Familias, organizaciones y trabajadores del sector de la discapacidad irrumpieron este viernes en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de que se cancelara una reunión clave convocada por el interventor del organismo, Alejandro Vilches, para tratar el atraso en los pagos y los aumentos a los prestadores.

La reunión, originalmente pautada para las 11, había sido reprogramada a las 10 y finalmente cancelada por “fuerza mayor”, lo que desató el malestar de los manifestantes, que denunciaron “falta de diálogo y abandono del Estado”.

“Es una vergüenza”: familias y prestadores en pie de reclamo

Frente a la sede de ANDIS, los manifestantes expresaron su indignación ante lo que consideran una nueva maniobra dilatoria del Gobierno nacional.

“La agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos. Ese dinero alcanzaría para mejorar los valores de estos tres meses”, afirmó Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, en diálogo con medios presentes.

Por su parte, Lola Berthet, representante de las familias, apuntó contra la falta de previsibilidad y el deterioro del sistema:

“Ya está todo colapsado. Estamos llenando los papeles para renovar las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener atención. Es agotador todo esto. Pasé de la angustia a la bronca. Necesito que alguien abra la puerta y nos reciba”.

Una ley vetada y una crisis sin respuesta

El reclamo tiene como trasfondo la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), sancionada por el Congreso pero vetada por Javier Milei a través de un decreto que diversos especialistas califican como “inconstitucional”.

La norma buscaba declarar la emergencia del sector, garantizar fondos para los prestadores y asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales. Sin embargo, pese a los reclamos de legisladores y familias, el Gobierno mantiene paralizada su aplicación.

“El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello por incumplimiento de la ley, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, denunció Claudia Dipólito, madre y psicóloga.

Prestadores y transportistas al borde del colapso

La crisis también golpea de lleno a los transportistas y prestadores de servicios básicos.

“La situación es límite, nunca estuvimos así. No sabemos cuántos transportistas van a quedar en pie. Hoy trabajamos a pérdida”, aseguró un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis).

Según denuncian, el Estado les paga el litro de nafta a $541, cuando el costo real supera los $1.700, haciendo imposible sostener los traslados de personas con discapacidad que dependen del sistema público.

Un conflicto que expone la falta de política pública

Los manifestantes coincidieron en señalar que la falta de ejecución presupuestaria y de voluntad política agrava una crisis estructural que pone en riesgo la atención, la movilidad y la inclusión de miles de personas con discapacidad en todo el país.

“Estamos hablando de derechos básicos —expresaron desde las organizaciones—.
No se trata de un reclamo sectorial, sino de la vida cotidiana de miles de familias que hoy no saben si el Estado va a garantizar lo que la ley ya reconoce.”

Lo que tenés que saber

• Manifestantes ingresaron a la sede de la ANDIS en Belgrano tras la cancelación de una reunión con el interventor Alejandro Vilches.
• Exigen la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por Javier Milei.
• Prestadores denuncian atrasos, falta de aumentos y pagos por debajo del costo real.
• Las familias advierten que las prestaciones corren riesgo de no renovarse en 2026.
• Transportistas afirman que trabajan “a pérdida” y podrían suspender los servicios.