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Judiciales ⚖️

El lawfare contra la AFA se agudiza con un pedido de detención basado en pruebas invalidadas

La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO. Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.

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El Argentino Diario-Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

El acoso judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha ingresado en una fase de abierta persecución política. En una maniobra que ignora los recientes dictámenes técnicos del propio Poder Judicial, un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

La embestida, que se presenta bajo un ropaje de legalidad, colisiona frontalmente con la realidad de un expediente donde la principal pieza de artillería —un dispositivo digital— ya fue declarada nula por carecer de integridad, autenticidad y trazabilidad.

Pruebas viciadas y real malicia

La ofensiva judicial parece calcada de los peores precedentes de lawfare en la Argentina. Apenas hace 48 horas, Gregorio Dalbón, abogado de la entidad, hizo público un dictamen de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que desmorona la validez del soporte presentado contra la AFA.

https://elargentinodiario.com.ar/deportes/15/04/2026/se-cae-la-operacion-la-justicia-certifico-que-material-clave-contra-la-afa-es-falso/

Según la pericia oficial, el material no cumple con los estándares técnicos mínimos ni con la cadena de custodia básica. Insistir en un pedido de detención basado en elementos ya invalidados configura, según la defensa, un acto de real malicia destinado únicamente a generar daño reputacional.

El fútbol como botín: Las SAD en el horizonte

Detrás de los trascendidos sobre sociedades fantasma en Estados Unidos y triangulación de activos, late una disputa de fondo mucho más profunda: la soberanía deportiva de los clubes argentinos. Esta nueva embestida coordinada desde sectores judiciales y amplificada por el engranaje mediático oficialista busca quebrar la resistencia de la AFA frente al proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El objetivo es claro: montar una narrativa de corrupción para justificar una intervención federal que allane el camino al desembarco del capital privado sobre el fútbol campeón del mundo.

Persecución y desinformación

La trama denunciada por el fiscal Pedro Simón involucra a 24 personas del entorno de los dirigentes, incluyendo familiares y pequeños contribuyentes, en lo que parece ser una redada mediática más que una investigación rigurosa. Mientras se agitan fantasmas de lavado, se omite deliberadamente que la justicia ya destruyó la validez de la prueba madre del caso. La estrategia busca forzar el escándalo para doblegar a una dirigencia que se mantiene como el último obstáculo institucional contra la privatización de las asociaciones civiles sin fines de lucro.

El fantasma de la intervención

Con el arma principal de la acusación ya desmantelada técnicamente, el carácter político de la persecución queda en evidencia. La insistencia en pedidos de indagatoria y privación de libertad, en medio de una pericia que certifica la falsedad del material probatorio, recuerda las épocas donde el trascendido reemplazaba a la prueba auténtica. La batalla por la AFA no es solo una disputa judicial, es la defensa de un modelo de clubes de barrio frente a la voracidad de un mercado que cuenta con el auxilio de despachos judiciales predispuestos a la operación política.

Puntos clave:

  • La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO.
  • Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
  • La defensa advierte que la difusión de contenidos ya invalidados oficialmente constituye un acto de real malicia.
  • El avance judicial es visto como una maniobra coordinada para forzar la intervención de la AFA e imponer las SAD.
  • La causa involucra a 24 personas en una redada que busca erosionar la imagen de la gestión deportiva nacional.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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