Integrantes de la comunidad indígena Tilquiza de Jujuy junto a referentes del Pueblo Ocloya y representantes de distintos organismos de derechos humanos repudiaron hoy la «violación sistemática de derechos» en la provincia y la «violencia institucional» perpetrada en el desalojo de una protesta que se realizó el miércoles pasado por el bloqueo de un camino ancestral.

El despliegue represivo, a cargo de la Policía de Jujuy y denunciado como «desmedido», se registró el miércoles pasado cuando integrantes de la comunidad del Pueblo Ocloya se manifestaban tras ser obstaculizado, con aval judicial, el único camino hacia sus tierras, ubicadas a 17 kilómetros de la capital jujeña.

Los referentes señalaron que tras las nueve detenciones de manifestantes durante ese desalojo, que luego fueron liberados, se sumaron imputaciones, por lo que pidieron la intervención de organismos nacionales.

«Queremos que esté garantizado el libre tránsito por nuestro camino ancestral y se retrotraigan esta imputaciones improcedentes», expresó en el marco de una conferencia de prensa, Néstor Jeréz, cacique del Pueblo Ocloya y representante del área de Pueblos Indígenas del Inadi. El cacique fue uno de los detenidos en el desalojo de la protesta del miércoles.

En ese sentido, advirtió el «irregular procedimiento de intervención» del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy no solo en torno a la ley 26.160 de comunidades indígenas y otras normativas nacionales e internacionales, sino también en el incumplimiento del protocolo del mismo organismo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes.

«El protocolo que el mismo Fiscal General, Sergio Lello Sánchez, ha firmado el 30 de abril de 2021, lo acaban de violentar con este despojo arbitrario, desmedido, y donde realmente se han violado todos nuestros derechos», expuso Jeréz.

Asimismo, indicó que fueron acusados de «entorpecimiento de la libre circulación como así también por turbación de la posesión», cuando «el protocolo del MPA dice que cuando exista una acción posesoria no puede intervenir el ámbito penal», y en este caso «existe un proceso en la Cámara Civil 2, desde 2010, por la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena».

En esa línea, expuso que al conocerse la intimación de desalojo, incluso se pidió la intervención de la secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, a cargo de Yolanda Cruz, para que inste al MPA a la aplicación del protocolo correspondiente, y sostuvo que «no hubo respuesta favorable».

Jeréz apuntó que el miércoles por la mañana hicieron una presentación dirigida Fiscal Sergio Lello Sánchez para que se siga el protocolo, teniendo en cuenta incluso antecedentes como una orden judicial de liberación de todo obstáculo que obstruya el paso por el camino ancestral, dictaminada en febrero de 2019.

Por su parte, una de las integrantes detenidas de la comunidad de Tilquiza, al recordar lo ocurrido durante el desalojo, contó que «esta justicia nos prohíbe expresarnos y defender nuestro territorio, a nuestras familias, la forma de vida que llevamos» y dijo que: «Nosotros vivimos desde siempre ahí y vinieron a despojarnos, a arrinconarnos. La policía llegó con muchos vehículos y nos trataron como si fuésemos matones. Son insensibles.

En la conferencia expresaron su «rechazo» por la represión en la protesta y «preocupación» por la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Jujuy referentes locales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Inadi, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y de la organización Andhes (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), entre otros.