Chaco
Tras el rastro de la narcoavioneta
Afirman que la aeronave estrellada en Chaco estuvo retenida más de un mes en Bolivia.
La avioneta que apareció estrellada el martes último con casi 325 kilos de cocaína en la localidad chaqueña de Avia Terai había sido secuestrada hace dos meses en Bolivia, en el marco de una investigación narco, pero la Justicia de ese país, al no encontrar rastros de drogas tras una serie de peritajes, se la entregó nuevamente a sus dueños hace tres semanas, según confirmaron fuentes oficiales bolivianas.
Además, el viceministro de Sustancias Controladas boliviano, Jaime Mamani, confirmó en declaraciones a la prensa que tres personas fueron detenidas acusadas de mantener vinculaciones con la aeronave siniestrada, tras una serie de allanamientos realizados en el Aeropuerto El Trompillo, próximo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en el domicilio del presunto dueño de la avioneta, al que identificó como Nilo Limón Terrazas.
Las autoridades bolivianas lograron establecer los últimos movimientos de la avioneta Cessna 210, Turbo Centurion II, con matrícula boliviana CP-3123 de color roja y blanca, la cual cayó a tierra el pasado martes en una pista clandestina de la provincia de Chaco y en cuyo interior fueron hallados 324,500 kilos de cocaína en panes, que llevaban como logo identificatorio el dibujo de una mano abierta y el rostro de un hombre con barba.
La sospecha de la policía y la justicia argentina es que la droga pertenece a una banda transnacional que opera desde hace al menos dos años la ruta Bolivia-Paraguay-Argentina para transportar la cocaína que, luego, trafica a Europa vía marítima a través de la hidrovía en Rosario y San Lorenzo, entre otras.
Al respecto, Mamani detalló que los radares fronterizos de Bolivia identificaron la avioneta por primera vez el 23 de mayo, al sospechar que estaba realizando un vuelo de manera irregular.
Tras ello, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) localizó el vehículo aéreo en el Aeropuerto de Puerto Suárez, cercano a la frontera entre Bolivia y Brasil.
«De manera inmediata, los efectivos de la Felcn dieron a conocer al Ministerio Público, que determinó el precintado de la aeronave», explicó el funcionario.
En esa circunstancia, el Ministerio Público ordenó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el levantamiento de muestras de la aeronave, a pesar de que dicha tarea le corresponde usualmente al Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc).
«Fue extraño. El IDIF no encontró rastros de cocaína, por lo tanto fue devuelto el 28 de junio a su propietario, Nilo Limón Terrazas», continuó Mamani.
Sobre este punto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, adelantó que su cartera presentará una serie de denuncias correspondientes contra el fiscal interviniente y los técnicos del IDIF que realizaron el control.
«Hay muchos elementos que se tienen que investigar en este caso. El fiscal habría tenido conocimiento de irregularidades», manifestó del Castillo.
Por su parte, el viceministro Mamani reveló que, el 18 de julio pasado, la aeronave de Limón Terrazas solicitó un plan de vuelo desde el Aeropuerto El Trompillo hacia el Aeródromo Privado de Río Negro, cerca de los límites fronterizos que comparten Bolivia y Paraguay.
«Una vez que llega al aeródromo no se reportó más. Luego se encontró esta misma aeronave siniestrada en la República Argentina», confirmó Mamani, que agregó que ayer se allanaron varios hangares del Aeropuerto El Trompillo, donde se secuestró documentación relacionada a la causa.
Como consecuencia de dichos procedimientos, tres ciudadanos bolivianos fueron arrestados y hasta estas horas se analizaban sus posibles vínculos con la avioneta.
La caída de la aeronave ocurrió alrededor de las 16 de ayer, a 5 kilómetros del establecimiento rural conocido como «La Aurora», en Avía Terai, Departamento Independencia, y de la ruta nacional 16, en cercanías de una escuela primaria y a unos 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la avioneta cayó entre un camino rural y un campo posiblemente cuando realizaba un vuelo rasante para arrojar los bultos de cocaína en forma de «bombardeo», una de las maniobras más frecuentes utilizadas en esa zona.
Los lugareños alertaron a la comisaría de Concepción del Bermejo cerca de las 15.45, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.
Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos descubrieron que no se hallaban personas heridas ni fallecidas y encontraron la aeronave volcada, con la carga de 10 panes rectangulares de color verde que en su interior contenían cocaína.
El pesaje del cargamento determinó que había 324,500 kilos de cocaína, los cuales quedaron a disposición de la justicia federal.
Testigos presenciales aseguraron a los investigadores que dos personas con aparentes lesiones fueron rescatadas y trasladadas en una camioneta tras la caída de la avioneta.
Ante esa situación, la Justicia emitió un alerta a todos los hospitales de la zona para que informen si registraron el ingreso de dos personas con heridas, con la intención de identificar y detener a los tripulantes de la aeronave.
Los investigadores procuraban determinar hacia dónde se dirigía el cargamento y el paradero del piloto y de otros ocupantes.
Sobre esto, el comisario general Juan Ramón Duarte, Director General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, aseguró ayer en declaraciones al canal C5N que la cocaína secuestrada «podría tener algo que ver con la causa que se está llevando adelante junto a Gendarmería Nacional desde el año pasado» y que involucra a una banda transnacional, que utiliza la ruta Bolivia, Paraguay y Argentina, para luego enviarla a Europa.
Chaco
Zdero y la mordaza prensa: un periodista preso siete horas por preguntar sobre la falta de agua
Fernando Ojeda, cronista de TV Local, fue detenido en Margarita Belén tras una consulta que incomodó al gobernador radical. La policía justificó el arresto con acusaciones de desorden, mientras el jefe de la fuerza y el juez de paz ensayaron versiones contradictorias.
Margarita Belén se convirtió en el escenario de un grave atropello a la libertad de expresión que sacudió a la provincia del Chaco. El periodista Fernando Ojeda, trabajador del medio TV Local, terminó detenido de forma arbitraria luego de intentar realizar una consulta al gobernador Leandro Zdero. El cronista permaneció privado de su libertad durante siete horas bajo una acusación de «promover desorden» que despertó el repudio inmediato de sus colegas y de organismos de prensa locales.
El incidente ocurrió durante una visita oficial del mandatario radical al Club San Martín. Según registros fílmicos que circularon con rapidez, Ojeda se acercó al gobernador para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua potable en la zona. Ante la pregunta, Zdero evitó dar una respuesta técnica o política y optó por descalificar al trabajador al tildarlo de militante kirchnerista antes de continuar su camino. Minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.
Versiones cruzadas y abusos de poder
La Policía del Chaco emitió un comunicado donde intentó justificar el arresto con el argumento de que el ciudadano buscó «violar el perímetro de seguridad» y que intentó fugarse. Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una explicación distinta en contacto con los medios. Romero negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad de Zdero y afirmó que se debió a un supuesto «entredicho» e insultos hacia el personal de seguridad a cien metros del club.
El Juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, reconoció ante el portal Litigio que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud antes de ratificar el procedimiento. Pontón admitió que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial y afirmó que no tuvo constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística, un dato que pone de manifiesto la precariedad legal del proceso.
El uso de figuras comodín contra la prensa
El caso generó una fuerte alerta en el arco periodístico regional debido al uso de figuras contravencionales que funcionan como herramientas de disciplinamiento. La creación de conceptos como la violación de perímetros para restringir el acceso de los trabajadores a los funcionarios públicos representa un antecedente peligroso para el ejercicio de la profesión en la provincia.
Finalmente, Pontón ordenó la libertad de Ojeda a la una de la madrugada al considerar que no existían motivos para mantener una prisión preventiva. La prensa local confirmó que el hecho despertó la solidaridad de diversos sectores que exigen garantías para que preguntar no sea motivo de detención en el Chaco de Zdero.
Puntos clave
- Un periodista de TV Local fue detenido siete horas en Margarita Belén.
- El gobernador Leandro Zdero lo calificó de «militante» ante una consulta sobre el agua.
- La policía y el juez de paz brindaron versiones contradictorias sobre el arresto.
- Denuncian el uso de figuras contravencionales para cercenar la libertad de prensa.
- El trabajador fue liberado durante la madrugada sin cargos claros.
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