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Recrudece el conflicto salarial de la policía en Santa Fe: cobran $6 mil pesos la hora adicional

Protestas por bajos salarios, con epicentro en Rosario, que derivaron en acuartelamientos, marchas frente a comisarías, sirenazos y negociaciones fallidas con el gobierno provincial.

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La provincia de Santa Fe atraviesa uno de los conflictos policiales más tensos de los últimos años. Desde comienzos de la semana, efectivos de la Policía de Santa Fe iniciaron protestas por bajos salarios, con epicentro en Rosario, que derivaron en acuartelamientos, marchas frente a comisarías, sirenazos y negociaciones fallidas con el gobierno provincial.

El escenario combina reclamos salariales urgentes, límites legales a la sindicalización policial y advertencias de posibles sanciones administrativas y penales. Acá, las claves para entender un estallido que sigue abierto.

¿La policía puede sindicalizarse?

La respuesta, hoy, es no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó una jurisprudencia restrictiva que impide la sindicalización de las fuerzas de seguridad.

El antecedente central es un fallo de 2017, en una causa iniciada por el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba), al que se le negó la personería jurídica. Allí, la Corte sostuvo que la Constitución no garantiza un derecho absoluto a la sindicalización para fuerzas armadas o de seguridad, por tratarse de estructuras jerárquicas, verticales y armadas, destinadas a garantizar el orden público.

En 2020, el tribunal ratificó esa doctrina en la causa Ministerio de Trabajo c/ Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos, reforzando la idea de que la dinámica sindical clásica es incompatible con la operatividad del servicio de seguridad.

En otros países —como Uruguay, España o Francia— existen asociaciones policiales, pero sin derecho a huelga.

Cómo se fija el salario policial en Santa Fe

La policía no tiene paritaria propia. Los aumentos se definen de manera unilateral por el Poder Ejecutivo provincial, generalmente mediante decretos del gobernador, que suelen replicar —con matices— los incrementos acordados con estatales como ATE y UPCN.

El sueldo se compone de:

  • Básico
  • Sumas no remunerativas (no impactan en aguinaldo ni jubilación)
  • Horas OSPE (Servicio de Policía Extraordinaria), conocidas como “adicionales”

En la última actualización, el gobierno otorgó un 7% escalonado durante el segundo semestre de 2025. Desde el 1° de diciembre, el piso salarial quedó en $819.375.
Para graficar la escala:

  • Director General de Policía: básico de $1.626.942
  • Suboficial: básico cercano a $130.505

Qué reclaman los efectivos

El conflicto ya lleva más de una semana. Un sector de la fuerza exige:

  • Básico de $1.900.000
  • Mejores condiciones laborales
  • Reconocimiento del desgaste físico y psicológico

Según los testimonios un agente con 11 años de antigüedad cobra alrededor de $1.141.000 de bolsillo, cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida.

La negociación fallida

El martes a las 23.30 hubo una reunión clave entre representantes del gobierno y policías que encabezan la protesta. Participó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. El encuentro fue largo, pero no hubo acuerdo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la oferta buscaba superar la canasta básica, aunque los agentes reclaman una propuesta formal por escrito.

Este miércoles, el ministro de Economía provincial Pablo Olivares afirmó:

“Todo aquel que porta un arma, con una carga horaria de 48 horas o más, tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica del Indec”.

Represión, sanciones y fuerzas federales

Las protestas policiales —acuartelamientos, cortes o cercos a edificios públicos— pueden encuadrarse como sedición o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Aunque ningún gobierno quiere pagar el costo político de reprimir a su propia policía, existen herramientas:

  • Sumarios internos
  • Pases a disponibilidad
  • Quita del arma reglamentaria
  • Causas penales

En casos extremos, la provincia puede recurrir a fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina o Policía Federal Argentina.

Proyectos para regular la representación policial

A lo largo de los años hubo intentos legislativos:

  • Agremiación Profesional (Santa Fe)
    Proyecto presentado en 2022 por la exdiputada Matilde Bruera, que proponía asociaciones profesionales sin derecho a paro.
  • Sindicatos sin derecho a huelga (nacional)
    Iniciativa del diputado Néstor Pitrola, para reformar la Ley de Asociaciones Sindicales y dejar sin efecto el fallo de la Corte.
  • Sistema de Bienestar Policial (Santa Fe)
    Impulsado en 2020 por Marcelo Sain, durante la gestión de Omar Perotti. Fue rechazado por la Legislatura.

En medio de sirenazos y amenazas, efectivos hicieron públicas declaraciones crudas:

«Arriesgamos la vida por seis mil pesos la hora adicional”.

Las críticas también apuntaron al gobernador Maximiliano Pullaro:

“Ganaste gracias a nosotros. Bajá a hablar”.

El conflicto policial en Santa Fe expone una zona gris del Estado: fuerzas sin derecho a sindicalizarse, salarios licuados y una respuesta política que, por ahora, no aparece. Mientras tanto, Rosario sigue en tensión.

Economía 💲

Lácteos Verónica pidió el concurso preventivo con un pasivo de $15.945 millones

La tradicional empresa santafesina, con plantas en Clason, Lehmann y Suardi, presentó el pedido ante la Justicia comercial porteña para evitar la quiebra. El pasivo acumula deudas bancarias con nueve entidades y más de 2.900 cheques rechazados. La cooperativa cordobesa Copalac ya opera a fasón en Suardi.

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De exportar 102 millones de dólares a pedir el concurso: la caída de Lácteos Verónica.

Lácteos Verónica, una de las marcas históricas de la industria láctea argentina con tres plantas de procesamiento en la provincia de Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi), solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. El pasivo declarado asciende a $15.945 millones, producto de meses de parálisis productiva y cesación de pagos salariales que dejaron a sus trabajadores sin cobrar y a sus proveedores tamberos con acreencias acumuladas sin respuesta.

La presentación judicial y el desglose del pasivo

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, con sede en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La administración de la empresa, conducida por la familia Espiñeira, presentó un balance financiero deteriorado que la Justicia deberá evaluar para decidir si habilita el proceso concursal.

El pasivo total se descompone en dos grandes bloques. Por un lado, $4.745 millones en obligaciones bancarias con nueve entidades: Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. Por el otro, más de 2.900 cheques rechazados por un saldo que alcanza los $11.200 millones, una cifra que refleja la magnitud de la cesación de pagos que venía arrastrando la firma desde hace meses.

Los tamberos y el intento previo de crisis

El derrumbe de Verónica no fue repentino. Antes del concurso, la empresa intentó un Procedimiento Preventivo de Crisis que buscaba desvincular a unos 200 empleados, un camino que tampoco pudo sostener. Paralelamente, la parálisis operativa golpeó de lleno a los 150 productores tamberos que abastecían a la empresa, quienes acumulan acreencias por 60 millones de dólares sin perspectivas claras de cobro.

El dato no es menor en un contexto donde la industria láctea nacional atraviesa una crisis estructural agravada por el ajuste macroeconómico del gobierno de Javier Milei, que deprimió el consumo interno y encareció los costos de producción. Para una empresa exportadora como Verónica, que entre enero de 2020 y abril de 2025 colocó manufacturas por más de 102 millones de dólares en mercados internacionales, el contraste entre ese historial y la situación actual refleja con crudeza el impacto de las políticas de desregulación y ajuste sobre la cadena agroalimentaria.

El Estado provincial frente al desastre anunciado

Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, a cargo de Roald Báscolo, la respuesta fue de una honestidad incómoda: «era sabido que podría ocurrir». La cartera provincial tuvo que articular asistencia alimentaria junto a la Municipalidad de Suardi para auxiliar a los operarios que quedaron sin percibir sus haberes, un cuadro que desnuda la ausencia de herramientas preventivas efectivas frente al colapso de una industria estratégica para la economía santafesina.

Ante la falta de comunicación directa del directorio de la empresa con su personal, el delegado de Atilra en la planta de Lehmann, Domingo Possetto, expresó la situación con palabras que condensan el desconcierto de los trabajadores: «No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer».

Copalac entra a escena: operación a fasón en Suardi

En ese marco, la cooperativa cordobesa Copalac acordó operar a fasón las instalaciones de la planta de Suardi para ingresar leche cruda y producir leche en polvo. El convenio otorga ocupación provisoria a 30 trabajadores de esa sede. Desde Atilra dejaron en claro el alcance de la responsabilidad asumida: «Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo». Se trata de una solución parcial que interrumpe momentáneamente la parálisis pero no resuelve la situación global de la empresa ni la de la totalidad de su plantilla.

El concurso preventivo es el mecanismo legal que permite a una empresa en cesación de pagos negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial para evitar la quiebra y la liquidación de activos. La apertura del proceso no garantiza la continuidad de la firma; dependerá de la capacidad del directorio de la familia Espiñeira para presentar un acuerdo viable ante los acreedores dentro de los plazos que fije el juzgado.

Puntos clave:

  • Lácteos Verónica presentó el concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17 de Buenos Aires con un pasivo total de $15.945 millones.
  • El pasivo incluye $4.745 millones en deudas bancarias con nueve entidades y más de 2.900 cheques rechazados por $11.200 millones.
  • 150 productores tamberos reclaman acreencias por 60 millones de dólares sin perspectiva de cobro.
  • La cooperativa Copalac acordó operar a fasón en la planta de Suardi, dando ocupación provisoria a 30 trabajadores.
  • Entre 2020 y abril de 2025, Lácteos Verónica exportó más de 102 millones de dólares en manufacturas lácteas.
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