Judiciales ⚖️
El lawfare contra la AFA se agudiza con un pedido de detención basado en pruebas invalidadas
La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO. Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
El acoso judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha ingresado en una fase de abierta persecución política. En una maniobra que ignora los recientes dictámenes técnicos del propio Poder Judicial, un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.
La embestida, que se presenta bajo un ropaje de legalidad, colisiona frontalmente con la realidad de un expediente donde la principal pieza de artillería —un dispositivo digital— ya fue declarada nula por carecer de integridad, autenticidad y trazabilidad.
Pruebas viciadas y real malicia
La ofensiva judicial parece calcada de los peores precedentes de lawfare en la Argentina. Apenas hace 48 horas, Gregorio Dalbón, abogado de la entidad, hizo público un dictamen de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que desmorona la validez del soporte presentado contra la AFA.
Según la pericia oficial, el material no cumple con los estándares técnicos mínimos ni con la cadena de custodia básica. Insistir en un pedido de detención basado en elementos ya invalidados configura, según la defensa, un acto de real malicia destinado únicamente a generar daño reputacional.
El fútbol como botín: Las SAD en el horizonte
Detrás de los trascendidos sobre sociedades fantasma en Estados Unidos y triangulación de activos, late una disputa de fondo mucho más profunda: la soberanía deportiva de los clubes argentinos. Esta nueva embestida coordinada desde sectores judiciales y amplificada por el engranaje mediático oficialista busca quebrar la resistencia de la AFA frente al proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El objetivo es claro: montar una narrativa de corrupción para justificar una intervención federal que allane el camino al desembarco del capital privado sobre el fútbol campeón del mundo.
Persecución y desinformación
La trama denunciada por el fiscal Pedro Simón involucra a 24 personas del entorno de los dirigentes, incluyendo familiares y pequeños contribuyentes, en lo que parece ser una redada mediática más que una investigación rigurosa. Mientras se agitan fantasmas de lavado, se omite deliberadamente que la justicia ya destruyó la validez de la prueba madre del caso. La estrategia busca forzar el escándalo para doblegar a una dirigencia que se mantiene como el último obstáculo institucional contra la privatización de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
El fantasma de la intervención
Con el arma principal de la acusación ya desmantelada técnicamente, el carácter político de la persecución queda en evidencia. La insistencia en pedidos de indagatoria y privación de libertad, en medio de una pericia que certifica la falsedad del material probatorio, recuerda las épocas donde el trascendido reemplazaba a la prueba auténtica. La batalla por la AFA no es solo una disputa judicial, es la defensa de un modelo de clubes de barrio frente a la voracidad de un mercado que cuenta con el auxilio de despachos judiciales predispuestos a la operación política.
Puntos clave:
- La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO.
- Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
- La defensa advierte que la difusión de contenidos ya invalidados oficialmente constituye un acto de real malicia.
- El avance judicial es visto como una maniobra coordinada para forzar la intervención de la AFA e imponer las SAD.
- La causa involucra a 24 personas en una redada que busca erosionar la imagen de la gestión deportiva nacional.
Judiciales ⚖️
El juez Mahiques denuncia “persecución mediática” y amenaza con querellar a periodistas críticos
El padre del ministro de Justicia denunció «acoso y persecución mediática» ante el tribunal de Diego Barroetaveña. Pero el historial del magistrado habla por sí solo: un vuelo privado con directivos del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis, un operativo de encubrimiento con facturas apócrifas, una cumpleaños en la quinta del tesorero de la AFA mientras tramitaba su causa, y un hijo ministro que le extendió el mandato por cinco años más. El «Partido Judicial» en su versión más cruda.
Del avión de Clarín a la quinta de Toviggino: el historial del juez que ahora denuncia “persecución mediática”
★ El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó esta semana ante el tribunal presidido por Diego Barroetaveña un escrito en el que denuncia haber sufrido «acoso y persecución mediática» por parte de colegas del Poder Judicial y de periodistas que trabajan con fuentes reservadas. Calificó ese vínculo como «promiscuidad informativa», lo definió como una práctica «oportunista y mercenaria» y advirtió que podría iniciar acciones penales contra comunicadores que difundan información que considera falsa. La presentación es llamativa en sus términos. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es el contexto que la rodea: el magistrado tiene un prontuario de episodios que ninguna denuncia formal puede borrar.
El vuelo del «lawfare»: Bariloche, Joe Lewis y los directivos de Clarín
El capítulo más documentado del historial de Mahiques es el que hoy los involucrados prefieren no mencionar. El 13 de octubre de 2022, un vuelo privado operado por la empresa Flyzar partió desde el aeropuerto de San Fernando con rumbo a Bariloche. A bordo viajaban, según consta en los registros oficiales incorporados al expediente judicial, el propio Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista Mahiques (entonces Fiscal General de la Ciudad), los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el exdirector de asuntos jurídicos de la ex SIDE Leonardo Bergroth y el consultor en campañas digitales Tomás Reinke. El destino final era la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, un enclave patagónico cuyo acceso al agua pública lleva años siendo disputado por comunidades locales y organismos estatales.
En el aeropuerto de Bariloche, la comitiva fue recibida por Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino del fundador Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del grupo mediático. Ambos directivos no habrían viajado en el mismo vuelo, pero las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto los muestran subiendo juntos a los vehículos con el resto del grupo, según describió la fiscal federal María Cándida Etchepare en su requerimiento de instrucción. La financiación del vuelo nunca fue aclarada: los pagos figuraron como efectuados en efectivo y el mismo día del traslado, según el mismo documento judicial.
Chats filtrados y el plan para encubrir la causa
Lo que siguió al viaje fue tan grave como el viaje mismo. Cuando el 17 de octubre de 2022 la prensa reveló el episodio, los participantes crearon grupos de Telegram para coordinar una respuesta. Según informó el sitio Litigio, fue Juan Bautista Mahiques quien ocupó un rol central en el armado de una cobertura documental falsa: los participantes acordaron juntar dinero para respaldar facturas apócrifas preparadas con fecha anterior, que la empresa que los trasladó emitiría comprobantes retroactivos y que el administrador de la estancia, Nicolás Van Ditmar, representante de Joe Lewis, haría una declaración por videoconferencia confirmando los detalles ficticios. La causa, que se había abierto y avanzado en el juzgado federal de Bariloche ante la jueza Silvina Domínguez, fue derivada exactamente a donde el grupo había discutido que convenía: Comodoro Py. Allí fue declarada nula y todos los imputados quedaron sobreseídos.
Mientras tanto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por escrito a la magistrada de Bariloche que Carlos Mahiques no había informado el viaje, no había pedido autorización, no estaba de licencia los días 13, 14 y 15 de octubre y no había justificado su inasistencia. Ese mismo día, según estableció El Destape, el magistrado firmó 13 resoluciones desde tribunales, lo que generó además una denuncia penal por presunto falseamiento de documento público presentada por una familiar de las víctimas del ARA San Juan.
Macri lo puso «a dedo»: la génesis del problema
El origen del poder institucional de Carlos Mahiques tiene una fecha precisa. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri lo trasladó a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un mecanismo que el bloque kirchnerista calificó siempre de inconstitucional: sin concurso específico para ese cargo y por decisión directa del Ejecutivo. El senador Martín Soria lo definió en la audiencia de abril de 2026 como parte de «un grupo selecto que fue trasladado sin concursar a la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal», en referencia al conjunto de magistrados que el macrismo posicionó estratégicamente en el fuero que concentra las causas de mayor impacto político del país. La expresión que circula en los pasillos judiciales, «Comodoro Pro», sintetiza ese proceso de colonización sistemática del poder judicial por parte del espacio político que hoy se llama PRO.
El cumpleaños en la quinta de Toviggino y los lazos con la AFA
El segundo frente de exposición de Mahiques es más reciente. En febrero de 2026, la prensa reveló que el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio del proceso judicial que avanza sobre las finanzas y la gestión de la entidad. El dato es jurídicamente crítico: un juez con competencia sobre una causa no puede mantener vínculos sociales con personas investigadas o su entorno inmediato sin comprometer la imparcialidad del proceso. Tras la difusión de esas publicaciones, Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de Casación, el mismo tribunal que tiene pendiente pronunciarse en causas vinculadas a la propiedad de Toviggino, según publicó el portal Política y Medios.
Este diario documentó oportunamente que los lazos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA no se limitan al magistrado. Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, figura en documentación oficial como vicerrector de la UNAFA (Universidad de Fútbol Argentino), aunque según informó elDiarioAR desistió del cargo. Su hermano Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. El entramado familiar configura una red de conflictos cruzados que ninguno de los tres ha explicado con claridad.
El hijo ministro y la prórroga del mandato paterno
El episodio más reciente y quizás el más ilustrativo de la cultura institucional del clan Mahiques es la extensión del mandato judicial. Carlos Mahiques cumple 75 años el 1° de noviembre próximo, la edad límite para ejercer la magistratura sin renovación expresa. Fue su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien impulsó el pliego para extender ese mandato por cinco años adicionales. El Senado aprobó la prórroga el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra, con el apoyo del oficialismo, la UCR, el PRO y sectores del peronismo aliado al Gobierno. El kirchnerismo votó en contra y rechazó el pliego por carecer, según sus propias palabras, de «las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura».
Según publicó la revista Acción, fuentes del Consejo de la Magistratura advirtieron que la suma de la prórroga paterna y el control de 144 vacantes judiciales en manos del ministro podría abrir una nueva «hegemonía» del clan Mahiques sobre los tribunales clave del país, incluyendo la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal revisora de Comodoro Py.
La denuncia como operación de presión
Leída en ese contexto, la presentación de Mahiques ante Barroetaveña no puede evaluarse exclusivamente como un reclamo ante el hostigamiento mediático. Sus cuestionamientos a periodistas que trabajan con fuentes reservadas, su propuesta de sancionar ese tipo de relación entre Justicia y prensa, y su amenaza de querellas penales contra comunicadores críticos configuran, en los hechos, una operación de intimidación sobre la cobertura de sus propios conflictos de interés.
La paradoja es transparente y no requiere mayor elaboración: el juez que denuncia «promiscuidad informativa» entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es el mismo magistrado que voló en el avión privado de Clarín a la mansión de Joe Lewis, que coordinó con directivos del grupo la estrategia de encubrimiento posterior y que llegó a su cargo gracias a un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri. El «Partido Judicial» no es una metáfora: tiene nombres, vuelos, chats y decretos.
Puntos clave
- El 13 de octubre de 2022, Carlos Mahiques viajó en un vuelo privado junto a su hijo, otros jueces, funcionarios del macrismo y directivos del Grupo Clarín a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, sin informar ni pedir licencia a su tribunal.
- Chats filtrados revelaron que Juan Bautista Mahiques coordinó una cobertura documental falsa para encubrir el viaje; la causa fue derivada a Comodoro Py, donde fue anulada y todos los imputados sobreseídos.
- Carlos Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2018 mediante un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri, sin concurso específico para el cargo.
- En febrero de 2026 se reveló que el magistrado festejó su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de la investigación judicial sobre la entidad.
- Su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, impulsó la prórroga del mandato paterno por cinco años, aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2026 con 58 votos a favor.
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