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Fraude millonario con nafta, cargas “fantasma” y sobrefacturación: el escándalo que sacude a la Policía de Santa Fe

Una trama de corrupción en la Policía de Santa Fe desvió al menos $45 millones mensuales mediante cargas ficticias de combustible. La Justicia dictó prisión preventiva para 16 de los 17 imputados, entre los cuales hay 13 policías y 4 civiles.

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El Argentino Diario-Jefatura de la Policía de Santa Fe-Rosario.

Una red de corrupción institucionalizada

La ciudad de Rosario se ve sacudida por uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente de la Policía de Santa Fe. Trece efectivos policiales y cuatro civiles fueron imputados por malversación de fondos públicos, cohecho y defraudación agravada, tras una investigación que reveló un esquema sistemático de desvío de recursos destinados al combustible de patrulleros.

El juez Gustavo Pérez Urrechu dictó prisión preventiva por seis meses para 16 de los 17 imputados, incluyendo a altos mandos de la Unidad Regional II. La única excepción fue una empleada administrativa de la estación de servicio involucrada.

El modus operandi: cargas “fantasma” y sobrefacturación

Según la acusación del fiscal José Luis Caterina, la maniobra consistía en registrar cargas de combustible en patrulleros fuera de servicio o inexistentes, utilizando tarjetas “Visa Flota” asignadas a los móviles policiales. Estas operaciones se concentraban en una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, en la zona sudoeste de Rosario.

Se detectaron casos donde patrulleros inmovilizados registraban consumos diarios de entre $20.000 y $30.000 en nafta. Incluso, un vehículo del Comando Radioeléctrico facturó 170 litros más de lo necesario para su recorrido.

En allanamientos a domicilios de los imputados, se encontraron más de 300 tarjetas “Visa Flota”, un posnet de la estación de servicio y documentación relacionada con las cargas fraudulentas.

Implicados de alto rango y civiles cómplices

Entre los policías imputados se encuentran el comisario Gerardo Ramírez, jefe de distribución de combustible de la Unidad Regional II; el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada; y el comisario Fabián Fantín, jefe de la Sección Perros y Caballería. También fueron acusados subinspectores y personal administrativo.

Los civiles involucrados son Daniel Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos vinculados a la gestión de la estación de servicio donde se realizaban las operaciones fraudulentas.

Intervención oficial y consecuencias institucionales

Ante la magnitud del escándalo, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por tres meses la Unidad Regional II de Rosario y removió de su cargo al titular, Daniel Acosta, aunque no se encuentra entre los imputados.

La investigación continúa abierta y no se descarta la imputación de más personas. El fiscal Caterina señaló que, por el volumen de la maniobra y la cantidad de actores involucrados, era un “secreto a voces” dentro de la fuerza policial.

Puntos clave del caso:

  • Monto desviado: al menos $45 millones mensuales durante diez meses.
  • Imputados: 13 policías y 4 civiles, con prisión preventiva para 16 de ellos.
  • Modus operandi: cargas ficticias y sobrefacturación de combustible en patrulleros fuera de servicio.
  • Lugar: estación de servicio Puma en Ovidio Lagos al 3900, Rosario.
  • Intervención: el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino la Unidad Regional II y removió a su titular.

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“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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