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Judiciales ⚖️

Pidieron jury de enjuiciamiento para el fiscal de la causa de Lucas Verón

Lo acusan de realizar «maniobras tendientes a obstruir y desviar la investigación».

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió un jury de enjuiciamiento para el fiscal que instruyó la causa por el homicidio de Lucas Verón, muerto de un balazo tras ser perseguido por dos policías en 2020 en la localidad bonaerense de González Catán, al considerar que realizó «maniobras tendientes a obstruir y desviar la investigación», informaron fuentes judiciales.

«El agente fiscal Juan Pablo Tahtagian se alejó de las previsiones normativas, desplegando un accionar ilegal que tuvo como objetivo intentar la impunidad del crimen ejecutado por personal policial», señaló el organismo en el pedido de destitución presentado hace dos días junto a Cristian Verón y Graciela Aguilar -padres de la víctima-, ante la Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

En agosto último, el expolicía Ezequiel Benítez (34) fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por matar en exceso del cumplimiento de sus funciones a Verón y por intentar asesinar a su amigo, mientras que la exoficial Cintia Duarte (28) recibió 4 años solo por el homicidio en exceso del cumplimiento del deber.

La CPM explicó que a la par del juicio y las penas para los responsables directos del crimen, la trama de encubrimientos y posteriores acciones tendientes a cristalizar la impunidad fueron abordadas en dos investigaciones penales.

Una investigación, a cargo de la Ayudantía de Delitos de Gravedad Institucional de La Matanza, derivó en el procesamiento del segundo jefe Departamental de La Matanza Diego Ocampos, la oficial de policía Giselle Genez y el subcomisario Daniel Quinteros, todos ellos a la espera de la celebración del debate oral que los juzgará por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideología, falsedad de instrumento público, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad contra el joven Gonzalo Aguirre.

La segunda causa se tramita en la Fiscalía 8 del Departamento Judicial San Martín y es la que dio origen a la presentación del pedido de destitución que acaba de presentar la CPM junto a los padres de Lucas.

En ese expediente se investiga el accionar del fiscal Tahtagian, en cuya presencia y con su participación fueron realizadas todas las acciones ilegales llevadas a cabo por la policía para encubrir el crimen.

En este sentido, el 7 de septiembre último, la titular de dicha fiscalía, Andrea Victoria Andoniades citó a declaración indagatoria a Tahtagian, quien actualmente presta funciones en una fiscalía de Gregorio de Laferrere.

La fiscal consideró que «existiendo desde el primer momento fuertes sospechas de la intervención de personal de la policía bonaerense en la comisión del homicidio, delegó la investigación y requirió medidas de prueba a la misma fuerza de seguridad, esto es, a la policía bonaerense, siendo que a raíz de esta delegación, el testigo presencial del homicidio, el menor Gonzalo Aguirre, y su padrino Mario Brandan, resultaron víctimas de delitos de acción pública por parte de efectivos policiales que intervenían en la investigación».

«No me quedan dudas que ya desde tempranas horas de la mañana del día 10 de julio de 2020 se sabía que el hecho había sido cometido por policías bonaerenses», agregó la funcionaria judicial.

En lugar de cumplir con la Resolución 1390 de la Procuración General que dispone apartar a la fuerza investigada de la causa, el fiscal violó esta normativa y no solo delegó toda la instrucción a la bonaerense, sino que fue parte de estas acciones ilegales que convalidaban su accionar, sostuvo la CPM.

Para el organismo, el asesinato de Lucas y la tentativa de homicidio de Aguirre, como las posteriores acciones llevadas a cabo por la policía en presencia del Agente Fiscal (detención ilegal del menor Aguirre y su padrino Mario Brandan), resultan hechos de suma gravedad que se circunscribe en el marco de graves episodios de violencia institucional y que, por lo tanto, vulneraron los derechos humanos de las personas victimas involucradas.

«Entendemos que la acusación formulada por la titular de la UFI 8 de San Martín es fruto de una investigación seria y exhaustiva, y es sostenida por contundentes elementos de prueba que así lo verifican en la instancia procesal que se encuentra», afirmó la CPM en su denuncia.

De allí que solicitó que se proceda a la destitución de Tahtagian y que se remita de inmediato al fuero penal ordinario para que se pueda continuar la investigación iniciada en la Fiscalía 8 de San Martín.

El homicidio ocurrió el 20 de julio de 2020 cuando Lucas cumplía 18 años y con su amigo Gonzalo se reunieron a festejar en la casa de Verón, tras lo cual salieron en moto a comprar gaseosas y alguna bebida energizante.

Como no había nada abierto por el aislamiento por el coronavirus, ambos regresaron a la casa de Lucas, pero en ese momento se encontraron con un patrullero con las sirenas y luces apagadas que, según el joven que sobrevivió, los «quiso chocar».

«No nos dieron una orden de alto, nos asustamos y aceleró, era la primera vez que nos pasó algo así. Nos subimos a la vereda y el patrullero nos persiguió tirando cuatro tiros», dijo Aguirre al declarar en el debate.

Según le explicó al jurado, primero hubo dos disparos y luego otros dos cuando cayeron de la moto.

A raíz de ello, Lucas murió mientras que Gonzalo sobrevivió al ataque.

Judiciales ⚖️

Tres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados

La cifra surge de una encuesta de Thomson Reuters y el Colegio Público de la Abogacía porteño. Casi todo lo que se sabe del fenómeno lo cuentan grandes estudios y empresas de tecnología, mientras tribunales de cuatro jurisdicciones encontraron citas falsas en escritos.

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Ilustración de una estatua de la Justicia que se levanta la venda de un ojo y guiña, con la balanza en alto

Veintiséis fallos que nunca existieron. Eso encontró la Cámara Civil de Roca en los escritos de dos abogados que litigaban por un auto 0 km con fallas. Ninguno de los dos admitió haber usado inteligencia artificial, pero el tribunal concluyó que probablemente lo hicieron, los dejó sin honorarios en esa instancia y remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de Roca.

El episodio, que difundió el Poder Judicial de Río Negro en septiembre de 2025, es una de las pocas ventanas públicas a un fenómeno que avanza en silencio. Según el Reporte sobre la Inteligencia Artificial en los estudios jurídicos de Argentina 2025, que Thomson Reuters elaboró junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) a partir de una encuesta a «cientos de profesionales del sector legal», tres de cada cuatro abogados ya usan IA en sus tareas.

Lo que dice la encuesta y lo que no muestra

El resumen público del reporte agrega que cerca de un cuarto de los encuestados emplea la IA para mejorar y automatizar procesos legales, y que entre las motivaciones se destacan brindar un mejor asesoramiento y desarrollar nuevas competencias. El documento completo solo se descarga después de completar un formulario con datos personales, y la página no informa el porcentaje exacto, la cantidad de encuestados, las fechas del relevamiento ni la metodología.

El dato tiene otro detalle que no es menor: lo publica una empresa que vende herramientas de IA para abogados. Thomson Reuters comercializa CoCounsel, una de las plataformas especializadas que aparece en los relevamientos del sector.

«IA Blue»: el uso que no se declara

El fenómeno ya tiene nombre: «IA Blue», el uso «solapado» de aplicaciones de inteligencia artificial por fuera de los canales oficiales. Lo acuñó el abogado Ignacio Adrián Lerer, CEO de IntegridAI, en una columna publicada en Abogados.com.ar el 2 de octubre de 2025. El 5 de enero de este año, en el mismo sitio, Lerer aplicó el concepto a otro relevamiento: el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal, centrado en los abogados que trabajan dentro de empresas.

Ese reporte es distinto de la encuesta de Thomson Reuters y el CPACF: mide departamentos legales de empresas, no estudios jurídicos, y de él sale el dato de que dos de cada tres usuarios desconfían de la IA. Según las cifras del reporte de Marval que cita Lerer, el 75% de los departamentos legales usa IA de forma regular, contra el 11% de 2023, pero el 67% de quienes la usan desconfía de la precisión de los resultados. Las herramientas más usadas son generalistas: ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas pensadas para el trabajo jurídico apenas aparecen, con Harvey en el 7% y CoCounsel en el 4%. Además, el 68% de los departamentos no tiene presupuesto específico para tecnología legal.

Para Lerer, esa combinación tiene una sola explicación: «la única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada». Es su interpretación; el reporte no mide de qué cuentas sale ese uso.

Los que sí lo cuentan

Del otro lado están los que lo anuncian. En mayo de 2024, el estudio Bruchou & Funes de Rioja comunicó que incorporó Harvey AI, una plataforma diseñada para el sector legal, y se presentó como la primera firma de la Argentina en hacerlo. «Nuestros abogados continúan siendo los conductores de cada caso y proyecto», dijo Rodrigo Funes de Rioja, miembro del Consejo de Administración del estudio. El anuncio incluyó una capacitación específica para sus profesionales y una referencia a la «garantía de confidencialidad» de la herramienta.

La foto que queda es despareja: casi todo lo que se sabe sobre el uso de IA en la abogacía argentina proviene de grandes estudios y de empresas que venden tecnología. El abogado que trabaja solo o en un estudio chico no aparece en esos anuncios.

Cuando el silencio llega a los tribunales

Los casos que salieron a la luz lo hicieron por las citas falsas. El 20 de noviembre de 2025, en una ejecución de multa contra la prepaga Medicus, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le aplicó un apercibimiento a un abogado que citó jurisprudencia inexistente atribuida a esa misma Cámara. El tribunal consideró que las citas «pudieron encontrarse originadas en un inadecuado uso» de la inteligencia artificial y dio intervención al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó una apelación en una causa penal que se apoyaba en un supuesto fallo de la Corte Suprema que no figuraba en ninguna base oficial. Los jueces enviaron los antecedentes al Colegio de Abogados y Procuradores provincial y advirtieron que no verificar la jurisprudencia «no solo constituye una falta ética, sino que pone en riesgo la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de justicia».

En abril de este año, la Cámara de Apelaciones del Interior de Neuquén, según informó el Poder Judicial provincial el 29 de ese mes, detectó al menos cinco fallos falsos en un recurso, entre ellos supuestos precedentes del Tribunal Superior provincial y de la Corte Suprema. «Lo que interesa es el resultado: existen al menos cinco citas falsas que se utilizan como argumento central para fundar un recurso de apelación», escribieron los jueces, que no se detuvieron en si el origen fue la IA y remitieron el caso al Colegio de Abogados de Cutral Có.

Reglas que no obligan

El CPACF publicó en julio de 2025 una «Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados» y, el 8 de agosto de 2025, unos «Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía». Piden verificar todo lo que produce la herramienta, porque puede inventar citas y fallos, no cargar datos sensibles de clientes sin su autorización e informarles cuando se usa IA. Son, como dice su título, criterios orientadores.

En Río Negro, el propio Poder Judicial reconoció la brecha: su protocolo sobre IA rige solo dentro de los tribunales, y los abogados que ejercen de forma privada «no tienen lineamientos específicos» para controlar el uso de estas herramientas en sus escritos. Mientras tanto, cada cita inventada pone en juego la causa de alguien que confió en ese escrito.

Lo que tenés que saber:

  • Según Thomson Reuters y el CPACF, tres de cada cuatro abogados ya usan IA; la página del reporte no informa muestra, fechas ni metodología.
  • Ignacio Lerer llamó «IA Blue», en Abogados.com.ar, al uso solapado de estas herramientas.
  • En otro relevamiento, el de Marval sobre departamentos legales de empresas, el 75% usa IA y el 67% desconfía de sus resultados.
  • Bruchou & Funes de Rioja anunció en 2024 que incorporó Harvey AI.
  • Tribunales federales y de Río Negro, San Luis y Neuquén detectaron fallos inexistentes en escritos de abogados.
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