Santa Fe
Recrudece el conflicto salarial de la policía en Santa Fe: cobran $6 mil pesos la hora adicional
Protestas por bajos salarios, con epicentro en Rosario, que derivaron en acuartelamientos, marchas frente a comisarías, sirenazos y negociaciones fallidas con el gobierno provincial.
La provincia de Santa Fe atraviesa uno de los conflictos policiales más tensos de los últimos años. Desde comienzos de la semana, efectivos de la Policía de Santa Fe iniciaron protestas por bajos salarios, con epicentro en Rosario, que derivaron en acuartelamientos, marchas frente a comisarías, sirenazos y negociaciones fallidas con el gobierno provincial.
El escenario combina reclamos salariales urgentes, límites legales a la sindicalización policial y advertencias de posibles sanciones administrativas y penales. Acá, las claves para entender un estallido que sigue abierto.
¿La policía puede sindicalizarse?
La respuesta, hoy, es no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó una jurisprudencia restrictiva que impide la sindicalización de las fuerzas de seguridad.
El antecedente central es un fallo de 2017, en una causa iniciada por el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba), al que se le negó la personería jurídica. Allí, la Corte sostuvo que la Constitución no garantiza un derecho absoluto a la sindicalización para fuerzas armadas o de seguridad, por tratarse de estructuras jerárquicas, verticales y armadas, destinadas a garantizar el orden público.
En 2020, el tribunal ratificó esa doctrina en la causa Ministerio de Trabajo c/ Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos, reforzando la idea de que la dinámica sindical clásica es incompatible con la operatividad del servicio de seguridad.
En otros países —como Uruguay, España o Francia— existen asociaciones policiales, pero sin derecho a huelga.
Cómo se fija el salario policial en Santa Fe
La policía no tiene paritaria propia. Los aumentos se definen de manera unilateral por el Poder Ejecutivo provincial, generalmente mediante decretos del gobernador, que suelen replicar —con matices— los incrementos acordados con estatales como ATE y UPCN.
El sueldo se compone de:
- Básico
- Sumas no remunerativas (no impactan en aguinaldo ni jubilación)
- Horas OSPE (Servicio de Policía Extraordinaria), conocidas como “adicionales”
En la última actualización, el gobierno otorgó un 7% escalonado durante el segundo semestre de 2025. Desde el 1° de diciembre, el piso salarial quedó en $819.375.
Para graficar la escala:
- Director General de Policía: básico de $1.626.942
- Suboficial: básico cercano a $130.505
Qué reclaman los efectivos
El conflicto ya lleva más de una semana. Un sector de la fuerza exige:
- Básico de $1.900.000
- Mejores condiciones laborales
- Reconocimiento del desgaste físico y psicológico
Según los testimonios un agente con 11 años de antigüedad cobra alrededor de $1.141.000 de bolsillo, cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida.
La negociación fallida
El martes a las 23.30 hubo una reunión clave entre representantes del gobierno y policías que encabezan la protesta. Participó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. El encuentro fue largo, pero no hubo acuerdo.
Desde el Ejecutivo señalaron que la oferta buscaba superar la canasta básica, aunque los agentes reclaman una propuesta formal por escrito.
Este miércoles, el ministro de Economía provincial Pablo Olivares afirmó:
“Todo aquel que porta un arma, con una carga horaria de 48 horas o más, tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica del Indec”.
Represión, sanciones y fuerzas federales
Las protestas policiales —acuartelamientos, cortes o cercos a edificios públicos— pueden encuadrarse como sedición o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Aunque ningún gobierno quiere pagar el costo político de reprimir a su propia policía, existen herramientas:
- Sumarios internos
- Pases a disponibilidad
- Quita del arma reglamentaria
- Causas penales
En casos extremos, la provincia puede recurrir a fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina o Policía Federal Argentina.
Proyectos para regular la representación policial
A lo largo de los años hubo intentos legislativos:
- Agremiación Profesional (Santa Fe)
Proyecto presentado en 2022 por la exdiputada Matilde Bruera, que proponía asociaciones profesionales sin derecho a paro. - Sindicatos sin derecho a huelga (nacional)
Iniciativa del diputado Néstor Pitrola, para reformar la Ley de Asociaciones Sindicales y dejar sin efecto el fallo de la Corte. - Sistema de Bienestar Policial (Santa Fe)
Impulsado en 2020 por Marcelo Sain, durante la gestión de Omar Perotti. Fue rechazado por la Legislatura.
En medio de sirenazos y amenazas, efectivos hicieron públicas declaraciones crudas:
«Arriesgamos la vida por seis mil pesos la hora adicional”.
Las críticas también apuntaron al gobernador Maximiliano Pullaro:
“Ganaste gracias a nosotros. Bajá a hablar”.
El conflicto policial en Santa Fe expone una zona gris del Estado: fuerzas sin derecho a sindicalizarse, salarios licuados y una respuesta política que, por ahora, no aparece. Mientras tanto, Rosario sigue en tensión.
Santa Fe
El derecho a la educación desde el encierro: Gino C. no regresará a las aulas en San Cristóbal
El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera tendrá una escolaridad virtual desde su lugar de detención. La medida responde a la presión de las familias y expone la incapacidad estatal para gestionar la reinserción en un contexto de violencia extrema.
Gino C. no vuelve a las aulas: tres el crimen de Ian Cabrera, su atacante accederá a la educación pero aislado
★ Este miércoles, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, aseguró que Gino C., el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno», no asistirá a clases presenciales en dicha institución. El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto oficial en el Museo de la Constitución, buscando calmar el clima de temor e incertidumbre que manifestaron las familias de la comunidad educativa ante las versiones de un posible retorno del joven al establecimiento de San Cristóbal.
La virtualidad como respuesta al conflicto
“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sentenció Goity, quien diferenció el derecho a la educación de la obligatoriedad de la presencialidad física en los edificios escolares. Según precisó el funcionario, el joven, que permanece alojado en un centro juvenil tras haber sido declarado no punible por su edad bajo la legislación vigente al momento del hecho, recibirá educación de forma virtual desde su lugar de alojamiento.
Esta modalidad busca dar cumplimiento formal a las garantías educativas sin alterar el frágil clima social en San Cristóbal. El ministro subrayó que el sistema debe garantizar la formación de todos los jóvenes de la provincia, pero aclaró que “tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados” en el sentido tradicional, sugiriendo que la seguridad comunitaria y la situación procesal del menor prevalecen sobre cualquier intento de revinculación presencial inmediata.
Un sistema que llega tarde
El caso de San Cristóbal, calificado por el propio ministro como un hecho que “nos atravesó como sociedad”, puso en evidencia las fallas en las redes de contención estatales. El propio Goity reconoció tras el crimen que el agresor atravesaba una “problemática intrafamiliar importante”, dato que ya figuraba en los registros oficiales pero que no activó ninguna alerta temprana antes de que el adolescente ingresara al colegio con una escopeta oculta en su mochila.
La tragedia, que acabó con la vida de Ian Cabrera (de apenas 13 años) e hirió a otros ocho estudiantes, desató además una ola de amenazas escolares en más de doce provincias argentinas, muchas de ellas vinculadas a la subcultura digital True Crime Community (TCC). Mientras el Gobierno provincial apuesta ahora a la educación remota para el acusado, la discusión de fondo sobre la falta de equipos de salud mental y protocolos de detección de crisis en las escuelas públicas santafesinas permanece en un segundo plano.
El laberinto de la imputabilidad
La situación de Gino C. reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801 (que reduce la edad mínima a 14 años), la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia plena, lo que dejó al agresor fuera del alcance de la justicia penal juvenil al momento del ataque.
Ante la imposibilidad de una condena penal, la exclusión del sistema presencial aparece como la única herramienta de respuesta rápida que el Estado ha podido articular frente a la demanda de justicia de una comunidad que despidió a Ian entre velas y carteles, denunciando que las instituciones fallaron mucho antes del primer disparo.
Puntos clave:
- El ministro José Goity confirmó que Gino C. no regresará a clases presenciales en la Escuela 40 de San Cristóbal.
- El adolescente recibirá clases de manera virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado.
- Las autoridades educativas distinguieron entre el «derecho a ser educado» y la asistencia física a un establecimiento.
- El agresor permanece bajo un régimen de no punibilidad debido a que la Ley 27.801 aún no estaba vigente al momento del crimen.
- El Gobierno santafesino admitió fallas en la detección previa de la problemática familiar del joven acusado.
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