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Crimen de Lucas: rechazaron la excarcelación al comisario inspector

El efectivo de la Ciudad, Mario Alberto Santana (52), seguirá detenido por «las graves características de los episodios que se le atribuyen en esta investigación».

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La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó excarcelar a un comisario inspector de la Policía de la Ciudad procesado con prisión preventiva por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado por efectivos de esa fuerza de seguridad en noviembre último, en el barrio porteño de Barracas.

En un fallo de siete páginas, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto rechazaron la apelación de la defensa del imputado Mario Alberto Santana (52), quien seguirá detenido.

«A diferencia de lo argumentado por la defensa, la decisión recurrida refleja un correcto análisis de los elementos de ponderación reunidos en la causa para justificar el encarcelamiento preventivo del imputado (…) en miras a asegurar el cumplimiento de sus futuras obligaciones, tal como lo sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal», sostuvieron.

El comisario Santana fue procesado con prisión preventiva por el juez de Instrucción Martín del Viso por los delitos de «encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos».

Para los camaristas «no pueden pasarse por alto las graves características de los episodios que se le atribuyen en esta investigación» ya que «habría participado en el procedimiento por el cual se habría privado ilegalmente de la libertad a las víctimas y alterado rastros y pruebas» del homicidio de Lucas.

También se lo acusa de haber integrado «el grupo de funcionarios que arribó al lugar instantes después del suceso e intentó aparentar un enfrentamiento armado, para lo cual, entre otras acciones, se habría introducido maliciosamente –´plantado´– un arma de utilería en el rodado que ocupaban las víctimas».

Según el fallo, «es dable también presumir la existencia de riesgo de presión a los damnificados, a sus familiares y testigos que deban declarar en un eventual juicio», sobre todo «si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad».

Mientras que en su voto, la jueza Magdalena Laíño consideró «que se encuentran reunidos los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para justificar la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo». Santana, quien tenía a su cargo las cuatro comisarías de la Comuna 4 -las 4A, 4B, 4C y 4D- y la Brigada de Investigaciones a la que pertenecían Juan José Nieva.

Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi, los tres policías detenidos por el homicidio agravado de Lucas. «Niego el hecho que se me imputa, soy inocente de todos los cargos», dijo el jefe policial en su indagatoria ante el juez Del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella, en la que recordó que cuando ocurrió todo él estaba en una celebración por el Día de la Policía de la Ciudad y a pedido de sus superiores fue al lugar en función «meramente administrativa».

Tras describir el escenario con el que se encontró y asegurar que no vio nada irregular en el tiempo en que permaneció allí, Santana agregó: «Si hubiera observado una situación de anormalidad en el lugar (…) si yo hubiese visto algo, lo hubiese denunciado. El lugar estaba a resguardo y perimetrado, ambos lugares. Además estaba custodiado por personal policial.»

En tanto, ayer, la misma Cámara confirmó las prisiones preventivas de otros ocho policías detenidos por el encubrimiento: los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos; los subcomisarios Roberto Inca y Ramón Chocobar; el inspector Héctor Cuevas; y los oficiales Sebastián Baidon, Daniel Espinoza y Jonathan Martínez.

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Una causa cerrada en 2021 y una acusación de 13 años: así arrancó Hotesur-Los Sauces

La Fiscalía sostuvo ante el TOF 5 que los hechos habrían sido organizados “desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” entre 2003 y 2016, en una causa que el mismo tribunal cerró en 2021 y que Casación reabrió con solo dos jueces. La defensa cuestionó los plazos tras la unificación.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner-Máximo Kirchner.
Dos camaristas reabrieron Hotesur y hoy Cristina escucha una acusación de más de trece años: otro capítulo del lawfare.

Para la Fiscalía, el centro de una asociación ilícita que operó durante más de trece años estuvo en la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional. Así lo sostuvo en la lectura del resumen de la elevación a juicio, en la primera audiencia del debate unificado por Hotesur y Los Sauces, que arrancó este viernes en Comodoro Py.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, y su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional, participaron de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces José Michilini (presidente), Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La acusación está a cargo del fiscal Diego Velasco. Michilini remarcó que la conexión remota es una situación “excepcional” y que ambos deberán presentarse de manera presencial para las indagatorias.

Qué sostuvo la Fiscalía

Según el resumen leído en la sala, los hechos “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con el fin de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”. La acusación habló de una asociación ilícita “de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado.

El esquema, según la Fiscalía, tuvo dos etapas: primero un sistema de beneficios para empresarios cercanos, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa; después un mecanismo para transferir y disimular parte de las ganancias hacia la familia Kirchner, mediante préstamos, compra y alquiler de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros y mejoras en los establecimientos. En los requerimientos de elevación, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calcularon que Los Sauces habría recibido alrededor de 25,9 millones de pesos en alquileres entre 2009 y 2016.

Para la Fiscalía, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito. La acusación sostuvo que, junto con Néstor y Máximo Kirchner, conformó la inmobiliaria Los Sauces S.A., con la que se adquirieron varias propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde hoy cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. A Máximo lo señaló como organizador de la presunta asociación y recordó que fue presidente del directorio de la empresa familiar. Báez, López y De Sousa también fueron imputados como organizadores.

Un debate que empezó con reclamos de la defensa

Una de las defensas planteó que, por la reciente unificación de las causas, no se cumplieron los diez días hábiles “necesarios para ejercer la defensa” en el caso Hotesur, cuyo debate estaba fijado para marzo de 2027. Michilini respondió que ese viernes se leería la acusación de Los Sauces y que la lectura seguiría en los días siguientes “de manera que se pueda llegar a los 10 días”. Velasco entregará en los próximos días el resumen de la imputación de Hotesur, y la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre.

Una causa cerrada en 2021 y reabierta con dos votos

La acusación que se leyó este viernes llegó después de un recorrido largo. En noviembre de 2021, el mismo TOF 5 sobreseyó a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, sin realizar el juicio, por mayoría de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg y con la disidencia de Palliotti. El 18 de septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esos sobreseimientos con solo dos jueces, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El 16 de diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa por no tratarse de una sentencia definitiva y dejó los planteos sobre garantías para el juicio oral.

El martes 20 de octubre, Casación volvió a intervenir: con dos votos a favor y uno en contra, revocó el desdoblamiento de los juicios que el TOF 5 había dispuesto en septiembre, que fijaba Los Sauces para el 23 de octubre y Hotesur para el 19 de marzo de 2027. Los abogados de la familia Kirchner, encabezados por Carlos Beraldi, habían pedido mantener los debates separados, mientras que el fiscal Velasco impulsaba la unificación.

Lawfare: el contexto que la acusación no incluye

Hotesur y Los Sauces es otro capítulo del lawfare contra Cristina Kirchner. Los hechos que sostienen esa lectura constan en los expedientes: un tribunal oral cerró la causa en 2021, una Casación reducida a dos jueces la reabrió en 2023 y esos mismos camaristas impusieron ahora el juicio unificado, en contra del criterio que había fijado el tribunal oral.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por la condena en Vialidad y enfrenta además el juicio de Cuadernos. Para este medio, como para dirigentes del peronismo, esa acumulación de expedientes es parte de la persecución judicial del denominado “partido judicial” de Comodoro Py.

Los imputados rechazan las acusaciones. Beraldi argumentó en 2021, al pedir los sobreseimientos, que el dinero recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. tenía “perfecta trazabilidad”. La hipótesis de la Fiscalía, que ubica los alquileres a empresarios de la obra pública como un circuito de devolución de dinero, deberá probarse o refutarse en el debate oral.

Lo que tenés que saber:

  • La Fiscalía sostuvo que existió una asociación ilícita “de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, comandada desde el Poder Ejecutivo.
  • A Cristina Kirchner se la acusa de dirigir un esquema de reciclaje de fondos y a Máximo Kirchner, de ser organizador.
  • Una defensa planteó que, tras la unificación, no se cumplieron los diez días hábiles para preparar el caso Hotesur.
  • El TOF 5 sobreseyó a ambos en 2021; Casación reabrió la causa en 2023 con dos jueces y la Corte rechazó el recurso de la defensa en 2024.
  • El debate continúa el lunes 26 de octubre.
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