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Judiciales ⚖️

Generación Zoe: más de 50 damnificados por la estafa

La secretaria de la fiscalía que investiga el caso, María José López, aseguró en declaraciones a la prensa que en la investigación se determinó que los supuestos inversores aportaban dinero a cambio de una “retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento”, pero en realidad no lograron recuperar su dinero.

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Al menos 50 personas ya se presentaron como damnificadas en una causa en la que se investiga una estafa millonaria en la ciudad de Córdoba mediante el sistema denominado “piramidal”, por la cual fueron detenidas nueve personas, entre ellas siete efectivos de la Policía de Córdoba, informaron hoy fuentes judiciales.

La secretaria de la fiscalía que investiga el caso, María José López, aseguró en declaraciones a la prensa que en la investigación se determinó que los supuestos inversores aportaban dinero a cambio de una “retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento”, pero en realidad no lograron recuperar su dinero.

“El día de ayer sabíamos que había 30 damnificados. Hoy 24 horas después, puedo decir que hay más de 50 damnificados. Nosotros sabemos que esto es tirar del hilo de un ovillo y esto va a comenzar a traer más damnificados”, declaró hoy, en diálogo con el canal TN, la funcionaria judicial.

López explicó que “la gente se sentía traicionada y con vergüenza”, lo cual “muchas veces les impedía concurrir a la justicia”.

“Las historias que nos han comentado fueron muy diversas y de todo tipo. Gente que perdió el ahorro de toda su vida. Gente que vendió su auto tras ver que luego de invertir conseguían una rentabilidad importante y decidió invertir todo el dinero que tenían”, explicó.

Por el hecho, durante el día de ayer siete efectivos policiales, un abogado y un contador fueron detenidos tras diez allanamientos en distintos domicilios de la capital de la provincia de Córdoba, aunque los investigadores no descartan que haya más personas involucradas.

Según las fuentes, la investigación comenzó hace varios meses, encabezada por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Alberto Mana.

Durante las pesquisas, se determinó que la maniobra tenía como víctimas a un «círculo de inversores integrado por policías», a quienes se les permitía el ingreso con la condición de captar nuevos clientes, que podrían ser familiares, amigos, conocidos o vecinos.

En ese contexto, los inversores eran invitados a invertir pesos o dólares, a cambio de una “retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento”.

Sobre el modus operandi de la banda, López detalló: “Generalmente entre el primer y el segundo mes se pagaba ese interés, lo que provocaba que la gente, confiando, le comentara la oportunidad a un pariente, a un amigo, a un compañero de trabajo para que se pudieran sumar a este beneficio”.

Luego de que otras personas ingresaran al esquema depositando su dinero, el inversor inicial dejaba de recibir dinero y terminaba “perdiendo todo el capital invertido”, especificó la funcionaria.

“No solamente se vulneró el patrimonio y la propiedad de una persona, sino que se jugó con la confianza. Porque generalmente eran compañeros de trabajo. Al permitirse solamente el ingreso de personal policial, el que los contactaba también era policía. Confiaban en sus compañeros de trabajo, a los cuales veían todas las mañanas”, manifestó la secretaria de la fiscalía.

Según López, como consecuencia de los allanamientos realizados ayer y sus posteriores detenciones, “hoy empezaron a concurrir más damnificados a la fiscalía”.

“Llegó gente llorando y desesperada. Hay personas que han depositado más de 30 mil dólares”, contó.

Finalmente, la funcionaria instó a otros damnificados a que “confíen en la justicia” y que denuncien la estafa.

“Estamos para brindar un puente para que nosotros podamos seguir trabajando para deshojar este ovillo y llegar a un resultado positivo”, concluyó.

Esta causa es paralela a otra que se tramita en la Justicia de Villa María, también en Córdoba, en la que se investiga una maniobra similar por parte de la organización Generación Zoe, en tanto que ya surgieron otros casos similares en esta provincia y en Catamarca.

Géneros 🟣

Tentativa de lesbicidio en Cañuelas: el juicio será por jurados

El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

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El caso del ataque lesbofóbico contra Agui y Vane en Cañuelas avanza hacia la instancia oral. El imputado, Orlando Alcides Lutz Fogar, está acusado de «tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual» y eligió ser juzgado por jurados populares en lugar de por un tribunal técnico. El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

Lutz Fogar prendió fuego la casa que Agui y Vane compartían en Cañuelas desde 2021 con su hija de 5 años. Como ninguna de las dos estaba en el hogar en ese momento, debido al miedo generado por ataques previos del mismo vecino, se salvaron del incendio.

Doce personas comunes decidirán el veredicto

La abogada querellante Samanta Pedrozo, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), explicó que «son 12 personas que van a decidir si el imputado es culpable o no culpable» y que, si resulta culpable, recién entonces el juez técnico determina la pena.

Los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara y Carolina Crispiani del Tribunal en lo Criminal N°4 de La Plata llevan el proceso judicial. Será Crispiani quien dirija el juicio por jurados.

Pedrozo destacó que en casos de violencia machista la defensa suele «discutir subjetivamente y no por la prueba» y por eso se opta con frecuencia por el juicio por jurados, pensando que «la gente come vidrio». Sin embargo, advirtió que «la estadística dice lo contrario».

El abogado defensor es Gastón Francone, a quien Pedrozo define como «muy mediático» por sus apariciones en LN+ y con «un perfil muy alto y muy marcado». Según la querellante, su estrategia apuntará al contexto social y buscará «traer la batalla cultural al sistema judicial».

Las diferencias con el triple lesbicidio de Barracas

Las diferencias con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas son cuatro: la jurisdicción, la defensa del acusado, la forma de juicio y los antecedentes. El asesinato de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante quedó en la órbita de la Justicia nacional con un sistema «inquisitorio mixto», mientras que la causa de Agui y Vane corresponde a la Justicia bonaerense con un sistema «acusatorio adversarial».

Justo Fernando Barrientos, el imputado por el triple lesbicidio, nunca contrató un defensor particular y será juzgado por jueces técnicos. Lutz Fogar, en cambio, cuenta con representación privada y buscará apelar a la subjetividad del jurado.

Por una cuestión de tiempos, el juicio por la tentativa de lesbicidio en Cañuelas contará con la sentencia del caso Barracas como antecedente. Si Lutz Fogar es declarado culpable, sería el primer antecedente jurídico de este tipo para la comunidad LGTB en nuestro país.

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