directa (costo fiscal) de esta medida va desde US$ 1.460 millones hasta los US$ 1.600 millones, dependiendo del mix de liquidación que termine ocurriendo». En términos del PBI, el costo directo oscilaría entre 0,25% y 0,28% del producto.

Sin embargo, el estudio también identificó dos efectos indirectos que podrían compensar parcialmente la pérdida. El primero es una mayor base imponible del impuesto a las ganancias, ya que «los menores derechos de exportación aumentan la base imponible del impuesto a las ganancias y, por ende, su recaudación».

Transferencia de renta del Estado a productores

El segundo efecto indirecto surge de que «la renta que antes era capturada por el Estado pasa a los productores». Según el modelo utilizado por el IARAF, «parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general».

Considerando estos efectos compensatorios, particularmente el aumento en la recaudación del impuesto a las ganancias tras la distribución por coparticipación (aproximadamente 8% de la reducción de derechos de exportación), el costo fiscal neto para el gobierno nacional se reduciría a 0,26% del PBI en el primer escenario, 0,24% en el segundo y 0,23% en el tercero.

La medida, que busca incentivar la liquidación de divisas del sector agroexportador, genera interrogantes sobre su sostenibilidad en un contexto donde el Gobierno mantiene un estricto control del gasto público y compromisos fiscales con organismos internacionales.

Puntos clave:

• El costo fiscal directo de eliminar retenciones alcanzaría US$ 1.000 millones en 2025
• La pérdida equivale al 46% del superávit fiscal previsto en el Presupuesto 2026
• El impacto podría comprometer el acuerdo con el FMI
• La recaudación por ganancias podría compensar parcialmente la pérdida
• La medida transfiere renta del Estado hacia los productores agropecuarios