El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz autorizó por primera vez la aplicación de la Ley de Organizaciones Criminales (27.786) —conocida como Ley Antimafias— en Rosario, en respuesta a un pedido conjunto del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). El fallo habilitó una investigación especial en barrios considerados críticos por su nivel de violencia narco, en lo que constituye un antecedente clave para el futuro de la seguridad en Santa Fe.

La medida permitirá aplicar herramientas procesales excepcionales, como la infiltración de agentes, seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas más amplias y el decomiso anticipado de bienes. Además, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación entre fiscales federales y provinciales, con el objetivo de compartir información sin intermediarios ni trabas burocráticas.

Un nuevo enfoque tras años de impunidad

El anuncio se dio en medio de un repunte de los hechos de violencia en Rosario, donde desde principios de año se registraron más de 120 homicidios, muchos ligados a disputas territoriales de bandas que operan con impunidad. La situación motivó, en marzo, el envío de fuerzas federales y la intervención del Gobierno nacional con políticas de «saturación» en zonas conflictivas, aunque con resultados limitados.

Para Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, la aplicación de la ley representa “una herramienta clave para ir al fondo contra los narcos”. En un comunicado oficial, destacó: “Si cae uno, caen todos. Se castiga el delito y la pertenencia a la estructura mafiosa”.

El artículo 1° de la Ley 27.786 define como organización criminal a todo grupo de tres o más personas que, de forma concertada y durante cierto tiempo, cometa delitos especialmente graves, como tráfico de drogas, armas, trata de personas o lavado de dinero.

Antecedente en Mendoza y un nuevo paradigma legal

Antes del caso rosarino, la Ley Antimafias había sido utilizada en Mendoza, donde diez imputados —dos de ellos presos— fueron procesados con prisión preventiva por operar una red de narcotráfico y tráfico de armas desde el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Según la fiscalía, el caso cumplía con los criterios para una organización criminal por su “estructura compleja, estabilidad en el tiempo y fines delictivos múltiples”.

En Rosario, la decisión judicial implica un cambio de paradigma: ya no se perseguirá a los delincuentes de forma aislada, sino que se buscará demostrar la pertenencia a redes estructuradas, lo cual habilita penas más severas y la responsabilidad penal extendida a todos sus miembros.

Una audiencia clave en Rosario

La implementación fue discutida este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, con la participación de fiscales de PROCUNAR, representantes del Ministerio de Seguridad y referentes del Ministerio Público Fiscal. El objetivo central es que esta herramienta funcione como punta de lanza para una política criminal más ambiciosa y sostenida.

El subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, representaron al Ejecutivo en una reunión que apuntó a coordinar estrategias para desarticular organizaciones con fuerte anclaje territorial, muchas de las cuales operan desde cárceles provinciales o federales.