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Sociedad

El 18,6% de los hogares se encuentra en condiciones de “inseguridad alimentaria”

Según la UCA, es un punto porcentual menos que en 2021 y tres puntos y medio por debajo del 22,1% alcanzado en 2020, en el marco del inicio de la pandemia que afectó el ingreso de los hogares.

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La inseguridad alimentaria, reducción involuntaria por razones económicas de la porción de comida y/o la percepción de experiencias frecuentes de hambre, alcanza al 18,6% de los hogares en la Argentina, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En 2022, un 18,6% de los hogares se encontraron en condiciones de inseguridad alimentaria, un punto porcentual menos que en 2021 y por debajo del 22,1% alcanzado en 2020, en el marco del inicio de la pandemia que afectó el ingreso de los hogares.

Dentro de la inseguridad alimentaria, se distingue la situación de inseguridad alimentaria moderada, que alcanza a 10,6% de los hogares (11,4% en 2021 y 13,3% en 2020), y severa, en la que se encuentran 8% de los hogares (8,2% en 2021 y 8,8% en 2020).

El informe «Radiografía de la pobreza en Argentina: privaciones sociales y desigualdades estructurales», indicó que la recomposición no llega a alcanzar los niveles de 2018 (16,5%) y la brecha entre inseguridad alimentaria total y severa tiende a incrementarse a partir de 2018.

Esto está determinado por «la aceleración inflacionaria a partir de 2018, que marcó niveles altos definiendo una tendencia sostenida en general y para los precios de los alimentos en particular, todo esto en un contexto marcado por el estancamiento en la generación de empleo registrado».

Juan Ignacio Bonfiglio, uno de los investigadores a cargo del informe, señaló que «la privación alimentaria se incrementó de manera fuertemente sostenida hasta 2020, con pico máximo en la pandemia, donde se incrementa la privación moderada y severa». «Después se observa una privación parcial que no llega a niveles de 2019», añadió.

En una presentación a la prensa que se realizó en la sede de la UCA en Puerto Madero, dijo que «en 2020, cuando se implementa la Tarjeta Alimentar, tenemos el punto más alto», y destacó que «el impacto de la pandemia hubiera sido más fuerte si no hubiera estado esta asignación».

Detalló que «los hogares que residen en barrios de nivel socioeconómico bajo o villas y barrios populares marcan una tendencia diferenciada de los estratos medios, capturan gran parte del impacto del deterioro de la situación en términos alimentarios»

En los hogares con inseguridad alimentaria, el 57,4% de los ingresos son laborales, mientras que 25,9% son ingresos por programas o pensiones no contributivas y 16,6% son ingresos no laborales.

A su turno, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), señaló que «el aumento de los planes sociales brindaron una protección ingresos complementarios para sortear una situación de inflación».

Aclaró que «la población no sobrevive con planes sociales, realiza otras actividades que les permite tener un ingreso que cubre sus necesidades, no para salir de la pobreza, apenas para salir de la indigencia». «Ese trabajo no alcanza para superar los problemas de inseguridad alimentaria», agregó.

Además, observó que en el último año «se redujo el desempleo pero han crecido de manera significativa los empleos precarios, changas de baja productividad pero de mucho esfuerzo de las familias».

En diciembre pasado, el informe «Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022» de la UCA indicó que la pobreza pasó de 33,4% a 35% de la población de 2021 a 2022 y la indigencia de 9% a 8,1%, con un 43,1% de la población (alrededor de 19 millones de personas) bajo alguna de estas dos condiciones en 2022.

En este contexto, Salvia consideró que «es imposible retirar ayudas sin que implique un costo político y social» y «sin mecanismos de generación de inversión y empleo», y sostuvo que para eso «necesitamos multiplicar la inversión de las empresas».

El vicepresidente de Cáritas Argentina, Monseñor Gustavo Carrara, dijo que «la indigencia y la pobreza es la verdadera brecha que tiene la Argentina; en estos 40 años de recuperación de la democracia, va variando de un espacio (político) a otro y no logramos reducir esta brecha con los más pobres, sobre todo con los más indigentes, el desafío grande es este».

De cara a la próxima Colecta Anual de Cáritas que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de junio en todo el país, Carrara dijo que «hay que pensar nuevas estrategias para reducir la pobreza y la indigencia en Argentina, y la integración socio urbana es un camino para ello».

Paula Porce, vicedirectora de Cáritas Argentina y directora de Cáritas Morón, dijo que «estamos asistiendo a entre 1,5 y 2 millones de personas», al tiempo que señaló: «estamos trabajando fuertemente para acompañar que el menú sea con valor nutricional y en el mejoramiento de los espacios con equipamiento e infraestructura».

Judiciales ⚖️

Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa

Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.

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Pity Álvarez durante el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz
Legítima defensa u homicidio: las dos lecturas que enfrentan a querella y defensa en el juicio a Pity Álvarez.

Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.

El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales

La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.

Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.

La acusación fiscal y la estrategia de la defensa

El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.

El relato de Álvarez ante el tribunal

Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.

También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.

Dos lecturas que el tribunal deberá resolver

La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.

Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber

  • La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
  • El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
  • El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
  • Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
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