Judiciales ⚖️
Masacre de Quilmes: La condena que faltaba
Una oficial de la Policía bonaerense fue condenada a cuatro años de prisión por omisión de denuncia de torturas en el segundo juicio por la Masacre de Quilmes, aquel episodio de violencia institucional donde cuatro adolescentes murieron al incendiarse los calabozos de una comisaría. Con este veredicto, ya son 11 los acusados que fueron sentenciados por el hecho, ocurrido en octubre de 2004
Cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos fue la condenada para una oficial Elda Marina Guaquinchay Bogado por haber omitido denunciar las torturas que sufrieron las víctimas de la Masacre de Quilmes, cuando cuatro adolescentes murieron por las quemaduras sufridas en ese hecho ocurrido en octubre de 2004 y en el que en un juicio anterior, un grupo de 10 policías recibieron penas de cárcel y que nunca fueron efectivas.
Tal como sucedió, en su gran mayoría, con los otros condenados, esta mujer policía seguirá en libertad, a pesar del fallo unánime del Tribunal Oral Criminal Nro. 5 de Quilmes, quien la halló culpable del delito de “omisión de denuncia de torturas”, debido a que su defensa ya anticipó que apelará.
De acuerdo a lo acreditado en el debate del juicio Masacre de Quilmes II, la oficial Guaquinchay Bogado “omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo por los funcionarios policiales”.
«Contribuyendo pasivamente a mantener reducidas a las víctimas, evitar que se las asista de manera inmediata y de esa forma neutralizar cualquier tipo de resistencia de las mismas, atento a que los apremios y tormentos padecidos por los damnificados consistieron en la aplicación injustificada por parte de los efectivos policiales, de golpes con bastones, puntapiés y golpes de puño, que los funcionarios les propinaron a los menores que estaban siendo evacuados hacia un patio abierto de la seccional”, se indicó en el fallo.
«Bajo la mirada de Guaquinchay Bogado, les aplicaron los golpes, a la vez que eran insultados, siendo que todo ello, implicó la causación de un dolor físico y moral inconmensurable y dichos tormentos tuvieron como finalidad prolongar injustificadamente el sufrimiento de los menores detenidos como reprimenda al incendio que se había suscitado y a su vez obtener la confesión respecto de quién lo había iniciado”, se agregó.
«Los sobrevivientes confirmaron las torturas en la comisaría 1era. de Quilmes y lograron las condenas”, destacaron los familias de Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, los chicos de entre 15 y 17 años, que murieron en ese emblemático episodio de violencia institucional.
Este hecho ocurrió en horas de la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la seccional, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas. En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
En 2015 se realizó el primer juicio, en el que fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el ex comisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D’Elía, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Grosso y los oficiales Gustavo Avila, Héctor Gómez y Juan Carlos Guzmán.
Ninguno de los condenados fue preso hasta este año, cuando se ordenó que Pedreira, quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera, fuera enviado a la Unidad Penal Nro. 9 de La Plata.
Policiales 🚨
Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas
Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.
Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.
La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica
El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».
De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.
Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.
Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga
Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.
Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.
Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».
El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.
Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.
Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal
Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.
Entre los principales elementos incautados aparecen:
- 2.526 dosis de pasta base.
- 515 dosis de cocaína.
- Cinco millones de pesos en efectivo.
- Una escopeta calibre 12 cargada.
- Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
- Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
- Municiones de diferentes calibres.
- Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
- Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
- Anotaciones vinculadas con la investigación.
Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.
También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».
El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos
Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.
Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.
Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.
Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.
El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión
La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.
Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.
En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.
Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.
Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.
En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.
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