Economía 💲
Guillermo Michel: “El sistema tributario de Milei es un Robin Hood invertido”
Cuestionó al Gobierno por beneficiar “a los más ricos”.
El diputado electo de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Javier Milei y afirmó que la mejor manera de promover la formalización “no es con el palo, sino con la zanahoria”.
El exdirector de Aduanas detalló que junto a sectores del peronismo prepara una propuesta impositiva “más simple de explicar a la gente y apoyada en herramientas tecnológicas”, con incentivos al consumo y la formalización económica.
“Con el cashback o la devolución personalizada, como hizo Brasil, se puede incentivar el consumo y la bancarización sin castigar a quienes usan efectivo”, explicó el legislador.
Devolución del IVA y beneficios a las PyMEs
Michel señaló que su propuesta incluirá la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) como instrumento central para “mejorar el consumo, formalizar la operatoria y ampliar la base tributaria”.
También adelantó otras medidas, como:
- Amortización acelerada para PyMEs, para fomentar inversión y competitividad.
- Esquemas simplificados para pequeños contribuyentes.
- Incentivos al consumo formal mediante devolución de impuestos.
Críticas al sistema impositivo del Gobierno
El diputado electo sostuvo que la actual política tributaria “beneficia a los más ricos” y apuntó que “el único impuesto que bajó fue Bienes Personales, favoreciendo a 10.000 argentinos con cuentas en el exterior”.
“Subieron Ganancias, eliminaron la devolución del IVA, subieron el monotributo y el impuesto a los combustibles. Estas decisiones constituyen un sistema tributario que beneficia a los más ricos. Es un ‘Robin Hood’ invertido”, afirmó.
Rechazo al “impuesto al efectivo”
Michel también se refirió al “impuesto al efectivo” propuesto por el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, y calificó la idea como “un lobby eterno de las entidades financieras”.
“Es una idea muy vieja, donde los bancos buscan abaratar sus costos logísticos. En la Argentina hay mucho uso de efectivo, pero no por evasión, sino por una cuestión de metodología en el interior del país”, sostuvo.
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Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis
Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.
Lo que tenés que saber:
- La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
- El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
- El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
- Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
- El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo
Un fallo judicial que obliga a pagar
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.
Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal
El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.
El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.
Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo
Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.
En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.
Universidades en alerta y posible conflicto
Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.
Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.
El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.
Un conflicto que escala en el plano político
El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.
La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.
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