La Cámara Federal de Casación penal convalidó hoy a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la causa en la que se investiga el atentado del 1 de septiembre pasado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había reclamado su apartamiento en dos oportunidades.

La decisión fue tomada de modo unipersonal por el juez de la sala segunda del máximo tribunal penal, Guillermo Yacobucci, quien declaró “inadmisibles” los recursos de la querella contra los fallos de la Cámara Federal porteña que ya había confirmado a la magistrada en esta causa, informaron fuentes judiciales.

“La parte no rebate de manera completa y acabada todos y cada uno de los argumentos tenidos en cuenta en la resolución recurrida para rechazar el apartamiento de la magistrada, limitando la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio”, sostuvo Yacobucci en dos fallos distintos.

En un tercer fallo, el juez Yacobucci declaró inadmisible el recurso de Casación que los abogados de la querella presentaron contra la decisión del juez de la Cámara Federal Porteña, Leopoldo Bruglia, de “instar una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado”.

Los abogados de la vicepresidenta, Ubeira y Marcos Aldazabal, habían recusado a la jueza Capuchetti en dos oportunidades: la primera fue el año pasado por “un cúmulo de irregularidades” advertidas en la investigación y la segunda luego de que se conociera que la magistrada tiene un trabajo rentado (supuestamente como investigadora) en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando cuestionaron su trabajo para el ISSP, los abogados de la exmandataria sostuvieron que la jueza «estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”, en referencia a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad porteño.

Al rechazar esa recusación, el camarista federal Bruglia había sostenido que se trataba de argumentos «ajenos» al proceso y responden a la «creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado».

El juez evaluó que no se probó que «la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento».

«El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas», concluyó.

En la primera recusación, el 14 de noviembre pasado, la querella aludió a las «irregularidades y arbitrariedades» de la investigación en la que están detenidos y procesados con prisión preventiva el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo, sindicado como partícipe secundario.