Chaco
Tras el rastro de la narcoavioneta
Afirman que la aeronave estrellada en Chaco estuvo retenida más de un mes en Bolivia.
La avioneta que apareció estrellada el martes último con casi 325 kilos de cocaína en la localidad chaqueña de Avia Terai había sido secuestrada hace dos meses en Bolivia, en el marco de una investigación narco, pero la Justicia de ese país, al no encontrar rastros de drogas tras una serie de peritajes, se la entregó nuevamente a sus dueños hace tres semanas, según confirmaron fuentes oficiales bolivianas.
Además, el viceministro de Sustancias Controladas boliviano, Jaime Mamani, confirmó en declaraciones a la prensa que tres personas fueron detenidas acusadas de mantener vinculaciones con la aeronave siniestrada, tras una serie de allanamientos realizados en el Aeropuerto El Trompillo, próximo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en el domicilio del presunto dueño de la avioneta, al que identificó como Nilo Limón Terrazas.
Las autoridades bolivianas lograron establecer los últimos movimientos de la avioneta Cessna 210, Turbo Centurion II, con matrícula boliviana CP-3123 de color roja y blanca, la cual cayó a tierra el pasado martes en una pista clandestina de la provincia de Chaco y en cuyo interior fueron hallados 324,500 kilos de cocaína en panes, que llevaban como logo identificatorio el dibujo de una mano abierta y el rostro de un hombre con barba.
La sospecha de la policía y la justicia argentina es que la droga pertenece a una banda transnacional que opera desde hace al menos dos años la ruta Bolivia-Paraguay-Argentina para transportar la cocaína que, luego, trafica a Europa vía marítima a través de la hidrovía en Rosario y San Lorenzo, entre otras.
Al respecto, Mamani detalló que los radares fronterizos de Bolivia identificaron la avioneta por primera vez el 23 de mayo, al sospechar que estaba realizando un vuelo de manera irregular.
Tras ello, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) localizó el vehículo aéreo en el Aeropuerto de Puerto Suárez, cercano a la frontera entre Bolivia y Brasil.
«De manera inmediata, los efectivos de la Felcn dieron a conocer al Ministerio Público, que determinó el precintado de la aeronave», explicó el funcionario.
En esa circunstancia, el Ministerio Público ordenó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el levantamiento de muestras de la aeronave, a pesar de que dicha tarea le corresponde usualmente al Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc).
«Fue extraño. El IDIF no encontró rastros de cocaína, por lo tanto fue devuelto el 28 de junio a su propietario, Nilo Limón Terrazas», continuó Mamani.
Sobre este punto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, adelantó que su cartera presentará una serie de denuncias correspondientes contra el fiscal interviniente y los técnicos del IDIF que realizaron el control.
«Hay muchos elementos que se tienen que investigar en este caso. El fiscal habría tenido conocimiento de irregularidades», manifestó del Castillo.
Por su parte, el viceministro Mamani reveló que, el 18 de julio pasado, la aeronave de Limón Terrazas solicitó un plan de vuelo desde el Aeropuerto El Trompillo hacia el Aeródromo Privado de Río Negro, cerca de los límites fronterizos que comparten Bolivia y Paraguay.
«Una vez que llega al aeródromo no se reportó más. Luego se encontró esta misma aeronave siniestrada en la República Argentina», confirmó Mamani, que agregó que ayer se allanaron varios hangares del Aeropuerto El Trompillo, donde se secuestró documentación relacionada a la causa.
Como consecuencia de dichos procedimientos, tres ciudadanos bolivianos fueron arrestados y hasta estas horas se analizaban sus posibles vínculos con la avioneta.
La caída de la aeronave ocurrió alrededor de las 16 de ayer, a 5 kilómetros del establecimiento rural conocido como «La Aurora», en Avía Terai, Departamento Independencia, y de la ruta nacional 16, en cercanías de una escuela primaria y a unos 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la avioneta cayó entre un camino rural y un campo posiblemente cuando realizaba un vuelo rasante para arrojar los bultos de cocaína en forma de «bombardeo», una de las maniobras más frecuentes utilizadas en esa zona.
Los lugareños alertaron a la comisaría de Concepción del Bermejo cerca de las 15.45, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.
Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos descubrieron que no se hallaban personas heridas ni fallecidas y encontraron la aeronave volcada, con la carga de 10 panes rectangulares de color verde que en su interior contenían cocaína.
El pesaje del cargamento determinó que había 324,500 kilos de cocaína, los cuales quedaron a disposición de la justicia federal.
Testigos presenciales aseguraron a los investigadores que dos personas con aparentes lesiones fueron rescatadas y trasladadas en una camioneta tras la caída de la avioneta.
Ante esa situación, la Justicia emitió un alerta a todos los hospitales de la zona para que informen si registraron el ingreso de dos personas con heridas, con la intención de identificar y detener a los tripulantes de la aeronave.
Los investigadores procuraban determinar hacia dónde se dirigía el cargamento y el paradero del piloto y de otros ocupantes.
Sobre esto, el comisario general Juan Ramón Duarte, Director General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, aseguró ayer en declaraciones al canal C5N que la cocaína secuestrada «podría tener algo que ver con la causa que se está llevando adelante junto a Gendarmería Nacional desde el año pasado» y que involucra a una banda transnacional, que utiliza la ruta Bolivia, Paraguay y Argentina, para luego enviarla a Europa.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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