Economía 💲
Otro revés judicial para los ricos que no quieren pagar el Aporte Solidario
Un fallo rechazó la demanda. El supuesto damnificado no pudo presentar pruebas.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa rechazó una demanda contra la validez de la ley que creó el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” de Covid-19, según consignaron fuentes judiciales.
La sentencia de primera instancia fue dictada ante el juicio promovido contra el Ministerio de Economía por S.O.P., quien sostuvo que el aporte creado por la ley 27.605 es confiscatorio y afecta el derecho constitucional a la propiedad.
Según fuentes vinculadas con la causa, el demandante no produjo pruebas sobre la magnitud de cuanto habría sido su eventual perjuicio, que el aporte sea desproporcionado o le resulte una exigencia patrimonial insoportable.
Para el magistrado, la norma fue aprobada por el Congreso Nacional dentro de sus facultades para reglamentar el derecho de propiedad y establecer cargas económicas a los ciudadanos.
El fallo, tras consideraciones desarrolladas en más de medio centenar de carillas, ponderó las facultades del Estado para imponer cargas en situaciones de emergencia.
La resolución expuso que confiscación es desapoderamiento de bienes sin sentencia fundada en ley y no puede ser asimilada al “Aporte”, que fue sancionado por el Congreso de la Nación en el marco de sus facultades constitucionales.
Buenos Aires
Desalojo en Chapadmalal: orden judicial y tensión por la posible privatización
La medida fija un plazo de diez días para abandonar el predio y alcanza a unas 50 personas. El complejo, con nueve hoteles históricos, quedó en el centro de una disputa por su concesión a largo plazo y su futuro como espacio de turismo social.
Lo que tenés que saber
- La Justicia ordenó el desalojo del complejo turístico ubicado al sur de Mar del Plata
- Trabajadores que residen en el predio fueron intimados a retirarse en un plazo determinado
- El gremio estatal presentó un recurso para intentar frenar la medida
- El Gobierno impulsa una concesión del lugar para inversión privada
- El histórico espacio fue creado para facilitar vacaciones a familias trabajadoras
Orden judicial y plazo para abandonar el predio
La Justicia bonaerense dispuso el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, ubicado a unos kilómetros de Mar del Plata. La decisión alcanza a trabajadores de mantenimiento que viven en el lugar y que ya recibieron la intimación formal para retirarse.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado estableció un plazo de diez días para que abandonen el predio. En caso de incumplimiento, el procedimiento podría avanzar con intervención de la fuerza pública.
Reacción gremial y presentación judicial
Frente a la medida, el gremio de trabajadores estatales impulsó un recurso de amparo con el objetivo de frenar el desalojo. En paralelo, legisladores plantearon la posibilidad de que el complejo quede bajo administración provincial.
El conflicto se desarrolla en medio de una discusión más amplia sobre el destino del predio y su uso futuro.
Plan de concesión y participación privada
Según información oficial, el Gobierno evalúa otorgar la concesión del complejo por un período prolongado para atraer inversiones. La iniciativa apunta a la restauración de la infraestructura y a reducir costos operativos.
El anuncio de esta estrategia fue realizado semanas atrás por el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Un complejo histórico del turismo social
La Unidad Turística de Chapadmalal fue inaugurada en la década del ’50 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El espacio fue concebido como una política de turismo social destinada a facilitar el acceso a vacaciones para sectores trabajadores.
El predio cuenta con nueve hoteles de tres pisos y se ubica sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. Su construcción se realizó con aportes de la Fundación Eva Perón.
Situación actual y escenario abierto
El proceso judicial y administrativo continúa en desarrollo. Mientras avanza el plazo de desalojo, se mantienen las gestiones gremiales y políticas en torno al futuro del complejo.
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