Más de 40 grupos de derechos humanos, incluidos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, condenaron hoy la situación en Irán y pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigue de forma urgente la «afinada maquinaria para reprimir sin piedad» las protestas desatadas en todo el país por la muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial por incumplir el código de vestimenta para las mujeres.

En una misiva publicada en Internet, las 44 organizaciones firmantes expresaron su «profunda preocupación por la movilización por parte de las autoridades iraníes de su bien afinada maquinaria para reprimir despiadadamente las actuales protestas en todo el país» por la muerte de Amini.

Instaron al consejo a celebrar urgentemente «un período extraordinario de sesiones y, dada la gravedad de los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Irán y la impunidad sistémica imperante, establecer un órgano de investigación independiente, mecanismo de presentación de informes y rendición de cuentas».

Irán atraviesa la quinta semana de protestas que iniciaron a mediados de septiembre, cuando Amini, una joven kurda iraní de 22 años, murió tras haber sido detenida por la policía de la moral en la capital, Teherán, por incumplir el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres desde los siete años a cubrirse la cabeza y el pecho con un velo.

De acuerdo con testigos, mientras se encontraba bajo custodia policial, la joven recibió una golpiza que le causó la muerte el 16 de septiembre, cuando estaba en coma en un hospital.

La indignación provocada por su deceso desató la mayor ola de manifestaciones y violencia en la república islámica desde protestas en 2019 contra la suba de precios de la nafta.

Estados Unidos y otros países occidentales han condenado la represión de las manifestaciones.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, ha acusado a Estados Unidos e Israel de incitar los disturbios.

El foco de las protestas actuales se amplió rápidamente, abarcando demandas de cambios políticos y sociales fundamentales hacia la protección y el cumplimiento de los derechos humanos.

La represión de las protestas dejó ya al menos 201 muertos, incluidos 23 menores de entre 11 y 17 años, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que no obstante afirma que las cifras reales puede que sean mucho más altas.

«Las pruebas recopiladas por varias de las organizaciones firmantes muestran un patrón desgarrador de fuerzas de seguridad iraníes disparando deliberada e ilegalmente munición real y perdigones metálicos contra manifestantes y transeúntes, incluidos niños», aseguraron las ONG, informó la agencia de noticias AFP.

Estos «patrones generalizados similares de delitos de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos» también fueron registrados «durante oleadas anteriores de protestas masivas, incluidas las de diciembre de 2017 a enero de 2018, noviembre de 2019, julio de 2021, noviembre de 2021 y mayo de 2022», agregaron.

Entre los patrones mencionados se incluyen homicidios resultantes del uso injustificado de la fuerza, detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y sentencias de personas a largas penas de prisión y muerte tras juicios manifiestamente injustos.

Las ONG también pusieron en duda la versión de las autoridades sobre un motín ocurrido el sábado pasado en el centro de detención de Evin, en Teherán, que se generó debido a enfrentamientos internos y murieron ocho internos.

IHR aseguró que había recibido informaciones según las cuales los guardianes habían tratado de incitar a los presos de la cárcel, conocida también como «Universidad Evin» por la cantidad de intelectuales encerrados allí, y donde actualmente permanecen numerosas personas detenidas durante las protestas.