Salta
Obras ferroviarias en peligro
Las remodelaciones, extensiones y puesta en marcha de ramales ferroviarios se encuentran virtualmente paralizadas. Esta situación provoca despidos masivos en el sector de la construcción, con más de 500 obreros afectados, lo llevó a la UOCRA a mantenerse en estado de alerta y movilización.
Las obras públicas relacionadas con la remodelación y reconstrucción de diversos ramales ferroviarios en diferentes provincias del país no se encuentran «paralizadas», pero han experimentado una desaceleración significativa en su ritmo de avance. Esta situación ha llevado a despidos masivos en el sector de la construcción, con más de 500 obreros desempleados en provincias como Santa Fe, Tucumán y Salta. Ante esta problemática, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se encuentra en estado de alerta y movilización, buscando la reincorporación de los trabajadores afectados.
Estas obras son financiadas por dos organismos principales: un alto porcentaje a través de un crédito otorgado por China (80%) y un porcentaje menor proveniente de los Fondos del Tesoro Nacional (20%). Según diversas versiones, la disminución en el ritmo de avance se debe a una suspensión en los desembolsos por parte del país asiático, condicionados al grado de avance de las obras. Además, circulan rumores sobre el desvío de fondos por parte de la Administración del Ministerio de Economía actual. Estos factores contribuyen a generar incertidumbre en cuanto a la continuidad y finalización de las obras.



A este panorama se suma un clima electoral indefinido que también afecta el desarrollo de las obras públicas. Durante los períodos previos a las elecciones, es común que la actividad de construcción y obras públicas se vea afectada debido a la incertidumbre y la postergación de decisiones importantes. Esta situación provoca una ralentización en los procesos de licitación, contratación y ejecución de proyectos, lo que tiene un impacto negativo en la continuidad y finalización de las obras en curso.
Más allá de las distintas versiones y rumores, la realidad actual muestra una gran incertidumbre en los próximos meses en cuanto a la aceleración necesaria para culminar estas obras. Es importante tener en cuenta que estas construcciones emplean a numerosas personas y generan un impacto significativo en las economías regionales. Además de los trabajadores directamente afectados, los proveedores locales también se ven perjudicados por esta situación.
En este contexto, es fundamental que tanto el Gobierno como los organismos involucrados en la financiación de estas obras realicen esfuerzos conjuntos para garantizar la continuidad de los desembolsos financieros y agilizar los procesos administrativos necesarios. Asimismo, resulta crucial que se brinde claridad y transparencia en cuanto a la utilización de los fondos públicos destinados a estas construcciones, evitando cualquier desvío o malversación de los mismos.
La finalización exitosa de las obras públicas de remodelación y reconstrucción de los ramales ferroviarios no solo aseguraría el bienestar y empleo de los obreros y proveedores locales, sino que también impulsaría el desarrollo y la conectividad en las diferentes provincias involucradas. Es necesario que se tomen medidas concretas para superar los obstáculos actuales y garantizar la culminación de estas obras tan importantes
Investigación 🔎
La Corte dejó firme la condena del exjuez Reynoso por servir al Patrón del Norte
El exjuez federal de Orán recibió dinero del narco Delfín Castedo para dictar fallos a su favor, incluida una indagatoria fraguada con un impostor. Ya tenía otra condena firme a 13 años y ahora la Fiscalía irá por la unificación de penas.
Un narco prófugo, buscado como autor intelectual de un crimen, consiguió que un juez federal le concediera una eximición de prisión con una indagatoria en la que ni siquiera estuvo presente. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez Raúl Reynoso por cobrar para beneficiar a Delfín Castedo, conocido como «El Patrón del Norte».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Con esa decisión quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó al exmagistrado de Orán por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el fallo en junio de 2025.
La indagatoria del impostor
Según se acreditó en la causa, Reynoso recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de resoluciones contrarias a derecho. El punto central de la investigación fue una declaración indagatoria atribuida al narco en diciembre de 2013, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura por la autoría intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006 en Salvador Mazza.
De acuerdo con la reconstrucción judicial que difundió la prensa salteña, Castedo no estuvo en aquella audiencia: en su lugar se presentó otra persona, que declaró y firmó con su identidad. Los peritajes caligráficos de Gendarmería Nacional determinaron que la firma no pertenecía al narcotraficante. Con esa declaración trucha, el juez le otorgó una segunda eximición de prisión y, en noviembre de 2014, lo procesó sin prisión preventiva.
La lista de favores empezó antes. En febrero de 2007, Reynoso había imputado a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos y había ordenado su detención; en 2008, el prófugo se presentó a pedir la excarcelación y el juez se la concedió con el argumento de que estaba a derecho por haberla solicitado. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato, y el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio. La acusación vinculó los fallos con un soborno estimado en 40.000 dólares, gestionado a través del abogado Luciano Ciscato.
Cobros a un comerciante
La condena también incluye las exigencias de dinero al comerciante Pablo Elías Torres. Reynoso le habría reclamado pagos para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando las restricciones vigentes; según se tuvo por probado en el juicio, el mecanismo contemplaba destinar el 5% de las utilidades del comerciante a una fundación presidida por un cuñado del entonces juez.
En el mismo expediente, Ciscato fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y Castedo recibió tres años como coautor de cohecho activo.
Dos condenas firmes y una causa pendiente
No es la primera vez que la Justicia condena a Reynoso. En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, en una causa que expuso un esquema de cobros a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en marzo de 2024 y ese mismo año el exjuez obtuvo la libertad condicional, tras más de ocho años de detención entre el penal de Güemes y el régimen domiciliario.
Con la segunda condena firme, la Fiscalía prevé pedir la unificación de penas, una definición que determinará si el exmagistrado vuelve a prisión. Además, Reynoso sigue con un tercer frente abierto: la causa por un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer a René Antonio «Choco» Arancibia, que permanece pendiente de juicio oral.
El caso Reynoso es la radiografía de cómo el narcotráfico puede comprar justicia en la frontera norte, y de lo que tarda el sistema en ponerle un límite.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
- Fue condenado por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión por beneficiar al narco Delfín Castedo, «El Patrón del Norte».
- Una de las resoluciones se basó en una indagatoria de 2013 en la que se presentó otra persona en lugar de Castedo.
- Reynoso ya tenía una condena firme a 13 años desde marzo de 2024 y estaba en libertad condicional.
- La Fiscalía prevé pedir la unificación de penas; resta un tercer juicio por un presunto soborno de 150.000 dólares.
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