Judiciales ⚖️
Cocaína adulterada, 24 muertes y causa impune
Un año atrás se produjeron una serie de fallecimientos en cadena de personas que habían comprado dosis de cocaína, adulterada con carfentalino, en el barrio Puerta 8 de Loma Hermosa. Hubo detenciones, acusaciones a sindicados jefes narcos del partido de San Martín, pero a lo largo de la investigación, los único cinco detenidos fueron desvinculados y el hecho sigue impune
Entre el 1 y 2 de febrero de 2022, en distintos hospitales de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín se fueron registrando muertes súbitas de personas que habían consumido cocaína, que luego se supo había sido adulterada y sus dosis compradas en el negocio del narcomenudeo del barrio Puerta 8 de Loma Hermosa. Se informó oficialmente de 24 fallecimientos y 80 intoxicadas, en medio de un alerta lanzando por las autoridades sanitarias y de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Luego de despliegues de fuerzas de seguridad, allanamientos en barriadas populares y acusaciones a los jefes narcos (como los casos de “Mameluco” Villalba y su hijo “Salvaje”, “Paisa” Aquino, entre otros), se produjeron cinco detenciones de los señalados como “dealers”, quienes hoy ya no están imputados en la investigación, que sigue en curso, pero en la nada.
La Justicia Federal de San Martín continúa adelante por la presunta vinculación de la cocaína adulterada con la banda, cuyo liderazgo se atribuye a Miguel Angel “Mameluco” Villalba (foto), quien está preso por otros hechos relacionados con el negocio narco.
Es que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín dictó la “falta de mérito” para los cinco detenidos que había en la causa que investiga 11 de las 24 muertes ocurridas entre el 1 y 2 de febrero de 2022, causadas por el consumo de cocaína adulterada con carfentanilo.
En esas jornadas, casi un centenar de personas tuvieron que ser hospitalizadas producto de intoxicación de la mezcla en esas dosis de cocaína, que había sido distribuida y comercializada en el barrio Puerta 8 de Loma Hermosa.
En principio, se apuntó como sospechoso a Joaquín Aquino (alias “El Paisa”, como presunto líder de la banda narco que estuvo a cargo de esa maniobra letal. Se lo detuvo, por orden del fiscal federal Paul Starc, aunque durante los meses siguientes “fue desligado de la investigación ya que no hubo ni hay ningún elemento para asociarlo a los casos de cocaína adulterada”.
A pesar de ello, Aquino permanece preso, acusado de liderar una organización delictiva que operaba en los barrios de Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín.
En tanto, por las muertes quedaron detenidos inicialmente Iván David Avalos (de 21 años), Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Mauricio Adrián Balcarce (29) y Héctor Gabriel Faundez (47), imputados por el delito de “homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso” y el juez Mariano Grammático Mazzari los procesó con prisión preventiva.
Se consideró que estos cinco sujetos, “formaban parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico” que había distribuido la droga adulterada desde el interior de la popular barriada de Loma Hermosa. Un mes después, la causa pasó a la Justicia Federal y quedó a cargo de la magistrada Alicia Vence y del fiscal Paul Starc.
Finalmente, en octubre de 2022, los camaristas decidieron sobreseer a los imputados al revisar el pedido de prisión preventiva ya que “la prueba reunida no avaló en forma suficiente la tesitura de que los justiciables hubieren tenido en sus manos el curso causal de los acontecimientos”.
Para la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, “los acusados no fueron identificados entre los agentes que contribuían a la faena criminal dentro del esquema asociativo en los distintos turnos del punto de venta emplazado en el barrio Puerta 8”. De todas maneras, no descartaron que Avalos, Campos, Rodríguez, Balcarce y Faundez tengan algún tipo de vínculo con el acopio de la droga.
Al respecto, la esposa de uno de los sobreseídos, Gabriel Faundez, dijo que “la causa estaba armada”. “Esto fue armado por la Policía. Nosotros no tenemos nada que ver. Para mí se equivocaron de allanamiento”, expresó la mujer, quien agregó que su esposo continúa detenido en la cárcel de Ezeiza, pero por otra causa ligada a la “tenencia de estupefacientes”.
Por su parte, los camaristas pidieron en su resolución que se investigue a la banda liderada desde la cárcel por “Mameluco” Villalba, haciendo referencia a una serie de escuchas telefónicas que lo vinculan con la distribución de la cocaína adulterada.
«Algunos miembros de la organización coliderada por Iván y Miguel Villalba conocerían los efectos de la novedosa composición de alcaloides debido a que fue testeada en dos personas del entorno que resultaron hospitalizadas. A la vez, se registran profusos diálogos suscitados en forma ulterior a que la remesa ilícita fuera comercializada”, apuntaron.
En dichas escuchas, “Mameluco” habla desde su celda de la cárcel federal de Rawson, donde se encuentra cumpliendo una pena de 27 años de prisión por lavado de dinero y narcotráfico. Durante la charla telefónica hace referencia a “la droga fea”, en las cuales reconoce que los presuntos integrantes de su banda “hicieron cagadas y la sacaron a la venta” y que “tiraron todo a la cancha lo que estaba para descartar”.
Villalba todavía no fue formalmente imputado por las muertes ocasionadas por la cocaína adulterada ya que está siendo investigado en otra causa por comercialización de estupefacientes por la jueza Vence.
Investigación 🔎
Espert pidió ser sobreseído y negó que los 200 mil dólares de Machado fueran ilícitos
En un escrito de 65 páginas presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, el ex diputado libertario José Luis Espert respondió a la acusación por presunto lavado de activos y solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa sostiene que el pago tuvo respaldo contractual y que cada operación fue realizada a nombre del imputado.
José Luis Espert presentó su descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta a su nombre radicada en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y ligada a la red empresaria del rionegrino Federico «Fred» Machado. El documento, de 65 páginas, rechaza de manera frontal la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez y pide el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.
La estrategia defensiva se articula sobre un argumento central: la acusación construyó su teoría del caso sobre suposiciones, no sobre hechos probados. «Mientras que cada punto de la imputación es una suposición, cada respuesta de mi descargo es un hecho documentado», señaló Espert en el escrito. La defensa sostuvo además que el contrato de consultoría que justifica el pago existió y que todas las operaciones posteriores se realizaron a nombre del propio imputado, en contradicción con el argumento fiscal que lo calificó como un instrumento para disfrazar fondos de origen ilícito.
El expediente y la trama financiera
La investigación tiene su punto de partida en una transferencia de 200.000 dólares que impactó en la cuenta número 40611172 del banco Morgan Stanley, en poder de Espert en Estados Unidos y que, según la fiscalía, nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma de la red de Machado, empresario extraditado a los Estados Unidos donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos. La fecha del giro fue, según documentación bancaria del Bank of America incorporada como evidencia judicial en ese país, el 22 de enero de 2020.
Con ese dinero, según reconstruyó la fiscalía a partir de documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos secuestrados a los contadores del imputado, Espert adquirió un BMW y luego un Lexus valuado en casi 130.000 dólares, y su esposa, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Domínguez encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. También solicitó investigar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa en 2019.
La indagatoria del 7 de julio y el silencio como estrategia
El 7 de julio de 2026, Espert se presentó ante el juez Mirabelli para su declaración indagatoria y optó por no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito acompañado de once correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia de la relación profesional con Machado. Al retirarse del tribunal, fue escueto: «No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», dijo ante la prensa. Sus abogados aclararon que la decisión de no responder oralmente respondía al ejercicio de un derecho constitucional y no implicaba negarse a colaborar con la investigación. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», sostuvieron en un comunicado.
En esa misma presentación del 7 de julio, Espert cuestionó al fiscal Domínguez y solicitó al juez que reasuma la dirección directa del sumario, denunciando filtraciones al expediente. Señaló además que existirían dos causas paralelas que analizarían los mismos hechos, lo que a su entender podría derivar en un supuesto de doble juzgamiento: la que tramita en San Isidro ante Mirabelli y otra en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 y vinculada al uso de aviones de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.
El descargo de 65 páginas: de la indagatoria al pedido de sobreseimiento
El escrito presentado en agosto de 2026 representa la respuesta formal de Espert a cada punto de la imputación. La defensa argumenta que el origen ilícito de los fondos nunca fue probado en el expediente argentino, que el contrato que respaldó el pago era real y que las operaciones realizadas con el dinero fueron hechas a nombre del imputado, elemento que, a criterio de los letrados, contradice la teoría del ocultamiento. La acusación, en cambio, sostuvo que ese contrato fue un invento para encubrir fondos sucios, una tesis que la defensa calificó de «suposición».
El cuadro judicial resulta aún más complejo si se consideran las medidas de rigor ya dispuestas. El juez Mirabelli rechazó el pedido de la defensa para levantar la inhibición general de bienes sobre las cuentas de Espert, una medida que fue ampliada en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas. En esa resolución, el magistrado incorporó un dato que la defensa no pudo rebatir con comodidad: a los pocos días de iniciado el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo sin que se conociera el destino de esos fondos.
Milei salió a defenderlo, pero la Justicia siguió su curso
El presidente Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su aliado. Cuando Machado acordó con la justicia estadounidense declararse culpable de fraude y lavado a cambio de que se archivara la acusación por narcotráfico, Milei interpretó ese acuerdo como una «absolución» de Espert y calificó la causa como «una operación política y mediática infame». «Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad», escribió el Presidente en redes sociales. Sin embargo, la situación procesal de Machado en Estados Unidos es jurídicamente independiente de la investigación que tramita en Argentina, y el expediente siguió su curso con independencia de los dichos presidenciales.
El escándalo forzó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025. La causa llegó al corazón del oficialismo en un momento donde La Libertad Avanza acumula frentes abiertos en la Justicia, desde la Causa $Libra hasta las investigaciones por irregularidades en la ANDIS.
Puntos clave
- Espert presentó un descargo de 65 páginas ante el juez Mirabelli y pidió el sobreseimiento o la falta de mérito por la causa de lavado de activos.
- La defensa sostiene que el contrato de consultoría que justifica la transferencia de 200.000 dólares es real y que las operaciones fueron hechas a nombre del imputado.
- El fiscal Domínguez acusó a Espert de blanquear fondos de una organización criminal transnacional mediante la compra de vehículos de lujo y un fideicomiso en la costa bonaerense.
- Mirabelli rechazó levantar la inhibición de bienes y la amplió en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas; Espert retiró 80.000 dólares al inicio del expediente sin justificar el destino.
- La defensa de Milei pública de Espert no tuvo efecto procesal: la causa siguió avanzando con independencia de los dichos presidenciales.
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