Judiciales ⚖️
Domiciliaria para una madre acusada del crimen del abusador de su hijo
Nancy Montiel, una dirigente comunitaria de General Rodríguez, estaba presa por su presunta participación en el homicidio de un hombre acusado por la violación grupal.
Por Néstor Llidó
Tal como lo venían solicitando agrupaciones sociales y colectivos feministas, el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Mercedes decidió otorgar el arresto domiciliario a una mujer, que estaba presa en la cárcel platense de Los Hornos y acusada de haber asesinado a uno de los abusadores sexuales de su hijo adolescente, a pesar de la ausencia de pruebas en su contra.
De esta manera, pese a que se mantiene el pedido de su absolución, Nancy Montiel (de 47 años) pudo acceder a la morigeración de su privación de la libertad, fundamentalmente por tener a su cuidado a una hija discapacitada.
En tanto, otro de los implicados en la violación grupal de su hijo fue declarado inimputable y en la causa por el asesinato de José Palavecino, el sindicado abusador, solo sigue acusada esta mujer, una reconocida militante que se encontraba al frente de la olla popular del barrio Raffo de General Rodríguez cuando ocurrió este hecho, en septiembre de 2020.
Madre de una familia numerosa, Nancy Montiel denunció que su propio hermano junto a Palavecino habían drogado y abusado sexualmente de uno de sus hijos, un chico de 17 años. Tres semanas después, este sujeto fue encontrado muerto a puñaladas en un descampado y entonces, los investigadores del caso la culparon del crimen, que habría sido cometido como una venganza.
Mayra, una de las hijas de la mujer, contó que “el mismo día del hallazgo del cuerpo sin vida de Palavecino, la Policía se la llevó engañada, diciéndole que tenían demorado a uno de los abusadores y tenían que ir a declarar con mi hermano».
«Resulta que cuando llegan los empiezan a hostigar por separado, a mi mamá dando por sentado que fue ella la que lo mató, a mi hermano repitiéndole las mismas preguntas, a pesar de que lloraba diciendo que no sabía nada y todavía estaba mal por lo que le habían hecho», precisó la joven.
«Mi mamá les dice que ella no sabe nada, que lo había denunciado por abuso pero que no lo había matado, pero igual la dejan detenida», precisó la hija de Nancy Montiel, para quien “toda la acusación se basa en un llamado anónimo” de una persona que dijo que la vio con Palavecino y que la oyó decir que, si nadie hacía nada, ella iba a hacer justicia”.
“La culparon al voleo, porque justo mi mamá había denunciado a esta persona que encuentran muerta, no investigaron nada y la elevan a juicio», contó.
Después de haberlo denegado en dos oportunidades anteriores, ahora se aceptó el pedido de la defensa y le otorgó a la militante social la prisión domiciliaria, en su condición de “madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo”.
El reclamo para su absolución dio lugar a la campaña «Libertad para Nancy Montiel», con marchas hacia los Tribunales de Mercedes y este beneficio de la prisión domiciliaria es considerada como “un primer paso”.
Natalia Pérez, integrante de las Defensorías de Géneros y de la Campaña «Libertad para Nancy», sostuvo que “representa la lucha de miles de mujeres de la clase trabajadora que se acercan a la justicia penal confiando en que van a encontrar una reparación, pero en cambio reciben una respuesta acusatoria y de criminalización casi inmediata, un obstáculo tras otro en ese recorrido».
«Si la familia no hacía visible este caso, Nancy hubiera sido una mujer más condenada de por vida, hoy tanto ella como sus hijes son una referencia de lucha. La Justicia se ve obligada a retroceder ante la movilización y la organización de los familiares y las organizaciones feministas. La lucha es en las calles y una vez más quedó en evidencia, a pesar de que la mayor parte de este proceso se dio en medio de una cuarentena», agregó.
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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