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Judiciales ⚖️

Juicio por el protocolo de Bullrich: aún sin juzgado definido

Se profundiza el conflicto de competencia. Por ahora, la causa está en un juzgado penal de instrucción.

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La acción judicial contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad que presentó la legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro sigue rebotando de juzgado en juzgado sin una decisión de fondo.

El camarista federal Eduardo Farah rechazó una apelación de la diputada porteña que pretendía que el expediente quedara radicado definitivamente en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.

Casanello fue el juez que le dio al expediente el formato de habeas corpus, convocó a las partes a dos audiencias, recomendó a la ministra Patricia Bullrich que respetara las garantías constitucionales en la aplicación de protocolo.

El juez Farah revocó esa decisión y minutos antes de que se celebrara una nueva audiencia apartó a Casanello del expediente y lo envió a la justicia nacional de instrucción penal.

La causa fue remitida al juzgado de instrucción número 28, pero su titular, Martín del Viso, le devolvió el expediente a Casanello.

Ahora, nuevamente el camarista Farah rechazó la apelación de Celeste Fierro porque “en ningún momento se especificó qué intervención de las previstas en la ley de habeas corpus se acordó a los promotores de la acción declarativa inicialmente”.

“El procedimiento de habeas corpus no contempla la posibilidad de recurso alguno contra una cuestión como la que se intenta someter a conocimiento de la Cámara de Casación”, añadió.

“Las resoluciones en torno a cuestiones de competencia no revisten el carácter de sentencias definitivas ni de fallos equiparables a ellas”, insistió Farah.

Así, el expediente regresó a la justicia de instrucción, pero en caso de que el juez Del Viso mantenga su postura el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.

Entretanto, el protocolo anticonstitucional diseñado por el Ministerio de Seguridad continúa vigente.

Policiales 🚨

Caso Ángel López: denuncian a dos psicólogas por el drama del niño asesinado

Dos psicólogas fueron denunciadas por sus informes en el proceso de tenencia del niño de cuatro años que luego fue asesinado. La acusación sostiene que sus evaluaciones fueron clave en la decisión judicial que permitió la revinculación familiar.

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Lo que tenés que saber:

  • Denuncian a dos profesionales por informes en un caso de tenencia
  • El niño tenía cuatro años y fue asesinado tras vivir con su madre
  • La acusación apunta a presuntas irregularidades en las evaluaciones
  • Se cuestiona la falta de estudios ambientales en el entorno familiar
  • La investigación judicial continúa en curso en Chubut

Denuncian a las psicólogas que intervinieron en la tenencia del niño

Las profesionales identificadas como Jennifer Leiva y Vanesa Marín fueron denunciadas por su intervención en el proceso de tenencia del niño Ángel López, de cuatro años, asesinado en Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia.

La presentación judicial sostiene que sus informes fueron determinantes para que la Justicia otorgara la tenencia a la madre del menor, quien actualmente se encuentra detenida junto a su pareja.

“Informes clave” bajo cuestionamiento judicial

La denuncia, impulsada por una fundación, acusa a las profesionales de haber elaborado evaluaciones que habrían influido directamente en la decisión del juez interviniente.

Según los denunciantes, los informes no habrían reflejado adecuadamente las condiciones reales del entorno familiar donde viviría el niño.

Críticas por la falta de evaluación del entorno

Uno de los puntos centrales de la acusación es la presunta ausencia de un estudio ambiental completo. Según la presentación, este paso habría sido clave para advertir las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba el menor.

También se señala que existían antecedentes previos vinculados a la madre, incluyendo situaciones de cuidado cuestionadas en el ámbito judicial.

Señales previas en la escuela y el entorno del niño

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el niño habría mostrado cambios de conducta antes del traslado. En el ámbito escolar, se registraron informes que describían signos de angustia y enojo.

Estos elementos forman parte del material que ahora es revisado en el marco de la investigación.

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