Judiciales ⚖️
Alerta: El Gobierno denunció a la jueza Andrade por liberar detenidos
En un acto que pone en riesgo las garantías constitucionales y la división de poderes, Bullrich la acusó de prevaricato.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 manifestantes detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso. “Violó la Ley de Reiterancia e intervino donde no debía”, afirmó la funcionaria.
Bullrich insistió en sus críticas a la magistrada y la acusó de favorecer a los detenidos. «Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes», escribió en X.
Un error en la denuncia
A pesar de la firmeza en sus declaraciones, la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad contenía un error: mencionaba a una jueza de nombre «Karina Delgado». Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, corrigió la equivocación en X, pero el documento con la errata seguía circulando.
La presión del Gobierno contra la jueza
El Gobierno nacional intensificó los ataques contra la jueza Andrade. Manuel Adorni, vocero presidencial, la acusó de favorecer la «puerta giratoria» y responsabilizó a la Justicia de la inseguridad en el país.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, lamentó su decisión: “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, sostuvo en Radio Mitre.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugirió que Andrade podría enfrentar consecuencias en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. “Se analizará su actuación por posible incumplimiento de sus funciones”, adelantó.
Andrade se defendió: «Hice lo que debía hacer»
Ante los ataques del oficialismo, la jueza Andrade justificó su accionar: “Las detenciones se estaban llevando a cabo sin el control judicial básico y la información recibida era escasa”, explicó. Además, aclaró que quienes tenían armas o pedidos de captura no fueron liberados.
Por otro lado, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) rechazó la represión y respaldó a Andrade “frente al ataque injustificado que está recibiendo”. La persecución a una magistrada en medio de un gobierno presuntamente democrático, atacada por ejercer sus funciones conforme a derecho y la normativa nacional e internacional, y por fallar contrariamente a los intereses del Poder Ejecutivo, abre un arista delicada para el estado de derecho y la democracia en nuestro país.
Mundo 🌐
Meloni elige la represión: soldados en la calle, cárcel para manifestantes y detención preventiva de menores
El decreto crea el delito de «participación violenta en una manifestación», con hasta cinco años de cárcel, y hace responsables a los padres por los daños de sus hijos. El Gobierno italiano lo aprobó tras los saqueos del fin de semana en Milán.
Italia tendrá un nuevo delito penal por «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares). El Gobierno también ampliará la detención preventiva de menores sospechosos de representar una amenaza antes de las marchas.
La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre, en un video difundido en redes sociales tras el Consejo de Ministros, que el gabinete aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades del país. La norma incluye además el despliegue de 500 soldados en la capital lombarda hasta fin de año. El lunes 19, el vicepresidente Matteo Salvini ya había adelantado el envío de las tropas en sus redes sociales.
Qué incluye el decreto
El texto endurece las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo. Amplía las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.
«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni, quien condenó los ataques contra comercios y fuerzas de seguridad. La primera ministra sostuvo que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, y habló de «escenas inaceptables que no pueden ser minimizadas ni justificadas».
Una marcha por el costo de vida y una respuesta penal
Según consignó la prensa local, los incidentes ocurrieron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida. La policía de Milán estimó que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios de la noche del sábado, y Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de tantos chicos en los hechos.
Las medidas conocidas hasta ahora se concentran en el castigo y el control: penas de prisión, soldados en las calles y detenciones. Ninguna de ellas apunta al malestar económico que, según se informó, había motivado la marcha original.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que el Gobierno de Meloni responde con mano dura a la protesta. En febrero, tras disturbios en Turín, aprobó un paquete de seguridad urbana que permite la retención preventiva de personas «de riesgo» antes de una manifestación, por hasta 12 horas. Pocos días después, luego de los choques en Milán durante una marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno, Meloni tachó de «enemigos de Italia» a los responsables de los disturbios.
El nuevo decreto profundiza esa línea: cada episodio de violencia callejera se responde con una vuelta de tuerca penal, ahora con foco en los menores y en sus familias. La medida reabre el debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la sanción anticipada, ya que alcanza a jóvenes sospechosos de ser una amenaza antes de que ocurra cualquier hecho.
Lo que tenés que saber
- El decreto crea el delito de participación violenta en una manifestación, con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
- Se desplegarán 500 soldados en Milán hasta fin de año.
- Se amplía la detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones.
- Los padres podrán ser responsabilizados financieramente por los daños causados por sus hijos.
- Meloni lo anunció tras los saqueos y las agresiones a policías del fin de semana en Milán y otras ciudades.
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