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Covidiotas: antivacunas intentaron impedir vacunación en Entre Ríos

Fue en el centro comunitario «Adolfo Goldemberg», de Crespo, a unos 42 kilómetros de la capital entrerriana, cerca de las 13, unas 10 personas ingresaron al lugar y se manifestaron con gritos alegando supuestos efectos de la vacuna en la salud de las personas, según la denuncia radicada.

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El Gobierno de Entre Ríos denunció este viernes ante la Justicia provincial a un grupo de personas que intentaron impedir la jornada de vacunación contra el coronavirus que se desarrolló este jueves en la localidad de Crespo.

La ministra de Salud entrerriana, Sonia Velázquez, con el patrocinio del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, formuló este viernes la denuncia contra 10 personas ante la fiscalía de turno.

Mientras se desarrollaba la jornada de vacunación en el centro comunitario «Adolfo Goldemberg», de Crespo, a unos 42 kilómetros de la capital entrerriana, cerca de las 13, unas 10 personas ingresaron al lugar y se manifestaron con gritos alegando supuestos efectos de la vacuna en la salud de las personas, según la denuncia radicada.

Uno de los médicos les pidió dialogar, pero el grupo continuó gritando contra el personal de salud y las personas que se encontraban en el lugar a punto de vacunarse.

Por ello, la directora del hospital San Francisco de Asís de Crespo, Sandra Scarso, realizó la denuncia policial y pidió intervención al Ministerio de Salud, quien este viernes inició una causa judicial.

La causa investiga a las 10 personas por los delitos tipificados en el artículo 205 del Código Penal de la Nación.

El artículo establece prisión de seis meses a dos años a quien «violare medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

Desde la cartera sanitaria admitieron que debido a las pruebas recolectadas se podrán encuadrar los hechos en otra figura penal, y/o vincular nuevos autores o partícipes.

La ministra Velázquez remarcó que el Gobierno provincial «no tolera esta ni otras formas de violencias o agresiones al personal sanitario», a quien felicitó por «el esfuerzo diario para llevar el derecho de estar protegidos y protegidas superando obstáculos».

Además, dijo que la situación actual donde «la ola de contagios casi triplica a la del año pasado pero no hay casi internaciones en terapia intensiva» se debe a «la histórica campaña de vacunación».

Las vacunas «son un bien social que contribuyen a la defensa de las personas ante una infección nueva de la que no tenemos defensas naturales, pero también son un acto de solidaridad social», agregó Velázquez.

Finalmente, la funcionaria provincial sostuvo que el Gobierno «respeta las decisiones personales que puedan tener», pidió como «imprescindible cuidar la convivencia democrática y que cualquier opinión sea volcada

Gremiales

PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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