La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 manifestantes detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso. “Violó la Ley de Reiterancia e intervino donde no debía”, afirmó la funcionaria.

Bullrich insistió en sus críticas a la magistrada y la acusó de favorecer a los detenidos. «Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes», escribió en X.

Un error en la denuncia

A pesar de la firmeza en sus declaraciones, la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad contenía un error: mencionaba a una jueza de nombre «Karina Delgado». Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, corrigió la equivocación en X, pero el documento con la errata seguía circulando.

La presión del Gobierno contra la jueza

El Gobierno nacional intensificó los ataques contra la jueza Andrade. Manuel Adorni, vocero presidencial, la acusó de favorecer la «puerta giratoria» y responsabilizó a la Justicia de la inseguridad en el país.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, lamentó su decisión: “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, sostuvo en Radio Mitre.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugirió que Andrade podría enfrentar consecuencias en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. “Se analizará su actuación por posible incumplimiento de sus funciones”, adelantó.

Andrade se defendió: «Hice lo que debía hacer»

Ante los ataques del oficialismo, la jueza Andrade justificó su accionar: “Las detenciones se estaban llevando a cabo sin el control judicial básico y la información recibida era escasa”, explicó. Además, aclaró que quienes tenían armas o pedidos de captura no fueron liberados.

Por otro lado, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) rechazó la represión y respaldó a Andrade “frente al ataque injustificado que está recibiendo”. La persecución a una magistrada en medio de un gobierno presuntamente democrático, atacada por ejercer sus funciones conforme a derecho y la normativa nacional e internacional, y por fallar contrariamente a los intereses del Poder Ejecutivo, abre un arista delicada para el estado de derecho y la democracia en nuestro país.