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Cocaína mortal: en las primeras pericias no se detectó fentanilo

Fuentes judiciales explicaron que este «no es el resultado definitivo». «Se sigue trabajando porque a esta altura puede haber un falso negativo y un positivo también puede ser falso», aclararon.

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El-Argentino-cocaína adulterada

Los peritos abocados a analizar las muestras de la cocaína que causó 24 muertes y más de 80 intoxicados en los partidos bonaerenses de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham no detectaron fentanilo en los primeros estudios a la droga secuestrada, aunque no se trata de un resultado definitivo y continúan las tareas para identificar la sustancia de corte, informaron este lunes fuentes judiciales.

«Por ahora no saltó nada parecido al fentanilo, pero no es un resultado concluyente. Se sigue trabajando porque a esta altura puede haber un falso negativo y un positivo también puede ser falso», afirmó una alta fuente judicial vinculada a la investigación.

Estos resultados preliminares surgen del trabajo que se viene realizando con las primeras pasadas por el cromatógrafo en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses que la Procuración bonaerense tiene en la localidad de Munro, partido de Vicente López.

El cromatógrafo es un instrumento a partir del cual los químicos pueden identificar los distintos componentes de una sustancia, pero trabaja comparando el material a analizar con una muestra de lo que se busca.

«Pero hay distintas maneras de que coincidan la muestra con el patrón. Se puede diluir en distintos porcentajes o calentar a determinado grados. Por eso las posibilidades se siguen explorando. Para afirmar o negar la presencia de fentanilo de manera rotunda, hay que esperar que concluya el trabajo», explicó la fuente judicial.

La presunción de que era fentanilo la sustancia mezclada con la cocaína comprada en el búnker del asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero surgió a partir de la reacción favorable de algunos pacientes internados a la naloxona, un antídoto para intoxicaciones con opioides.

Por ello, la fuente de la investigación consultada por Télam aclaró que «también se están cotejando las muestras de la droga con otros opioides, pero además con venenos, fármacos, agroquímicos y otras sustancias».

También explicó que «son muchísimas las muestras a analizar» porque no sólo se estudia la droga incautada o la que aportaron sobrevivientes o familiares de las víctimas, sino también «la sangre, orina, bilis y otras sustancias biológicas que vienen llegando de las muestras extraídas en las autopsias a las 24 víctimas fatales y también la sangre y orina de los internados».

Otras fuentes judiciales explicaron a Télam que además del laboratorio de Munro, también trabajan en los peritajes sobre la cocaína otro de la Procuración en La Plata y los peritos de la Policía Federal Argentina.

Según el último reporte oficial, hasta ahora 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública-, y fueron 84 las que terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste, de los cuales hoy continuaban hospitalizadas 37, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los propios pacientes aportaron el dato de que la cocaína que habían consumido la habían comprado el martes pasado por la noche en un búnker ubicado en el asentamiento Puerta 8 de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, que fue allanado al día siguiente.

Allí se detuvo a seis personas -cinco hombres y una mujer de entre 18 y 47 años-, y se secuestraron las mismas dosis de medio gramo de cocaína en un envoltorio de nailon rosado transparente que aportaron los damnificados.

En esta causa, el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, indagó a esas seis personas y les imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, homicidio y tentativa de homicidio.

Pero en paralelo, la justicia federal de Tres de Febrero detuvo en otro expediente que ya se venía investigando desde agosto pasado a Joaquín Aquino (33), alías «El Paisa», y otras seis personas como acusadas de integrar una banda narco de la zona.

A raíz de diversas coincidencias detectadas en la pesquisa por las muertes con droga adulterada, Aquino es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido esa cocaína.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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