Debajo de los nombres de decenas de periodistas y dirigentes sociales, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo anotaba etiquetas como «opositor», «es kirchnerista» o «sigue páginas afines al kirchnerismo». Esas fichas terminaron en un sobreseimiento dictado sin que ninguno de los responsables fuera llamado a indagatoria. Este martes, la Cámara Federal porteña escucha los argumentos para reabrir la causa.

La audiencia se realiza ante la Sala I, integrada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Allí la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en el expediente, pide revocar la resolución que firmó el 1° de septiembre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, que sobreseyó al ex director de la AFI Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y a los ex directivos Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi.

Las fichas que encontró Caamaño

La investigación nació el 5 de junio de 2020, cuando la entonces interventora del organismo, Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de informes de inteligencia confeccionados por sus antecesores en el edificio de la actual Secretaría de Inteligencia. Los documentos contenían datos sobre personas que pretendían participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2017 y del G20 en 2018: los medios en los que trabajaban, sus posturas políticas y sus militancias.

Para cerrar la causa, Martínez de Giorgi no negó que esas tareas se hubieran realizado. Sostuvo que la información provenía de fuentes abiertas, como las redes sociales, y justificó su recopilación en las supuestas necesidades de seguridad de ambas cumbres; además, consideró que no se había probado un espionaje por razones ideológicas. El juez convirtió así el perfilamiento ideológico de periodistas en una simple precaución de seguridad.

El expediente arrastraba además una demora llamativa: la fiscal federal Paloma Ochoa había reclamado en marzo de 2021 las indagatorias de Arribas, Majdalani y los otros dos funcionarios. Cinco años después, nunca se concretaron.

«Insostenibles»: la respuesta del CELS

El CELS, junto con periodistas afectados y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), apeló la decisión en un escrito al que accedió un medio local, donde calificó los sobreseimientos de «insostenibles». El organismo recordó que la ley de Inteligencia no admite excepciones de razonabilidad o proporcionalidad para recolectar datos sobre personas por su opinión política, sino que «dice, llanamente, que resulta prohibido realizar esas acciones».

«Una ficha que compila la postura de una persona sobre temas como el aborto, el feminismo o la causa del pueblo mapuche, constituye producción de inteligencia sobre la opinión política e ideológica de la persona, independientemente de si esa información se obtuvo de un perfil público», sostuvo la querella. Que un dato sea público no autoriza al Estado a clasificar a los ciudadanos según lo que piensan.

Tras conocerse el fallo, la organización advirtió que «la decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social».

El pedido para apartar a Martínez de Giorgi

Además de la revocación, el CELS pide que la Cámara aparte al juez de la causa, porque dictó los sobreseimientos «sin siquiera haber convocado a los imputados a prestar declaración indagatoria, es decir, sin haber agotado una de las instancias más elementales de contradicción que el propio proceso prevé antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo».

Según la querella, devolverle el expediente al mismo magistrado después de que fijó su postura «importaría colocarlo en una posición institucionalmente insostenible», ya que debería ordenar medidas de prueba, evaluar hipótesis alternativas y eventualmente citar a indagatoria. Sería pedirle que haga exactamente lo que se negó a hacer.

El fiscal Picardi también apeló

El fiscal federal Franco Picardi apeló el mismo fallo y reclamó que la causa avance hacia las indagatorias. A diferencia del juez, que sostuvo que las personas fichadas tenían intención de participar del G20, el fiscal afirmó que el contenido de las fichas «se corresponde punto por punto con las categorías vedadas por ley». En su recurso calificó el caso como de «extrema gravedad institucional», porque compromete la libertad de prensa, el ejercicio de los derechos políticos y la protección de la vida privada.

Una Sala que ya blindó a la cúpula de la AFI

El antecedente inmediato no invita al optimismo. A comienzos de septiembre, la misma Sala I, con las firmas de Llorens y Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por espionaje ilegal: la que investigaba la infiltración sin orden judicial de correos electrónicos de dirigentes políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. En ese caso, los camaristas descartaron la prueba central, los discos rígidos de la AFI, por fallas en su preservación, trazabilidad e integridad. La Comisión Provincial por la Memoria ya recurrió esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Mientras los tribunales cierran una tras otra las causas contra el aparato de inteligencia macrista, el Gobierno de Javier Milei amplía el presupuesto y las atribuciones de la SIDE. Ese es el telón de fondo de una audiencia que definirá si el Estado puede fichar a periodistas por sus ideas sin pagar ningún costo.

Lo que tenés que saber:

• La Sala I de la Cámara Federal escucha al CELS, que pide revocar el sobreseimiento de Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi.
• Las fichas halladas por Cristina Caamaño en 2020 incluían datos sobre medios, posturas políticas y militancias de periodistas y dirigentes sociales.
• Martínez de Giorgi sobreseyó a los imputados el 1° de septiembre sin haberlos citado nunca a indagatoria.
• El CELS pide además apartar al juez, y el fiscal Franco Picardi también apeló el fallo.
• La misma Sala ya confirmó este mes el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por espionaje ilegal.