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Caso Rafael Nahuel: prefectos dicen ser «chivos expiatorios» y responsabilizan a comunidad mapuche

Los imputados Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa hicieron uso de su prerrogativa de declarar y leyeron sus declaraciones por zoom sin contestar preguntas ante los magistrados.

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Dos de los cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina aseguraron ser «chivos expiatorios» de sectores «corruptos y cobardes» del Poder Judicial y la política, señalaron que Rafael Nahuel murió por un disparo realizado por integrantes de la comunidad mapuche, en la segunda audiencia del juicio que se sigue en General Roca, Río Negro, por el asesinato de ese joven, ocurrido en noviembre de 2017, en medio de un conflicto por tierras en la localidad de Villa Mascardi.

Los imputados Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa hicieron uso de su prerrogativa de declarar y leyeron sus declaraciones por zoom desde Buenos Aires sin contestar preguntas ante los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal de Roca.

Los acusados no permitieron preguntas, y centraron su estrategia en explicar que la contradicción en las pericias obrantes en el expediente no permite determinar de qué arma salió el disparo letal.

Sobre esa base, arriesgaron que Nahuel fue ultimado por un proyectil que provino de los propios miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu: «Recibió el balazo por la espalda y nosotros estábamos disparando de frente”, aseguraron.

Este argumento fue rechazado y desmentido por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la APDH Bariloche y la representación legal de la familia de Rafael Nahuel, que le confiaron que «ninguna prueba ni pericia obrante en el expediente permiten asegurar» que la víctima «murió de otra forma que no sea a causa de un disparo efectuado por los integrantes del grupo Albatros».

Este proceso oral y público comenzó ayer y la próxima semana se espera la comparecencia de nueve testigos pertenecientes a fuerzas de seguridad, que declararán en las dos audiencias que se llevarán a cabo el martes y miércoles.

La declaración indagatoria de Pintos -duró unos 20 minutos- comenzó con una contextualización política del hecho y el proceso de instrucción judicial, que le valió una advertencia del Presidente del Tribunal, Alejandro Silva.

Sin embargo, el uniformado insistió en explicar que los cinco imputados son “víctimas” y “chivos expiatorios” de un poder Judicial y político “corrupto” y “cobarde” que no adoptó las medidas necesarias para “terminar con el problema mapuche”.

De los jueces intervinientes en la causa -fundamentalmente de Gustavo Villanueva y Leónidas Moldes- dijo que son “miedosos” que “desde sus cómodos despachos no dudaron en meterme preso por una pericia trucha”.

Pintos hace referencia al resultado de la primera pericia balística que determinó de manera indubitable que el proyectil que mató a Nahuel provino del subfusil MP5 que portaba al momento del hecho. Tanto en la instrucción como en la indagatoria de este miércoles, el Albatros aseguró que no llevó esa arma durante la incursión a la comunidad mapuche.

Una segunda pericia balística, realizada por la Gendarmería, determinó que el proyectil no salió del subfusil MP5; mientras que una tercera pericia efectuada en un área especializada del Ministerio Público de la provincia de Salta señaló que la bala se correspondía con la pistola Beretta 9 mm que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.

“Hasta hoy se desconoce con qué arma. Los jueces no tienen el coraje de enfrentar como yo lo hice (a los mapuches), arriesgando mi vida. No tuvieron el valor de actuar como la Nación lo esperaba”, agregó Pintos.

Además, insistió en la existencia de un enfrentamiento con armas de fuego, al sostener que el grupo de Albatros salvó sus vidas «de milagro”, y admitió que, al verse superado en número y no tener efecto las maniobras “disuasorias” que intentó disparó al cuerpo de “tres personas”.

“Estaban detrás de los árboles, frente a nosotros. Efectué pocos disparos, solo cinco”, dijo y negó “rotundamente» haber actuado «en exceso de legítima defensa».

«Actuamos de acuerdo a la Ley”, alegó.

El prefecto tuvo además expresiones xenófobas contra el pueblo mapuche, y acusó a sus integrantes “hacer escraches, escupir, usurpar e incendiar”, y que, al momento de tomar contacto con ellos durante el operativo, “vestían ropas características de mapuche” y “gritaban en un idioma que no es el oficial de la República Argentina”.

Aseguró que aquella jornada del 25 de noviembre de 2017 cumplió con su deber, a partir de una orden judicial, y que lo hizo imbuido de “patriotismo” y contra “personas mapuche” que “desconocen la bandera” argentina y “tienen sus propios símbolos”.

“De ser condenado jamás me recuperaré, pero mi dignidad y honor estarán intactos. El arma que mató a Rafael Nahuel no está, y menos fue disparada por mí”, apuntó.

En un mismo sentido, el Cabo Sosa señaló que no mató “a nadie” y que “no existe certeza de qué arma disparó el proyectil que mató”.

“Tratan de inculparnos como sea”, se quejó, calificó de “irregular el proceso” y planteó que los Albatros sufrieron “atropellos a sus derechos y garantías por la cobardía de quienes debían decidir en esta causa

Pidió finalmente a los jueces que “demuestren su valentía y no claudiquen ante un grupo de violentos que no dudan en incendiar, destruir y matar. Mientras no cumplan con su deber nuestra patria estará sometida a la violencia”, concluyó.

Los dichos de los uniformados fueron rechazados y desmentidos por las querellas y la representación del Ministerio Público, y Rubén Marigo, abogado de la familia de Nahuel, señaló que “no sorprende la insistencia sobre la existencia de un enfrentamiento, cuando claramente hubo un ataque por parte de los Prefectos contra los mapuche”.

Recordó que los Albatros dispararon más de 130 proyectiles de plomo, “mataron a Rafael Nahuel e hirieron a otras dos personas”.

“Han manifestado una posición política que es coherente con esta ideología que inventó en los mapuche a un enemigo interno, que también justificó la represión. Es un claro caso de violencia institucional”, concluyó.

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Tres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados

La cifra surge de una encuesta de Thomson Reuters y el Colegio Público de la Abogacía porteño. Casi todo lo que se sabe del fenómeno lo cuentan grandes estudios y empresas de tecnología, mientras tribunales de cuatro jurisdicciones encontraron citas falsas en escritos.

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Ilustración de una estatua de la Justicia que se levanta la venda de un ojo y guiña, con la balanza en alto

Veintiséis fallos que nunca existieron. Eso encontró la Cámara Civil de Roca en los escritos de dos abogados que litigaban por un auto 0 km con fallas. Ninguno de los dos admitió haber usado inteligencia artificial, pero el tribunal concluyó que probablemente lo hicieron, los dejó sin honorarios en esa instancia y remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de Roca.

El episodio, que difundió el Poder Judicial de Río Negro en septiembre de 2025, es una de las pocas ventanas públicas a un fenómeno que avanza en silencio. Según el Reporte sobre la Inteligencia Artificial en los estudios jurídicos de Argentina 2025, que Thomson Reuters elaboró junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) a partir de una encuesta a «cientos de profesionales del sector legal», tres de cada cuatro abogados ya usan IA en sus tareas.

Lo que dice la encuesta y lo que no muestra

El resumen público del reporte agrega que cerca de un cuarto de los encuestados emplea la IA para mejorar y automatizar procesos legales, y que entre las motivaciones se destacan brindar un mejor asesoramiento y desarrollar nuevas competencias. El documento completo solo se descarga después de completar un formulario con datos personales, y la página no informa el porcentaje exacto, la cantidad de encuestados, las fechas del relevamiento ni la metodología.

El dato tiene otro detalle que no es menor: lo publica una empresa que vende herramientas de IA para abogados. Thomson Reuters comercializa CoCounsel, una de las plataformas especializadas que aparece en los relevamientos del sector.

«IA Blue»: el uso que no se declara

El fenómeno ya tiene nombre: «IA Blue», el uso «solapado» de aplicaciones de inteligencia artificial por fuera de los canales oficiales. Lo acuñó el abogado Ignacio Adrián Lerer, CEO de IntegridAI, en una columna publicada en Abogados.com.ar el 2 de octubre de 2025. El 5 de enero de este año, en el mismo sitio, Lerer aplicó el concepto a otro relevamiento: el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal, centrado en los abogados que trabajan dentro de empresas.

Ese reporte es distinto de la encuesta de Thomson Reuters y el CPACF: mide departamentos legales de empresas, no estudios jurídicos, y de él sale el dato de que dos de cada tres usuarios desconfían de la IA. Según las cifras del reporte de Marval que cita Lerer, el 75% de los departamentos legales usa IA de forma regular, contra el 11% de 2023, pero el 67% de quienes la usan desconfía de la precisión de los resultados. Las herramientas más usadas son generalistas: ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas pensadas para el trabajo jurídico apenas aparecen, con Harvey en el 7% y CoCounsel en el 4%. Además, el 68% de los departamentos no tiene presupuesto específico para tecnología legal.

Para Lerer, esa combinación tiene una sola explicación: «la única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada». Es su interpretación; el reporte no mide de qué cuentas sale ese uso.

Los que sí lo cuentan

Del otro lado están los que lo anuncian. En mayo de 2024, el estudio Bruchou & Funes de Rioja comunicó que incorporó Harvey AI, una plataforma diseñada para el sector legal, y se presentó como la primera firma de la Argentina en hacerlo. «Nuestros abogados continúan siendo los conductores de cada caso y proyecto», dijo Rodrigo Funes de Rioja, miembro del Consejo de Administración del estudio. El anuncio incluyó una capacitación específica para sus profesionales y una referencia a la «garantía de confidencialidad» de la herramienta.

La foto que queda es despareja: casi todo lo que se sabe sobre el uso de IA en la abogacía argentina proviene de grandes estudios y de empresas que venden tecnología. El abogado que trabaja solo o en un estudio chico no aparece en esos anuncios.

Cuando el silencio llega a los tribunales

Los casos que salieron a la luz lo hicieron por las citas falsas. El 20 de noviembre de 2025, en una ejecución de multa contra la prepaga Medicus, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le aplicó un apercibimiento a un abogado que citó jurisprudencia inexistente atribuida a esa misma Cámara. El tribunal consideró que las citas «pudieron encontrarse originadas en un inadecuado uso» de la inteligencia artificial y dio intervención al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó una apelación en una causa penal que se apoyaba en un supuesto fallo de la Corte Suprema que no figuraba en ninguna base oficial. Los jueces enviaron los antecedentes al Colegio de Abogados y Procuradores provincial y advirtieron que no verificar la jurisprudencia «no solo constituye una falta ética, sino que pone en riesgo la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de justicia».

En abril de este año, la Cámara de Apelaciones del Interior de Neuquén, según informó el Poder Judicial provincial el 29 de ese mes, detectó al menos cinco fallos falsos en un recurso, entre ellos supuestos precedentes del Tribunal Superior provincial y de la Corte Suprema. «Lo que interesa es el resultado: existen al menos cinco citas falsas que se utilizan como argumento central para fundar un recurso de apelación», escribieron los jueces, que no se detuvieron en si el origen fue la IA y remitieron el caso al Colegio de Abogados de Cutral Có.

Reglas que no obligan

El CPACF publicó en julio de 2025 una «Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados» y, el 8 de agosto de 2025, unos «Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía». Piden verificar todo lo que produce la herramienta, porque puede inventar citas y fallos, no cargar datos sensibles de clientes sin su autorización e informarles cuando se usa IA. Son, como dice su título, criterios orientadores.

En Río Negro, el propio Poder Judicial reconoció la brecha: su protocolo sobre IA rige solo dentro de los tribunales, y los abogados que ejercen de forma privada «no tienen lineamientos específicos» para controlar el uso de estas herramientas en sus escritos. Mientras tanto, cada cita inventada pone en juego la causa de alguien que confió en ese escrito.

Lo que tenés que saber:

  • Según Thomson Reuters y el CPACF, tres de cada cuatro abogados ya usan IA; la página del reporte no informa muestra, fechas ni metodología.
  • Ignacio Lerer llamó «IA Blue», en Abogados.com.ar, al uso solapado de estas herramientas.
  • En otro relevamiento, el de Marval sobre departamentos legales de empresas, el 75% usa IA y el 67% desconfía de sus resultados.
  • Bruchou & Funes de Rioja anunció en 2024 que incorporó Harvey AI.
  • Tribunales federales y de Río Negro, San Luis y Neuquén detectaron fallos inexistentes en escritos de abogados.
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