El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este miércoles en el Palacio de Hacienda la presentación del proyecto denominado informalmente «Inocencia Fiscal II», una nueva versión de la Ley 27.799 sancionada a fines de 2025. La iniciativa será enviada al Congreso el jueves con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y, según el Gobierno, incentivar la bancarización de los aproximadamente 170.000 millones de dólares que, de acuerdo a estimaciones del Banco Central, permanecen fuera del sistema financiero. «Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio», sostuvo Caputo durante el evento, que se desarrolló sin espacio para preguntas de la prensa.

Los cambios clave del nuevo proyecto

El proyecto introduce modificaciones sustanciales respecto de la versión original. El cambio más significativo es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora: la ley vigente establecía como condición no superar 1.000 millones de pesos anuales de ingresos ni 10.000 millones de pesos de patrimonio. El nuevo texto elimina ambas restricciones y deja como condición principal tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

La segunda modificación apunta a flexibilizar el concepto de «discrepancias significativas», que en la versión vigente anulan los beneficios del régimen cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecta diferencias superiores al 15% en las declaraciones. La nueva redacción fija un piso de 5 millones de pesos para considerar relevante una discrepancia y obliga a ARCA a devolver los fondos con intereses si el contribuyente impugna exitosamente una observación.

El proyecto también incorpora una definición que beneficia a quienes pagaron operaciones inmobiliarias en efectivo: la nueva redacción aclara que el uso de dinero en efectivo para adquirir inmuebles no implicará por sí mismo la pérdida de los beneficios, siempre que la operación quede asentada ante escribano. Además, incorpora una referencia expresa a la Unidad de Información Financiera (UIF): la adhesión al régimen deberá ser considerada como un antecedente favorable por parte de bancos, escribanos y demás sujetos obligados al momento de aplicar controles sobre los clientes.

La presentación tuvo una particularidad que no pasó inadvertida: el texto definitivo del proyecto no se dio a conocer durante el evento. Su letra recién será conocida cuando ingrese formalmente al Congreso. Caputo estuvo acompañado por María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica de Presidencia.

El contexto: Adorni, el blanqueo que no se llama blanqueo y la oposición en alerta

El relanzamiento del proyecto no puede leerse sin el escándalo que lo precede. En junio, la adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, al régimen simplificado de Ganancias generó una tormenta política y judicial. Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares. Además del jefe de Gabinete, al menos otros trece funcionarios del ecosistema oficialista utilizaron el mismo régimen, entre ellos el ministro Federico Sturzenegger, el entonces diputado José Luis Espert y el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez.

La extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, fue categórica al señalar el límite de la figura: «El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. El régimen de inocencia fiscal existe, y aun los funcionarios públicos pueden acogerse a él. Pero, en el caso de Adorni, el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública. No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejerce un cargo público. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal, porque la pregunta es inevitable: ¿de dónde viene ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado?»

La contraofensiva opositora: excluir a la «casta» de sus propios privilegios

En ese marco, distintos sectores de la oposición presentaron proyectos para excluir a los funcionarios públicos y sus familiares directos de los beneficios del régimen. El diputado Víctor Paulón fue uno de los primeros en actuar: «Por ello, presenté un proyecto para excluir de este régimen a los poderes del Estado y sus familiares directos desde dos años antes de ingresar a la función pública. No más Bettinas ni Manueles», publicó en su cuenta de redes sociales. Su propuesta alcanza al presidente y vicepresidente, gobernadores, intendentes, legisladores, ministros, secretarios de Estado, magistrados judiciales, fiscales y autoridades universitarias. Para evitar maniobras de triangulación, el texto también prohíbe el beneficio a cónyuges, convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

En igual sentido se pronunció el diputado Martín Lousteau, quien calificó la norma como «un blanqueo a medida de los más ricos». El diputado Eduardo Valdés presentó su propio proyecto orientado a reforzar los estándares de integridad pública. En la comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el peronista Ariel Rauschenberger, especialistas tributarios coincidieron en señalar que la norma funciona en los hechos como un blanqueo permanente y puede convertirse en una vía para el lavado de activos de origen ilegal, incluidos fondos provenientes de actos de corrupción. El diputado Carlos Castagneto fue directo: «Todas las leyes de este Gobierno tienen nombre y apellido y ésta tiene el de Adorni y otros más, como Sturzenegger, Espert y varios otros funcionarios».

El equilibrio imposible: ampliar beneficios sin habilitar el lavado

El Gobierno enfrenta una contradicción de fondo que el relanzamiento del proyecto no resuelve. Para que los ahorristas informales usen sus dólares, el régimen necesita garantías suficientes, pero cada ampliación de beneficios y cada reducción de los controles de ARCA genera nuevas ventanas de vulnerabilidad frente al lavado de activos y la evasión fiscal. La flexibilización del uso de efectivo en operaciones inmobiliarias, en particular, encendió las alarmas de especialistas que señalan que esa figura fue históricamente uno de los mecanismos más utilizados para canalizar fondos de origen ilícito.

La presentación del «Inocencia Fiscal II» llega además pocos días después de que el Gobierno prorrogara hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, y reprogramara el primer anticipo para septiembre. La decisión surgió de las presiones de los consejos profesionales de ciencias económicas, que venían reclamando cambios ante las dificultades operativas del régimen original.

El proyecto deberá ahora sortear el debate parlamentario, donde el oficialismo buscará los apoyos necesarios en un Congreso en el que la oposición tiene condiciones para imponer modificaciones sustanciales, especialmente la exclusión de funcionarios públicos que hoy aprovechan el mismo régimen que el Gobierno promueve como herramienta de formalización económica.

Puntos clave

• El Gobierno presentó el proyecto «Inocencia Fiscal II» que elimina los topes de ingresos (1.000 millones de pesos) y patrimonio (10.000 millones) para adherirse al régimen simplificado de Ganancias.
• El nuevo texto fija un piso de 5 millones de pesos para las «discrepancias significativas» y obliga a ARCA a devolver fondos con intereses si el contribuyente gana un reclamo.
• La adhesión al régimen tendrá efectos favorables ante bancos, escribanos y la UIF, y el uso de efectivo en inmuebles no implicará por sí mismo la pérdida de beneficios.
• Al menos 14 funcionarios del Gobierno, incluyendo Adorni, Sturzenegger, Espert y el titular de ARCA, usaron el régimen; la oposición impulsa proyectos para excluirlos.
• Especialistas tributarios y la exjefa de la UIF, María Eugenia Talerico, advirtieron que la norma puede funcionar como un blanqueo permanente y habilitar el lavado de activos.