Abogados de la querella adelantaron hoy que apelarán el fallo que absolvió a nueve mujeres en el marco de tercer juicio por abuso sexual en el Instituto Próvolo de Mendoza, en tanto las defensa criticaron el trabajo desarrollado por la fiscalía durante la instrucción de la causa.
La querella, compuesta en este caso por los abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, adelantó hoy que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en primera instancia, y de ser necesario recurrirán al máximo tribunal del país y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo hoy Salinas a un medio local.
El Tribunal Penal Colegiado 2, a cargo de las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna, decidió en la víspera por unanimidad absolver a las nueve mujeres que llegaron imputadas a esta instancia en el marco del tercer juicio del caso Próvolo.
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Entre ellas figura la religiosa Kosaka Kumiko, quien llegó a la instancia final con un pedido de pena por parte de la fiscalía de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación, en tanto la defensa solicitó durante el debate la absolución de su defendida.
Además, junto a Kumiko, estaban en el banquillo la monja Asunción Martínez, la ex representante legal Graciela Pascual; para quien la fiscalía solicitó la pena de 10 y 18 años de prisión e inhabilitación para ejercer la docencia; una exdirectora del Instituto, Gladys Pinacca y la ex cocinera, Noemí Paz, estas últimas con tres años de prisión, solicitado por la parte acusadora.
En tanto desde la fiscalía y la querella no solicitaron penas para la Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y completa Cecilia Raffounto.
La ONG de Derechos Humanos Xumek, que integra una parte de la querella, criticó por su parte el fallo absolutorio y dijo que “esta vez, la justicia no estuvo a la altura de la primera sentencia, y no reconoció la responsabilidad de las torturas y abusos sufridos por niños, niñas y adolescentes en el #InstitutoAntonioPróvolo”.
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Por su parte, los abogados de las mujeres absueltas, apuntaron a la instrucción por parte de la fiscalía, a cargo de Alejandro Iturbide, por lo que los letrados esperan terminar de repasar los fundamentos para pedir que se lo investigue. “Yo creo que fue todo muy arbitrario como se fue llevando todo”, dijo uno de los abogados de la defensa, Enoc Ortiz, a un medio local.
Los abogados de las mujeres convocaron para este viernes a una conferencia de prensa en el cual se espera conocer más detalles y reflexiones de parte de la defensa que ayer no pudieron dar sobre este tercer juicio.
La Secretaría de DDHH señalizó la Embajada de Cuba por “hechos vinculados al terrorismo de Estado”
El acto se realizó esta tarde en la sede de la Embajada de Cuba en Argentina, ubicada en Virrey del Pino 1810 de la ciudad de Buenos Aires, indicó el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, encabezaron hoy un acto en el que señalizaron el edificio de la representación cubana por ser un lugar “donde sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado”.
El acto se realizó esta tarde en la sede de la Embajada de Cuba en Argentina, ubicada en Virrey del Pino 1810 de la ciudad de Buenos Aires, indicó el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
“A partir del trabajo en conjunto que tenemos con la embajada, tenemos grandes lazos que nos unen, tenemos un eje central en las políticas de derechos humanos, que es poder centralizarnos en la víctima y a partir de ahí intentar repararla integralmente”, valoró Pietragalla Corti.
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El embajador destacó que “más allá de cualquier consideración política o ideológica, los hechos que se cometieron contra esta embajada y este personal nunca más deberían repetirse ni en la Argentina ni en ningún otro lugar del mundo”.
Además, se indicó que la Embajada de Cuba en Argentina, sus dependencias y sus trabajadores cubanos y argentinos “fueron objetivos de la Operación Cóndor con la intención de atacar a la revolución cubana y su ejemplo, a través del plan de secuestro, tortura y desaparición ejecutado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y antes de esta”.
La secretaría advirtió que “estos hechos constituyen una violación a las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas y consulares de 1961, de las que ambos Estados son parte”.
Entre los hechos vinculados al terrorismo de Estado, se recordó que un grupo operativo mixto de la inteligencia militar argentina y de comandos especializados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), junto con miembros de la organización terrorista Acción Cubana, atentaron el 13 de agosto de 1975 contra el Embajador cubano.
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También que desde inicios de 1976, la Escuela José de San Martín -adscripta a la Embajada- y su personal fue hostigado.
La embajada fue asediada con tanques y por hombres armados durante días, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al igual que la residencia del Embajador y la oficina comercial.
El 9 de septiembre de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron a los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y los trasladaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Automotores Orletti”, que fue base principal en la ciudad de Buenos Aires de la Operación Cóndor, donde fueron torturados y asesinados.
Entre agosto de 1976 y agosto de 1978, secuestraron y desaparecieron a trabajadores argentinos de la Embajada y sus familias y secuestraron a otros tres diplomáticos cubanos, que luego fueron liberados.
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Participaron también en el acto la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Taty Almeida; funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Embajada Cubana; sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos.