Seguridad 🚨
Detuvieron a «El Carnicero» prófugo por el crimen de empresario
Se trata del paraguayo Pedro Ramón Fernández Torres, quien fue apresado en un operativo conjunto realizado este mediodía por personal de Interpol del vecino país y de la División de Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Un hombre de 55 años apodado «El Carnicero», quien era buscado por Interpol por el crimen del empresario español Roberto Fernández Montes, cometido en 2017 en el barrio porteño de Caballito, fue detenido este martes en Paraguay, informaron fuentes policiales.
Se trata del paraguayo Pedro Ramón Fernández Torres, quien fue apresado en un operativo conjunto realizado este mediodía por personal de Interpol del vecino país y de la División de Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según otras fuentes citadas por el diario local ABC, la captura se concretó en la ciudad de Concepción, unos 400 kilómetros al norte de Asunción, donde el sospechoso trabajaba justamente como carnicero, mismo empleo que había tenido en la Argentina.
De acuerdo con esos voceros, el detenido será trasladado primero a la capital guaraní, donde luego comenzará el proceso de extradición a la Argentina.
Por su parte, Matías Morla, abogado de la hija de la víctima, dijo esta tarde en un comunicado de prensa que la defensa logró llegar hasta Interpol y que «se activen las alertas para poder capturar a este asesino.»
«Gracias a estas alertas y a la insistencia es que ahora las hijas de Roberto van a poder tener la Justicia que merecen. Ya logramos la prisión perpetua para el exyerno de Fernández pero ahora podemos cerrar el círculo y que descanse en paz», dijo Morla.
Y agregó: «Desde el primer día les prometí a las hijas que lo íbamos a atrapar y ahora cumplimos».
«El Carnicero» figuraba tanto en la lista de personas buscadas de Interpol como del Registro Nacional de Reincidencia de la Argentina, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para dar con su paradero.
Por el crimen de Fernández Montes (67) ya había sido condenado en diciembre de 2017 el yerno de la víctima, Santiago Corona (40), quien, al igual que Fernández Torres, quedó grabado por cámaras de seguridad bajando el cadáver por el ascensor del edificio donde residía el empresario.
En tanto, el yerno siempre aseguró ser inocente, aunque el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 porteño lo sentenció como coautor del delito de «homicidio agravado por alevosía».Para los investigadores, el móvil del crimen fue económico, ya que cuando estuvo al frente de la empresa de su suegro, «Minivial», de construcción, Corona lo estafó y provocó un perjuicio económico millonario, lo que llevó a que a mediados de mayo de 2016, Fernández Montes lo separara de la compañía y le pidiera la restitución de las llaves de su casa.
Además, la existencia de una carpeta con documentos que acreditaban la estafa originó una serie de amenazas de Corona a la víctima.
La historia del crimen
Fernández Montes (67), nacido en España, fue visto con vida por última vez el 21 de enero de 2017, cuando salió de su casa para ir a su trabajo y regresó al mediodía.
El condenado y «El Carnicero» fueron descubiertos a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, en las que se observa cómo Fernández Torres ingresó al edificio a las 9.04 y esperó tres horas la llegada del empresario.
Corona fue captado por las cámaras ingresando al mismo lugar a las 12.54, y a las 13.45 se ve a los dos sospechosos saliendo del ascensor con el cuerpo envuelto en sábanas y cargándolo hasta el baúl del auto que usaba la víctima, un Suzuki Fun negro, con el que escaparon.
El auto apareció incendiado en Esteban Echeverría, mientras que el cadáver calcinado fue hallado al día siguiente en Cañuelas.Debido al estado de los restos carbonizados, se efectuó en febrero una reautopsia pero en esta operación los expertos del Cuerpo Médico Forense (CMF) nunca pudieron determinar con certeza la mecánica del crimen.
Judiciales ⚖️
Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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